Las medias verdades del 'tax lease'

10 de julio de 2013 (19:00 CET)

En todo este lío del tax lease conviene dejar a un lado las medias verdades de una vez. Primero, se trata de un modelo de financiación para la construcción de buques del que durante toda una década los astilleros de comunidades como Galicia, Asturias y País Vasco se beneficiaron indirectamente, al hacerlo también otros actores que intervenían en un esquema a varias bandas cuya devolución exige ahora en parte Bruselas. Ese mismo sistema también hizo ganar mucho dinero a los bancos. No hay que olvidarlo. Y los astilleros, conviene a la vez recordarlo, fueron el último eslabón de la cadena de las eventuales devoluciones de unas bonificaciones fiscales que beneficiaron a grandes fortunas y patrimonios.

Competencia, con el demonizado Joaquín Almunia al frente, no pide la devolución de ayuda alguna (otra cosa es que lo tipifique como ayudas de estado), sino de las desgravaciones y bonificaciones fiscales que gozaron quienes invirtieron en este tipo de negocio, dejando a un lado el protagonismo de astilleros y concediéndoselo a armadores (navieros) y grandes fortunas (inversores). Por implicaciones, las hubo hasta de los sucesivos gobiernos en Madrid, cuyos responsables tributarios vieron con buenos ojos e incluso alentaron este tipo de bonificaciones con el fin de reactivar el durante años maltrecho sector naval.

Pero es el momento del ruido. Ahora, con los trabajadores de los astilleros en la calle, con más de media clase política arremetiendo contra Almunia y la decisión de devolución de Bruselas, que ya comienza a matizarse, y hasta con advertencias del propio Mariano Rajoy, convendría preguntarse si el de la devolución del tax lease es un problema que afecta a ese último eslabón de la cadena o al propio Estado español, ya que este sistema de bonificaciones fue aprobado, operación por operación de forma individualizada, por la Dirección General de Tributos.

La arquitectura fiscal de las agrupaciones de interés económico establecía mecanismos de blindaje ante reclamaciones y frente a terceros para los grandes patrimonios que invertían en dichos activos. Ese era uno de los atractivos del sistema de bonificaciones. Y, ahora, es la gran amenaza para los más débiles, para los astilleros.

Por tanto, cabe preguntarse si son los astilleros quienes más se beneficiaron de este esquema de bonificaciones o fueron los grandes inversores con el fin de pagar menos a Hacienda. Ese es el meollo de un lío envuelto en cortinas de algaradas que no dejan ver del todo las responsabilidades últimas de este asunto. Para empezar por orden, las del propio Estado español
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