Nueva legislación medioambiental, misma inseguridad jurídica

04 de diciembre de 2014 (22:18 CET)

Asistimos estos días a la aprobación por parte del Congreso de la reforma de la Ley de Parques Nacionales y, tras años de retraso, los gobiernos autonómicos apuran los planes de gestión de Red Natura 2000 para cumplir con las directivas de la UE. Pero, ¿está cambiando algo? Desde mi punto de vista, como abogada especializada en la materia, puedo decir que no. No aprecio ventaja alguna ni cambio sustancial. Siguen siendo normas ambiguas, que generan inseguridad jurídica, que no cumplen con la obligación de incluir compensaciones y que obligan a los afectados a entablar largos y costosos procedimientos.

España es el país de la Unión Europea que más espacios protegidos posee. Son muchos los ciudadanos que, ante la declaración de un territorio como espacio natural se deshacen en alabanzas. Pero la realidad es que, cuando empiezan a conocer lo que tales declaraciones suponen para ese territorio, para sus habitantes, para los propietarios y empresas que lo sufren, la mayoría responden con incredulidad: "Supongo que todo eso se compensará, porque me estás hablando de una expropiación de bienes y derechos"; los más perspicaces preguntan: "¿Cuál es el verdadero interés? ¿Se reparten subvenciones con todo esto?".

La protección legal de un territorio afecta gravemente a los derechos de propiedad y posesión previamente consolidados por los afectados. Ejemplos ilustrativos de esto los tenemos abundantes, desde el caso de aquellos instrumentos que impiden el paso en vehículo por determinados territorios, hasta aquellos que imponen a los ayuntamientos la obligación de emitir una acreditación, a modo de "carnet de dueño". Nos hemos encontrado, por ejemplo, con la curiosa situación de que un hijo que visita la casa de su padre no puede entrar en las fincas propiedad de este sin permiso de la Administración.

Las Directivas de la UE no imponen unas obligaciones o condiciones de conservación de semejante rigor. Es más, exigen compensaciones individuales por las limitaciones a los derechos cercenados, así como la consiguiente previsión presupuestaria para aprobar la norma. No obstante, ponen en manos de determinadas Administraciones instrumentos y facultades que les facilitan este tipo de intervencionismo "ultraproteccionista".

Son varias las sentencias del Tribunal Supremo en favor de los demandantes. En representación de los afectados por el Decreto regulador del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural del Narcea, Degañas e Ibias obtuvimos su nulidad total por falta de presupuesto económico, de audiencia y participación de los afectados y por falta de zonificación que garantizase la seguridad jurídica. En el caso del PRUG del Parque Nacional de Picos de Europa se declaró la nulidad por carecer de memoria económica.

Ante esta situación, me pregunto si no es posible otra política de conservación, basada en el estudio riguroso y fiable de las necesidades, en contar con los ciudadanos y sus intereses, en gobernar para ellos y no en contra y en poner como prioridad el desarrollo social y económico.

Los poderes públicos deberían ser aliados, pero la realidad es que siguen las pautas de determinados colectivos ecologistas, donde se cuela mucho oportunista para captar subvenciones sin tener que justificar su contribución al desarrollo. Al ciudadano lo consideran un elemento contaminante y es rechazado. Rechazan la interacción humana cuando el hombre ha formado parte de la naturaleza desde el principio de los tiempos. Al hombre no se le protege en estas leyes.
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