Pobre del sector eólico sin primas

08 de noviembre de 2012 (22:24 CET)

Han sido unas discrepancias cordiales las que llevan a la Xunta en funciones de Núñez Feijóo a plantear su primer recurso de inconstitucionalidad contra el Gobierno de Rajoy. El motivo, el fin “temporal” de las primas a la energía eólica, decretado por el Ministerio de Industria. Más allá del gesto, que tiene un significado político de cierto calado, la maniobra del Gobierno gallego se produce cuando se van apagando como una vela todas las expectativas puestas en el negocio del viento en Galicia. Y en ello han tenido mucho que ver las decisiones de las administraciones, de uno y otro color, pero también las judiciales, que las ha habido y muchas, y en gran medida, las de las propias empresas, que ya prácticamente no se creen nada.

Y es que nada menos que unos 2.500 megavatios son los que están en juego actualmente en Galicia, a expensas de donde sople el viento: que si decisiones políticas sobre el marco regulador, que si acciones judiciales para recuperar el lucro cesante de las adjudicaciones del bipartito tras tumbar este mismo verano el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia la anulación del concurso llevada a cabo por Feijóo cuando llegó a San Caetano. Sorpresas veremos en breve sobre este asunto.

Cualquiera podría pensar que Feijóo, con su decisión de presentar un recurso de inconstitucionalidad, se echa al monte en el momento de mayor desafección de la ciudadanía contra el Gobierno central, lo que resulta evidente, justo semanas después de vencer con rotundidad en unas elecciones. Pero más allá de la invasión de competencias, principal argumento de la Xunta para acudir al Constitucional, y de esas discrepancias cordiales, con un recurso de estas características lo que pierde el sector es tiempo, a expensas de que el alto tribunal dilate años una sentencia, y lo que gana el Gobierno gallego es poder de negociación ante un ministro, José Manuel Soria, que no hace otra cosa que pisar callos cuando se adentra en territorio eléctrico, enarbolando la bandera del fin de un déficit de tarifa que genera tantos desajustes como incredulidad.

Tanto el presidente de la Xunta como su conselleiro de Industria, Javier Guerra, saben a estas alturas mejor que nadie que un sector eólico sin primas, es decir, sin subvenciones, no es nada. Le sucedió al bipartito con los amagos de Rodríguez Zapatero, cuando creó un registro de preasignaciones para que las autorizaciones de los parques pasaran por el filtro de Madrid, que es quien paga las primas, y frenar así lo que se convirtió en una particular burbuja especulativa: la energía primada.

Ahora, al margen de las sorpresas que pueda deparar el recorrido jurídico de los concursos eólicos gallegos, tanto el del bipartito como el que resolvió la Xunta en 2010, conviene despejar más que nunca el horizonte, porque es mucho lo que hay en juego en el negocio del viento. Y demasiadas, quizá, las expectativas de beneficios que generaron las primas: una inversión para muchas empresas ajenas al sector que vieron en el eólico un negocio con mucha más rentabilidad que cualquier producto financiero.
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