La Xunta y la evaluación de los funcionarios

25 de junio de 2014 (12:13 CET)

¡Ya está el lío armado! ¡Otra vez! Y ya van unas cuantas. Me refiero a que de nuevo los responsables de la Xunta de Galicia han sacado del cajón el proyecto de implementar un sistema de "evaluación del desempeño" para medir el rendimiento de los aproximadamente 100.000 funcionarios sobre los que tiene competencias. Un sistema que sirve, según tratan de explicar, para "mejorar la gestión" y que tendrá la finalidad de "ligar parte de las retribuciones complementarias a la progresión alcanzada por el personal". A ver, dicho en claro, como se dice en las empresas donde esto ya está implantado desde hace tiempo, se trata de un sistema para pagar la parte variable de la retribución en función del rendimiento alcanzado. La productividad. Sin eufemismos.

En las empresas se miden los resultados de las gestiones de cada empleado, su productividad, su nivel de absentismo, su desarrollo profesional, en definitiva, el cumplimiento de los objetivos que tiene asignados. Estos resultados se trasladan a sus cuadros de objetivos y, en función de su consecución, se traducen en el complemento retributivo correspondiente.

El asunto es sencillo por muy compleja que pueda resultar la metodología empleada. El problema de su aplicación al colectivo de funcionarios (también sucede en las empresas) estriba en la figura del evaluador y en el grado de objetividad que pueda garantizarse en el sistema. La mayoría de los intentos realizados fracasaron precisamente aquí. ¿Qué sucede si a un funcionario le tiene que evaluar un jefe que no lo es? Digamos un cargo de libre designación, un político de los que no salió elegido y su partido lo "coloca" en una Administración cualquiera. O un directivo de un "chiringuito parapúblico" que tiene asignados funcionarios. O incluso un funcionario de carrera que temporalmente ocupa un puesto en un Servicio del que desconoce su funcionamiento y que únicamente estará el tiempo necesario para hacer méritos que le permitan acceder a otro superior. Y así un buen número de casos en los que pueda concurrir el desconocimiento, la subjetividad e incluso la "opinión política" a la hora de realizar las evaluaciones de un subordinado.

En éstas están. También en las modificaciones legales que permitirán la movilidad forzosa, la devolución de retribuciones que fueron recortadas y discusiones sobre otros derechos adquiridos. Pero, a mi juicio, es su obligación llegar al entendimiento que permita implantar un sistema que "prime" el rendimiento, que elimine el café para todos y no perpetúe la ineficiencia de la Administración.

España continúa teniendo unas empresas de las menos productivas de Europa, lo que es un serio problema a solucionar. Y también continúa teniendo una Administración General sobredimensionada, duplicada e ineficiente, cuando ahora más que nunca necesita transformarla en una Administración racional, eficaz, austera, ocupada por funcionarios que "se desempeñen" alcanzando una alta productividad por la que cobrarán una parte de su salario. Es una asignatura pendiente desde hace ya demasiado tiempo.

José Picado Carballeira es consultor y profesor en la Escuela de Finanzas
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