Medios públicos, necesidad de un nuevo modelo

30 de noviembre de 2013 (13:44 CET)

Pasadas las 12.00 horas del 29 de noviembre, el gobierno valenciano consumó el cierre de Canal Nou, la televisión autonómica. El primer canal de titularidad pública que cierra en España y la segunda en Europa. Y ese hecho es siempre una mala noticia para la sociedad a la que se dirige, ya que se pierde pluralidad y también puestos de trabajo en un país con una tasa de paro del 25%. En este caso, se van a la calle 1.800 profesionales.

Pero esta mala noticia será peor aún si no se extraen las causas y consecuencias que llevaron al Gobierno, presidido por el popular Alberto Fabra, a prescindir de un canal que los sucesivos presidentes controlaron a su antojo en los casi 25 años de vida. Las resistencias épicas de los trabajadores, tratando de impedir que se apagara tanto la radio como la televisión, no servirán de nada, porque existe un riesgo elevado de que esta decisión se imite en otras comunidades. Madrid parece ser la siguiente y la sensación es que nadie llorará por los medios cerrados a la vuelta de un mes.

Las causas que generaron el cierre de la RTVV son diversas y conocidas; unas de carácter endógeno y otras exógenas. La manipulación informativa, la pésima gestión económica —con una deuda que rondó los 1.200 millones y una plantilla que superó los 1.800 trabajadores— o la caída pronunciada de la audiencia, que pasó del 20% al 3% en pocos años, son algunas de las consecuencias internas del cierre de Canal Nou.

Habría que añadir la corrupción de la dirección, pero también de buena parte de sus trabajadores que aceptaron sin más, a cambio de pluses o cargos, perpetrar la vulneración de la ley de creación del ente público, que establece la vocación de servicio público. Es cierto que la manipulación informativa se debe al control férreo ejercido por los gobiernos de la Generalitat, pero necesitaron cómplices dentro para llevar a cabo algunas fechorías de las que ahora se lamentan. Son llantos de plañideras que solo se emiten cuando ya saben que serán tratadas igual que los demás condenados.

No solo es culpa de la crisis

Entre las causas externas, el cierre de la RTVV se debe también en buena parte a la crisis económica y la pésima gestión de los gobiernos de la Generalitat, en manos del PP desde el año 1995. Y a la caída de la publicidad, que hace inviable la subvención de los canales autonómicos. En el último lustro, según los datos de Infoadex, la inversión publicitaria en televisión pasó de 3.028 millones de euros de 2008 a 1.815 millones en 2012, un 40% menos. En las autonómicas, el hundimiento fue más salvaje, al pasar de 319 millones a 126 millones, el 60,5%.

En 2013, las perspectivas son igual de malas. Con el agravante de que dos cadenas de televisión —Mediaset y Atresmedia— aglutinan el 90,5% de la inversión global en televisión, aunque tan solo representan el 58,6% de la audiencia total. Las autonómicas representaron el 6,9% de la inversión en 2012. A esta situación hay que añadir la fragmentación de las audiencias por la implantación de las TDT’s.

Esta situación es la que provocó el fracaso del plan del anunciado por el PP, nada más llegar al Gobierno en 2012, para privatizar las televisiones autonómicas. La inversión en un canal de ámbito nacional no es rentable para los dos principales operadores y mucho menos para un nuevo jugador que quiera competir en ese mercado. Sobre todo, si tiene que asumir parte —ya no digo en su integridad— de las actuales plantillas de los entes autonómicos.

Cambio de modelo

Sin embargo, la quiebra de las televisiones autonómicas no se arreglará cuando pase la recesión económica (seamos optimistas y pensemos que se acabará algún día), aumente la inversión publicitaria y los gobiernos manipulen un poquito menos. La crisis se debe fundamentalmente a un cambio del contexto social y de las prioridades de los ciudadanos. El concepto de “servicio público” y “esencial” ya no es el mismo ahora que en la década de los años 80, cuando se crearon los entes autonómicos.

La crisis económica actuó de detonante y acelerador, pero el modelo de medios públicos está acabado. Los ciudadanos ya no necesitan la televisión y la radio publicas para informarse. Internet, que genera mucho ruido informativo, también democratizó la información, tanto en la emisión como en la recepción. El acceso a las redes sociales, tanto en ordenadores como en dispositivos móviles crece exponencialmente y la televisión está siendo relegada a la función de electrodoméstico de entrenamiento.

Se puede apelar a la función social para la promoción de la cultura y el idioma de las comunidades con lenguas propias. Es cierto, pero también uno se puede preguntar si Tómbola, el fútbol o la Fórmula 1 tienen algo que ver con esa vocación de servicio público. O que sea esencial conocer hasta la actividad más nimia del gobierno de turno. Un exceso que no se compensa dando cancha a la oposición, para que no proteste. Porque la función social de informar es ponerse al servicio de la audiencia y no de los partidos políticos, empresas y agentes sociales. En una hipótesis generosa.

Adaptarse a la nueva realidad


Los medios públicos deben adaptarse a la nueva realidad social y todas las partes implicadas en su funcionamiento deben cambiar el modelo de gestión implantado hace más de 20 años. Los políticos, deben entender que los medios públicos son instrumentos al servicio de la sociedad, que la pluralidad no pasa por derivar el nombramiento de los directivos del Gobierno al Parlamento, ya que habitualmente deriva en componendas para colocar a ejecutivos afines y no profesionales solventes e independientes. Basta recordar el reciente acuerdo para renovar el CGPJ.

Los directivos de los medios públicos deben poner más atención en la vocación de servicio a la audiencia y no en satisfacer las ansiedades de control del poder político —ya sea el gobierno o el Parlamento—; de pelearse por recuperar el prestigio y la credibilidad como medio de comunicación; y abandonar la torpe idea de que una buena audiencia justifica algunos programas que dilapidan la credibilidad del conjunto de la cadena. Para no herir muchas sensibilidades, pongamos el caso de Tómbola.

Pero también los trabajadores de los medios públicos deben asumir que los buenos tiempos han pasado y que la seguridad en el empleo es una quimera por la que es loable luchar pero no es factible en el corto y medio plazo. Algunas de sus reivindicaciones laborales deben mantenerse pero otras deben ser revisadas, ya que es injustificable consolidar las plantillas actuales, con categorías profesionales superadas. Algunas funciones se pueden externalizar sin menoscabo del servicio público.

Los trabajadores tienen, asimismo, el cometido de ser los primeros interesados en vigilar que se presta el servicio conforme a lo establecido en el espíritu de la ley. Es la manera de evitar que casos como el de Canal Nou se vuelvan a repetir. Algunos colaboraron en el desprestigio de la cadena pero tampoco se salvaron de la quema.

El discurso de Alberto Fabra, alegando que prefiere cerrar la televisión antes que hospitales, es de una demagogia impropia de un político serio. Pero es un razonamiento que invita a que los ciudadanos se pregunten si es necesario mantener estos medios de comunicación tal y como los conocemos hasta ahora.
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