Transparencia de los salarios públicos

12 de enero de 2015 (01:11 CET)

Ya se ha constituido el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que tendrá como función primordial promover la transparencia en la actividad pública. El empeño de la "vicepresidenta para todo" Sáez de Santamaría dio como resultado la Ley de transparencia 19/2013, la puesta en marcha del portal web en diciembre pasado y, por último, el nombramiento de los integrantes del Consejo que velará por el cumplimiento de las obligaciones fijadas en la ley. La vicepresidenta lo definió como autónomo e independiente. Pero sus consejeros, algunos nombrados por los partidos políticos de entre los que corresponden a las instituciones: Cortes Generales, Tribunal de Cuentas, Gobierno, Defensor del Pueblo...., tendrán el mismo grado de autonomía que el resto de cargos públicos de libre designación: la que le permita el partido político que los designó. Es verdad que no tendrán a un portavoz parlamentario que levante la mano e indique el sentido del voto en cada caso, pero también lo es que, de antemano, se conocerá cual será la opinión de cada consejero. Así funcionan los organismos "autónomos e independientes" en España.

Ley, Consejo y portal de transparencia ya comienzan a operar. De los 500.000 datos que se hicieron públicos en su arranque hubo unos que, por razones obvias, llamaron especialmente la atención: los salarios. La indignación y la peor de las consideraciones que la sociedad tiene hacia la clase política (corrupción, tarjetas opacas, contabilidades "b", sobresueldos, escándalos en la banca, desvíos de fondos, "bonus" sin justificar, pagos de beneficios en empresas en pérdidas, nepotismo...) han llevado el punto de mira a lo que cobran los representantes públicos. Y se armó un lío formidable al establecer comparaciones entre conceptos salariales de diferentes escalas, organismos y administraciones: el presidente de la SEPI gana más que el presidente del Gobierno; la ministra de Fomento gana más que sus colegas de gabinete; el alcalde de Barcelona gana más que todos los demás alcaldes y más que los ministros; los presidentes de las empresas de la SEPI son los que más cobran; y un largo etcétera. Se han comparado salarios netos con otros en los que está incluida la antigüedad (funcionarios); unos que llevan incluidos complementos personales y de puesto de trabajo con otros que no los incluyen; salarios de posiciones que además acarrean los gastos de vivienda, comida, agua, luz, seguros y otros, con salarios que no incluyen nada de esto; o algunos que conllevan una parte exenta de tributaciones de IRPF con salarios por los que se tributa hasta el último euro.

Todo esto ha pasado --y lo continuará haciendo-- por una sencilla razón: estamos en un país en el que la política salarial ha sido totalmente opaca, en el que la "presión social" junto a los medios de comunicación y los tribunales de justicia fueron quienes obligaron a hacer más transparente el patrimonio y los salarios con los que un ciudadano entra en política o en un cargo público, y en qué situación sale de él.

A todo esto se añaden más factores. La "transparencia salarial" se está haciendo efectiva después de siete años de una profunda crisis económica, enfrentada (especialmente en la última legislatura) a base de recortes y devaluaciones salariales importantes a más del 70% de la población. La desigualdad en nuestro país creció considerablemente. Y la exclusión social, la pobreza infantil, la precariedad laboral y la emigración de los más jóvenes y mejor preparados. ¿Cómo no iba a resultar de interés conocer las retribuciones de los que gestionan los dineros de todos? Y, de paso, comprobar si los ajustes salariales que se han aplicado han sido proporcionales a la devaluación salarial de la media de los ciudadanos o no. Esto es, en qué medida ha sido ejemplar su comportamiento.

El escándalo, una vez más, es mayúsculo y explica con claridad la catadura moral de muchos cargos públicos y representantes políticos. Ahora que se conocen sus salarios manifiestan sentirse agraviados en comparación con sus homólogos de los países europeos más desarrollados, mientras que los salarios medios y mínimos de la mayoría de sus poblaciones están muy alejados. En un alarde de desprecio hacia los administrados, algunas propuestas escuchadas cerca del hemiciclo sugerían la necesidad de igualar "por arriba" sus salarios. "No es que sea preciso disminuir las retribuciones y complementos más altos, es que los sueldos de los diputados son muy austeros".

La vicepresidenta Sáez de Santamaría declaró no ser partidaria de modificar, en este momento, el esquema salarial de los altos cargos ni de los representantes políticos. Pero será preciso hacerlo. No es fácil ni inmediato, pero será imprescindible comprobar como se van dando pasos para mejorar el grado de transparencia, hacer más coherentes las escalas salariales dentro de las mismas administraciones, implantar criterios de equidad que eliminen los agravios comparativos y acompasar la evolución salarial de los representantes públicos con el incremento o decremento de todos los ciudadanos. Serán cambios necesarios, aunque no suficientes, para comenzar a recuperar el prestigio que algún día tuvieron. Y que dilapidaron.

José Picado Carballeira es consultor y profesor en la Escuela de Finanzas
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