Las pensiones y la política social

09 de junio de 2013 (22:54 CET)

Las pensiones son el signo más definido de la política social del Estado del bienestar en la modernidad, y constituyen objeto de atención y significado para la sociedad, para el Estado y para el individuo.

En ese sentido, entre los principios rectores de la política social y económica, señala nuestra Constitución en el artículo 41 que, “los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres”.

A mayor abundamiento, el artículo 50 afirma que “los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”.

Pese a la crisis económica, y a causa de la misma, se han registrado actuaciones que cuestionan la viabilidad del sistema imperante, por lo que nuestros políticos plantean que es necesario adecuar respuestas, que estaban encaminadas en el texto constitucional, que ha sido continuado por los pactos de Toledo y, posteriormente, por el factor de sostenibilidad en la Ley 27/2011 de 1 de agosto y, siguiendo la misma lógica, el 12 de abril de este año, el gobierno aprueba la composición de un grupo de expertos para elaborar un informe que dé respuestas a las cuestiones que plantea este importante e inquietante asunto.

La delimitación de los perceptores, el desempleo, la revaloración anual de las pensiones, el coste de la vida, el IPC, la esperanza de vida, la edad legal de las jubilaciones, la proporcionalidad frente a progresividad, la contribución y las prestaciones, las pensiones contributivas y las no contributivas... todo ello aparece como marco de referencia y de pertenencia, que debe ser resuelto o encauzado en un acuerdo básico.

Con independencia de los 43 folios, de la unanimidad-desacuerdo y votos particulares sobre temas, hay interrogantes que siembran no solo dudas, sino preocupaciones, que empiezan por lo que se dio en llamar comité de sabios o expertos, –como aquéllos de RTVE de Zapatero, que daban risa por su farsa, miedo por sus limitaciones, temor por sus medidas, pánico por sus desconocimientos y, de allí, salió lo que posteriormente se plasmó: un ERE asumido por las partes y los sindicatos-.

El comité de expertos o sabios para las pensiones no queda atrás del ya recordado para RTVE

Al contrario, hay lagunas oceánicas, que hacen zozobrar cualquier idea de travesía a puerto desde el principio: sabiendo que estamos con análisis de poblaciones, no hay ningún representante en estadística ni en demografía (matemáticos y geógrafos), no hay nadie de geriatría (por aquello de válidos y no validos), no hay nadie de econometría, no hay nadie del INE, ningún inspector de trabajo ni de Seguridad e higiene en el trabajo, no hay ningún ingeniero, no hay nadie de las comunidades autónomas, ya que gestionan pensiones no contributivas y con legislaciones propias, como el RISGA en Galicia…

Una sola mujer con once hombres. Solo aparecen un profesor de sociología, economistas, juristas y un periodista conjugando el sapere y el tradere.

A todo ello se añade que, de los doce, ocho están relacionados con banca, aseguradoras o fundaciones, es decir, que ya tienen guía.

Otra cosa es el credere, que es imposible tragar para la ciudadanía, que ve que tales expertos o sabios ni son expertos, ni son sabios, ni son creíbles pese al formato y al epígrafe. Se trata de mercenarios ideológicos. Por todo ello es necesario que se cuestione su quehacer en España y, además, que Europa evalúe tal composición e identidad.

Dejando al margen el efecto halo en la presentación de los miembros de tal comité de expertos (extensión de una cualidad o un defecto al resto), que cobran por ello, y que el diseño y el marketing nos los presenten como idóneos, la verdad no es esa.

Por ello, al estar ante una verdad por convicción o acuerdo, es preciso recordar que estamos ante la combinación de dos cosas: el sistema y la organización, donde aparece la ideología y el conocer técnico aplicado.

Como conclusión, hay que cuestionar el cómo se rebaja el gasto público, quién va a ser objeto directo de los recortes y reajustes, pero, sobre todo, perfilar qué modelo de bienestar social queremos para el futuro, que es tan presente.

Pero lo que no es de recibo y donde se descalifica completamente por sí sola la comisión, es por el hecho de recomendar que la marcha de las pensiones queda en función de la evolución de la economía; es decir, una tomadura de pelo a la ciudadanía, una burla a la Administración y un descaro si cobran un céntimo por el trabajo encargado.


Vicente González Radío es catedrático de universidad en la UDC
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