Tranquilos, las instituciones funcionan

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CUADRANTE DE REFLEXIÓN

14 de mayo de 2015 (22:54 CET)

Cada vez que un político le enseña a un rival alguna fotografía o le increpa con un caso de corrupción de su partido, la respuesta es siempre la misma:

-Mire, esa es, precisamente, la prueba de que las instituciones funcionan. ¿No ve usted como le han cogido? No pasa nada. Solo es preciso que los tribunales, esta vez sí, actúen con rapidez.

El razonamiento que subyace a esto viene a ser algo así como que el Estado funciona correctamente y vivimos en un país serio y decente, aunque eso no impida que, de vez en cuando, fallen algunos de los mecanismos de control. Pero –suelen afirmar- cualquier desviación será corregida, no hay espacio para la impunidad, el que la hace la paga y todos somos iguales ante la Ley. Hasta el anterior Jefe del Estado tuvo que salir a la palestra en alguna ocasión para recordarnos este extremo a todos los españoles, o tal vez lo que estaba haciendo era un ejercicio de autoconvencimiento y reafirmación después de tantos años de jefatura sin estar sometido, prácticamente, a ningún tipo de control.

Tampoco lo hubo en la financiación de los partidos políticos; en la creación de miles de chiringuitos paralelos a la Administración; en el exceso de organismos burocráticos, su falta de racionalización y las duplicidades en sus competencias; en los múltiples casos de nepotismo: Tribunales de Cuentas, CNI, SEPI; en la connivencia entre buena parte de la clase política y las empresas adjudicatarias de construcción y servicios; en la fijación de sus políticas salariales; en el nombramiento de comisarios políticos que influían en los noticieros de las televisiones autonómicas, y hasta la estatal; en la desacreditación y vaciado de contenido de las funciones de los interventores y demás habilitados nacionales; en la inoperatividad del Banco de España y la CNMV; en la gestión de buena parte del sistema financiero; en la infradotación de medios a la Justicia, la inspección de Hacienda y la policía especializada en delitos fiscales.

Tampoco en el mantenimiento y correcta explicación del funcionamiento y utilidad de tantos Consejos Asesores, Consejo de Estado, de las Autonomías, Senado, Diputaciones. Ni en la excesiva producción de leyes por parte de los parlamentos nacional y autonómicos, muchas de ellas con articulados contradictorios que obligan al Constitucional a dedicar buena parte de sus esfuerzos en dirimir cual se ajusta a la Carta Magna.

Pero vamos, no pasa nada. Fallan los controles, pero alguna institución lo solucionará. Tarde o temprano, aunque sea con años de retraso. Y asunto resuelto. Ahora toca campaña electoral, hacer alguna foto en un mercado de abastos, o cantando, o con un niño en brazos, o en la tómbola de las decenas de promesas que ayudarán a capturar el voto de los más incautos.

Pero aquí es donde falla el argumento, eso espero. La crisis económica tuvo su origen en la pérdida de confianza dentro del sistema financiero originada por el bluf de las subprime. ¡Qué lejos queda eso! Varios años más tarde, la incompetencia y el descrédito político español, unido a la indignación por la corrupción, hace que la falta de confianza –esta vez en la clase política- fuerce un cambio en las reglas de juego. En la nueva etapa, con una democracia ya regenerada, la gestión de la cosa pública deberá ser transparente. Se reclamarán nuevos espacios de participación, el cumplimiento de la ley y la limpieza en el conjunto de los representantes.

Fueron los ciudadanos, ejemplares y enfadados, los que acudieron a la policía y los juzgados a denunciar toda clase de corrupciones, corruptelas, tejemanejes y tocomochos. Esa será una de las claves. En este nuevo tiempo será la sociedad, las personas con nombres y apellidos, las que van a controlar a los controladores, exigiendo la mejor gestión de los recursos de todos. Los representantes que salgan de las urnas, seguramente, estarán aprendiendo la lección e interiorizando el papel que se espera de ellos. Si les ayuda, pueden repetir ante las cámaras, una y otra vez, que el Estado es de los españoles, que las Instituciones deben funcionar y que la Ley es igual para todos. Como hizo el anterior Jefe del Estado.

José Picado Carballeira es consultor y profesor en la Escuela de Finanzas
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