La inevitable subida del canon

12 de noviembre de 2013 (10:42 CET)

Recientemente, la Sociedade Galega do Medio Ambiente ha tenido que enfrentarse a la difícil determinación de subir el canon que cobra a sus clientes (296 ayuntamientos gallegos) por la gestión y tratamiento de los residuos urbanos. Y digo difícil porque incrementar el coste de los servicios constituye una medida impopular que, además de repercutir negativamente en los bolsillos de los ciudadanos, máxime en estos delicados momentos de crisis económica, tiene también una serie de afecciones sobre el entorno político y social que están dando lugar a lecturas dispares sobre esta decisión y, en consecuencia, sobre la actividad de esta sociedad y su cometido en Galicia.

Tras más de diez años a pleno rendimiento, podemos decir, y con orgullo, que Sogama es el único modelo en Galicia que ha conseguido, y consigue, gestionar los desechos conforme a las directrices europeas, posibilitando, en primer lugar, el reciclaje de una buena parte de los materiales contenidos en la basura; y, en segundo lugar, la recuperación energética de la parte no reciclable, que convierte en electricidad.

Debido a la sobresaturación de su complejo medioambiental, sito en Cerceda (A Coruña), consecuencia, podríamos decir que de su éxito, al haberse adherido finalmente a su sistema muchos más municipios de los previstos inicialmente, debe echar mano de un vertedero controlado en el que viene procesando los desechos que, por razones de capacidad, no puede tratar en el primero. Aún así, la entidad cumple de forma rigurosa con los requisitos impuestos por la legislación vigente en la materia, toda vez que el vertido, última opción en el orden de prelación, sigue siendo un tratamiento válido.

La reciente reforma en el mercado eléctrico a nivel estatal ha derivado en una serie de impactos económicos sobre las cuentas de Sogama que han acabado por desestabilizar el estado financiero de la compañía, que se ha visto obligada a poner en marcha un plan de viabilidad.

A pesar de los esfuerzos realizados en aras de incrementar la eficiencia de su infraestructura industrial, lo que se ha traducido en una mayor productividad en su complejo (de un 17,21%) y una notable reducción de los desperdicios destinados a vertedero (de un 43,49%), el aumento, en cerca de un punto y medio, de las toneladas de envases ligeros (bolsa amarilla) remitidas a los centros recicladores, y la recuperación, por primera vez en su historia, del vidrio y el acero residual contenidos en la basura en masa, la sociedad se ha visto obligada a incrementar el canon que cobra a los concellos, al resultar insuficientes todas las demás medidas adoptadas.

La supresión de las primas a las energías renovables
(Sogama está catalogada en régimen tarifario “especial”), la subida del 7% del impuesto aplicado a la venta de energía y la supresión de las exenciones fiscales para los productos energéticos (su planta de cogeneración utiliza gas natural como combustible), ha traído consigo una reducción del beneficio bruto de explotación para este año de un 58,7%, que desciende de 17,4 millones de euros a 7,2. Calculamos que en un período de 10 años los gastos de la entidad crecerán en torno al 29%, mientras que los ingresos lo harán en tan solo un 7%. Y esta es precisamente la única razón de ser de su plan de viabilidad para el período 2013-2022, con el que se pretende garantizar que Sogama siga prestando un servicio esencial para la ciudadanía.

El incremento del canon en un 33,5 % (18,73 euros por tonelada de residuos, pasando de 55,91 euros IVA del año 2013 a 74,64 euros IVA a partir de enero de 2014), supondrá 12 euros más al año por familia (1 euro al mes), a pesar de que en localidades como Vigo, según datos aportados por su alcalde, este incremento será menor, traduciéndose en 9 euros anuales por vivienda. Y aún así, el canon a aplicar por Sogama seguirá siendo uno de los más bajos España para plantas de sus características.

Pero la subida del canon ha originado una serie de reacciones en cadena con alegaciones y argumentaciones que se alejan totalmente de la realidad; una realidad marcada por un servicio que ya hasta ahora era deficitario para la mayor parte de los ayuntamientos, los cuales, en muchos casos, lejos de repercutir la totalidad del coste en los usuarios finales, la detraían de otras partidas.

Determinados grupos se obstinan en obviar las circunstancias sobrevenidas que han obligado a la empresa a adoptar una compleja decisión, absolutamente necesaria, por otra parte, para garantizar la calidad del servicio prestado y, por tanto, el bienestar y la calidad de vida de todos los gallegos.

En este contexto, y comparado con otros servicios, ¿es realmente cara la gestión integral de la basura que todos y cada uno producimos cada día? ¿O es que nos parece caro porque se trata de eliminar lo que nos sobra sin recibir compensación alguna? A mi entender, se trata sobre todo de un problema cultural. El servicio no se valora por la precaria concepción que seguimos teniendo de los residuos, concibiéndolos como aquello que no tiene valor.

Pagar menos es posible. Reduzcamos la producción de basura, aprovechemos al máximo los productos, elaboremos compost en el ámbito rural a partir de los restos orgánicos, separemos correctamente los residuos y depositémoslos en los correspondientes contenedores para facilitar su reciclado. En definitiva, huyamos de discursos cómodos, demagógicos y malintencionados que, lejos de clarificar las cosas, acaban confundiendo a la opinión pública.

Gestionar nuestros residuos tiene un coste que debe ser sufragado íntegramente con las aportaciones de todos. A eso se le llama responsabilidad.


Luis Lamas Novo es presidente de Sogama
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