Los procesos concursales

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05 de mayo de 2011 (14:03 CET)

La ley concursal fue aprobada en 2003 con el fin de adaptarla a las nuevas exigencias del momento, por lo tanto con un entorno de crecimiento económico y poco conflicto. De la misma manera la justicia española ha ido adaptando los llamados aranceles (las tarifas) al euro, lo que implica que cuando se dice que una indemnización, es de 80.000 € se considera, en este contexto, barata.

Es evidente que la situación ha cambiado, ya no estamos un entorno de crecimiento económico, al contrario, estamos en una situación de incertidumbre y alta conflictividad empresarial por la desaparición del crédito bancario. Esto hace poco útil el concurso, el instrumento que debería utilizar el empresario para reordenar el pasivo de su sociedad, para así continuar con su actividad y de rebote conservar los puestos de trabajo.

En efecto, los costes de un concurso son altos, especialmente para una pyme y la normativa no permite que todas las deudas tengan un tratamiento adecuado. Los llamados créditos privilegiados (bancos con garantía hipotecaria, trabajadores, administraciones públicas) juegan un partido distinto al que juegan proveedores y otros acreedores. Esto hace que el concurso sólo tenga un planteamiento: el de la buena voluntad de las partes, porque es mejor algo que nada. Es mejor un acuerdo que permita continuar que el cierre, ello en los casos (pocos) donde se hace este planteamiento. En la mayoría, el empresario ya ha tirado la toalla y su único objetivo es quitarse un problema de encima.

Esto explica en parte el bajo índice de empresas que utilizan el concurso para continuar, en la mayoría, un 95%, el procedimiento sirve cerrar.

Claro, la tendencia garantista impulsada por los bancos antes de la crisis generó la misma reacción en los demás actores de la vida económica. Esto conlleva que a menudo el procedimiento sólo sirva para hacer un cierre ordenado.

Hay que cambiar la ley, seguramente, pero antes se pueden hacer cosas que permitan mejorar el actual procedimiento. Las primeras, rebajar los costes de los administradores y por tanto con los aranceles impuestos, también los honorarios de referencia de los colegios profesionales de abogados, con la revisión de los costes a aplicar a las sanciones ya las sentencias. Todo ello con una nueva visión, adaptada a la crisis que vivimos, puede mejorar un poco la ratio de cierres empresariales, porque lo que queremos es que no hayan tantos parados, ¿no?
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