La 'reformita' de la Administración

01 de julio de 2013 (11:31 CET)

La Administración, desde sus entes y desde sus órganos, está regida por un personal determinado y definido, donde el artículo 103 de la Constitución de 1978 consolida una legalidad, una legitimación, una capacidad y una racionalidad operativa de la configuración de unas personas jurídicas de acuerdo al ámbito y marco, con sus estructuras y funciones.

La Administración tiene una larga historia y, al mismo tiempo, tiene referencias en todos los Estados, por lo que podemos contrastar modos, formas y modelos que nos sirven para proyectar y reflejar el qué y el cómo es su actuación y finalidad, que según el citado artículo 103 de la Carta Magna, en su apartado 1, debe ser “servir con objetividad los intereses generales”. Ahora bien, desde el franquismo a la actualidad, hubo toda una evolución debido a la democracia, a la organización del Estado. Por todo ello, era urgente una revisión y una adaptación a los nuevos tiempos y circunstancias.

El Gobierno ha ultimado y anunciado la reforma de la Administración que, a todas miradas, parece pertinente y necesaria, después de la hipertrofia de personal debida, fundamentalmente, al desarrollo de las autonomías territoriales, personales e institucionales y, además, a la metástasis de organismos y mecanismos o aparatos administrativos, cuya proliferación es contagiosa, desarrollándose talleres, laboratorios, institutos, centros, observatorios, consorcios…hasta chiringuitos y jefaturas varias y con nombres variados, pasando de la generalidad y del generalismo a la especialidad y la especialización. Hubo, una idea de reparto y botín permanente, donde todo el mundo pretendía situarse en el sector servicios y colocarse en el “trabajo fijo”, donde había posibilidad de hacer “carrera”.

Cuando observamos la distribución y reparto de la población activa entre los sectores económicos (primario, secundario y terciario), se observa un incremento desproporcionado en este último y, en concreto, en el servicio a la Administración, que, entendiéndolo como empleo público, refleja algo más que lugares de trabajo, para adentrarnos en un sistema y en un modelo, que trata de ser entendido en ratios comparativos con el resto de Europa, para concluir que estamos en la media. Pero, ¿cómo es el coste, el gasto, la inversión y el sostenimiento?

El Estado y los Miniestados de las Autonomías se sienten afectados por los “ajustes” y “recortes”, dentro de la lógica existente en la relación Europa-España del no crecimiento y por la austeridad,  por lo cual la reforma se presenta dentro de una gestión de crisis y, en ese sentido, se trata de no generar conflictos, de no levantar suspicacias, de no afectar a los derechos adquiridos y, en todo caso, remediar o paliar con jubilaciones anticipadas, acuerdos con actores sociales y otras eventualidades, pero sin abrir empleo público, porque se entiende que está repleta la organización, lo cual es inmoral, injusto e impreciso.

La reforma, que se presenta como normal en el escenario coyuntural de crisis, simboliza un paréntesis que está a punto de cerrarse y que pronto volverá a la normalidad. Tal es así, que así es percibido. Ya no se trata de estudias o trabajas, de si eres fijo o eventual, contratado o funcionario. Tanto internamente, en las instituciones políticas, como externamente en la sociedad, la cultura de la organización estaba funcionando como una burbuja más, con un coste que iba al capítulo uno, que era grandísimo y no siempre entendible, aunque todo se justificase y explicase en parámetros comparativos, ya que la uniformización del mundo empieza y se generaliza por el lenguaje.

Además, como elemento de nuestro tiempo, sobresale el culto al número y, sobre él, se organizó el pensamiento doctrinario, que más que ideológico ha sido partidario, el territorio y las organizaciones que se ajustan y ejemplifican sus actividades: son los escenarios en donde actúan los actores que prestan servicios para los ciudadanos; son los mediadores que mediatizan. En definitiva, consolidan la gobernanza (del inglés, buen gobierno), que ha sido presentada como la realización de políticas públicas y de intercambio, pero con el marchamo de la productividad y la competencia, y presentada como la “eficacia” y la “eficiencia”. Por ello, resultan de gran interés los debates, foros y otras construcciones –generalmente de los mismos que viven de ello- presentándonos la reforma reformada o adecuada, que no es otra cosa que una reformita, que es de esperar que en Europa la sepan comprender.

En esas coordenadas entran en juego el ordenador, la estadística y la cibernética y nos encontramos con los mercaderes de datos, que se presentan como servicio público. Por todo ello, la Administración es como un monstruo con múltiples frentes, donde se encierran ideales con modelos y culturas organizativas, pero al lado están los intereses, unos confesables y otros no confesables. Pero, en todo caso, la Administración no es patrimonialización de nadie, sino de los ciudadanos y su soberanía organizativa, siendo ahí donde aparecen los ámbitos de lo que es la institución, la dirección, la administración y la gestión. En ese sentido, es triste observar la simplificación del encuadre y explicación, como afirmar que los políticos ocupan transitoriamente el poder y están en la dirección frente a los funcionarios que están en la organización; los que se basan en la organización jerárquico-lineal y nos presentan los altos, los medios y los bajos funcionarios con las correspondientes percepciones económicas; los que se escudan en la especialización frente a la generalización; los que se justifican en la proximidad y lejanía del ciudadano. Pero, mucho más cruel, es observar la desigualdad de trato y de relación con respecto a los individuos que sostienen la Administración con sus impuestos y observan impávidos organismos, colocaciones varias y personajes ad hoc: geriátricos de lujo, duplicaciones varias, cementerios de elefantes, donde la diferencia y la distinción tengan su cuna, premiando una gerontocracia (de servicios prestados, donde aparecen jubilados satisfactoriamente retribuidos desde el poder, que no se presentan a las elecciones, sino que conservan su mamandurria) y unos privilegios desproporcionados e injustos a unos ciudadanos, que están por encima de la ley del común, aparte de sagas familiares enteras colocadas en la Administración. ¡Vaya reforma pactada!, donde la vicepresidenta hablaba del razonamiento doméstico, como para tomar nota, ya que aquí, incluso para la realización de una reposición o exámenes, a la comisión encargada de evaluar hay que pagarle o retribuirle por tales servicios. Todo ello avalado sindicalmente.


Vicente González Radío es catedrático de universidad en la UDC
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