Quiebras, dogmas y gobiernos

11 de marzo de 2013 (13:45 CET)

Basta con enchufar de vez en cuando la CNN, ese auténtico portavoz del stablishment dominante en el planeta (con el permiso de los chinos), para enterarnos de que el neoliberalismo continúa a ser el dogma incuestionable. La liberalización del mercado se mantiene en el recetario de periodistas y 'expertos' en reportajes y entrevistas en los que el maniqueísmo representa el criterio de comunicación principal.

El neoliberalismo parte de una premisa sin la cual su cuerpo argumental sufre notablemente: el mercado ajusta de por sí los desequilibrios económicos. Es más una creencia (un dogma) que una evidencia científica. Y de hecho la realidad insiste en demostrarnos lo contrario, que los fallos del mercado son demasiado frecuentes y sus repercusiones demasiado graves como para no tenerlos en consideración.

Este concepto de los fallos del mercado resulta clave pues en él se sustentan las alegaciones a favor de una mayor o menor intervención de los gobiernos en la economía. Y así, a pesar de los fallos del mercado se han manifestado en toda su crudeza en la crisis actual, las políticas que se aplican como solución minusvaloran sistemáticamente la intervención pública.

Ilustremos con un ejemplo los postulados anteriores: hace un par de semanas, la empresa Pescanova presentó un sorpresivo concurso de acreedores. Ninguna alerta se había encendido hasta el momento y la acción, tras subir con fuerza durante los meses anteriores, seguía recibiendo consejos de compra por los analistas. La Bolsa representa el imperio del mercado libre y he ahí lo que sucede.

¿Han de jugar algún papel los gobiernos en este tipo de situaciones? Desde el dogma dominante, la respuesta parece obvia. Estamos ante un caso personal donde la Administración nada tiene que hacer. Y sin embargo, el dueño de un edificio no puede incendiarlo por más que sea su único propietario. Una empresa es, ante todo, un ente de interés público, que se desarrolla en una comunidad y cuyas acciones repercuten directamente sobre múltiples colectivos: personal, provedores, distribuidores y ciudadanos en general, además de accionistas y de la propia administración.

Yo diría que los gobiernos tienen el deber de prever situaciones de riesgo de las empresas, que deben poner en marcha mecanismos de seguimiento y alerta para prever situaciones como la de Pescanova y las de tantas otras empresas antes. Posiblemente, ni siquiera sea demasiado complicado a partir de variables incluso públicas cuyo análisis permite identificar el grado de riesgo inherente a las estrategias implantadas.

Sabemos que el beneficio se puede conseguir por tres vías básicas: el acierto en la gestión (margen de explotación), el crecimiento de la deuda (variables de apalancamiento) o la mayor asunción de riesgos (calidad de los activos). Los tres motivos tienen su reflejo en las cuentas empresariales. El propio ratio llamado “distancia a la quiebra”, que relaciona la deuda con el beneficio de explotación, indica la evolución de los estados financieros y el nivel de amenaza que pesa sobre la viabilidad de una compañía. Si tales análisis se realizaran por unidades públicas y especializadas, se evitarían situaciones perniciosas como la de Pescanova. Y también posiblemente crisis como esta en la que llevamos instalados ya va para un lustro.
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