Recortes que matan

19 de diciembre de 2012 (21:41 CET)

Con la muerte de la percebeira en Oia asistimos a la enésima muestra de que las medidas bajo la denominación común de recortes están causando más de una desgracia. De hecho, ésta no es la primera ni va a ser la última. Los cuatro suicidios que ya llevamos por desahucios, los tratamientos médicos que no se llevan a cabo por el copago o el desmantelamiento de la asistencia a la discapacidad son algunas de las políticas que lo único que nos están dando son disgustos, como el de Oia, porque lo que es la reducción del paro o la rebaja de la deuda pública brillan por su ausencia y siguen empeorando.

Cerca de Trujillo (Cáceres) otro señor murió de infarto porque suprimieron el centro de atención primaria de su pueblo, en el cual se había salvado de su primer ataque al corazón. En nuestro caso, el helicóptero tardó demasiado, precisamente cuando hace poco se denunciaba la privatización del servicio, concedido a precio de saldo y cuya repercusión comprobamos ahora. ¿Qué les pasará a los madrileños con la torticera privatización de la sanidad, a los catalanes con el cierre de quirófanos y plantas enteras o a los gallegos teniendo que pagar los tratamientos que antes cubría la Seguridad Social? Apañados vamos.
 
Aún en el supuesto de que esas medidas se hagan con la mejor intención y por el interés general, al ver estos resultados se deberían de parar, desestimar o, cuando menos, rectificar. Sin embargo, y para mayor calamidad, el gobierno se empecina, parapeta y talibaniza: pase lo que pase, ya sean muertos sobre la mesa, o colectivos y sectores enteros enfrentados (sanidad, educación, judicatura, administración, investigación, sector primario, sindicatos, etc.) o toda la oposición en contra (que suma más votos y representa a más españoles). Lo cual resulta a todas luces antisocial, antidemocrático, vil e imperdonable.
 
Aunque no estén legalmente tipificados, sin embargo social y humanamente se tratan de auténticos delitos y atentados contra el bienestar común y, en definitiva, contra la integridad y vida de los ciudadanos. Y si no que se lo pregunten a los afectados y entornos de la percebeira, de los desahuciados, de los discapacitados, de los enfermos con tratamientos y enfermedades crónicas, de los emigrantes e inmigrantes, de los parados, de los pensionistas, etc.; es decir, a prácticamente cualquier ciudadano de este país que llame a las cosas por su nombre.
 
El gobierno puede justificarlo como quiera, echar la culpa a otros, hacerse el ciego u oídos sordos, llamarlo daños colaterales o indirectos, pero la realidad es que sus recortes están causando en gran medida estas desgracias. Aunque poco puede argumentar en su defensa cuando destina a Bankia más del doble del presupuesto que a Sanidad y a Educación juntas, es decir, cuando antepone el llamado rescate bancario a la cultura, la investigación, las discapacidades, los colegios, las universidades, los hospitales, los centros de salud, etc. ¿Hacen falta más pruebas o cuántas muertes evitables más tienen que producirse para que se den cuenta y rectifiquen?
 
Ya nos lo habían advertido los griegos y no creíamos que eso podía llegar a producirse en nuestro país (ya sólo nos falta algún bonzo). Pero, como suele decirse, la realidad supera a la ficción y este gobierno de Rajoy, con sus ministros Wert, Gallardón, Mato, De Guindos, Báñez o Montoro, está llevando la desesperación a la sociedad española, en cantidades y formas desproporcionadas y fuera de lugar; ayudado por sus delegados en las Comunidades Autónomas, como Feijoó (muy preocupado por la cuestión lingüística), Cospedal, Fabra, etc.
 
Para llorar, y no lo digo sólo por las víctimas. ¿O para el Tribunal de Justicia Internacional de La Haya?
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