El Tribunal Superior de Madrid y Elpidio Silva

27 de enero de 2014 (11:40 CET)

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha resuelto abrir juicio oral contra el magistrado-juez Elpidio José Silva por sus actuaciones sobre el caso Blesa. Es cierto que hay una afirmación tópica, como que la ley y el Derecho son los instrumentos que utilizan los jueces como administradores de la Justicia en el Estado de Derecho y, desde ese plano, se elabora el estatus epistemológico de la dogmática jurídica, presentando un sistema normativo de referencia, un carácter cerrado y una forma aplicativa.

Puede decirse lo que se quiera, sin embargo, la ley está ahí y los hechos también, por lo que, el caso Blesa (las acciones realizadas por Miguel Blesa cuando era presidente) y su actuación en Caja Madrid, requiere una explicación, porque, ¿qué era ese señor antes de entrar en Caja Madrid? ¿Qué profesión ostentaba y qué ingresos tenía? ¿Cómo se explica su patrimonio? ¿Cuánto incrementó su sueldo, que no salario? Pero sobre todo, ¿por qué no se revisan judicialmente sus correos durante su estancia en Caja Madrid?

Ahí está el asunto a tratar, que no sabemos si el formalismo judicial analiza, en cuanto a las responsabilidades que tuvo, ya que Bankia fue rescatada por más de 9.000 millones de euros del fondo de rescate a la banca; hay que dar cuenta de las apuestas por el “ladrillo”; debiéramos saber si hay o hubo acciones y efectos por los “sueldazos” y bufandas; podríamos tener clarificado el mundo de las “injerencias”, además, los resultados de los “favores” y tráfico de influencias del “llevárselo crudo”; pero hay que aclarar todo el funcionamiento societario y toma de decisiones con el reparto de los “votos”; y, sin que quede fuera uno de los productos más truculentos de determinados ejecutivos-directivos, las “preferentes”. Todo esto es de justicia, es una necesidad de buscar lo justo, la equidad…y la verdad.

Al observar, desde la ciudadanía, el proceso y las acciones del juez instructor, del fiscal y del Tribunal Superior, no cabe otra salida que la sorpresa, la duda y la vergüenza, por no decir la sospecha del sesgo adoptado y, si se analiza desde la perspectiva académica-jurídica, podemos adentrarnos en el formalismo positivista con la validez formal, pero carente del realismo jurídico de la eficacia social, donde la parte y el todo no concuerdan, aunque pueda comprenderse el hecho de deshacerse de un instructor del caso Blesa incómodo, pero situarlo como un delincuente es un nuevo valor al hecho en sí. Por ello, hay que reclamar y exigir justicia, justicia y justicia.

No valen los argumentos propios de la civilización del poseer y de la sociedad de la indiferencia con su nuevo clasismo, donde los ricos, los intocables, los autónomos y los suficientes tengan su propio estatuto y, mientras, el común mortal, que como ciudadano cotiza a través de impuestos, observa impávido los circuitos del dinero y de la seguridad, entre ellas la mal entendida seguridad jurídica y el garantismo.

¿Qué ha hecho el magistrado juez Elpidio José Silva en el caso Blesa? Se le imputan los delitos de prevaricación, retraso malicioso en la administración de justicia y detenciones ilegales. ¿Se trata de un proceso inconveniente, temerario o presuntuoso? Llama poderosamente la atención que en ciertos procesos, el juez instructor sea condenado y el proceso que estaba instruyendo aún no haya finalizado la fase sumarial, como ocurrió en el caso Gurtel, y como puede ocurrir en el caso Blesa, lo que destierra la imagen de un pretendido corporativismo judicial y lleva a pensar, tomando como modelo la frase de Plauto popularizada por Hobbes, que “el juez es un lobo para el juez”.

El caso Blesa tiene que abrirse y se abrirá, pero, por lo que estamos asistiendo, ¿qué y cómo reaccionar? El Poder Judicial, poder autónomo e imprescindible en el Estado democrático de Derecho, queda en un lugar delicado, con una imagen no solo incómoda, sino que plantea dudas en la legalidad, la legitimidad y la licitud, aparte del tratamiento de la igualdad ante la ley, como el trato de favor a Blesa en su última declaración judicial, el viernes 24 de enero, donde no solo entró por un lugar distinto, sino que fue escoltado y protegido de las reivindicaciones de los preferentistas. Ahora, queda claro, como es la formalidad y los intereses en juego: ¿Dónde queda la honradez, la verdad y la justicia? ¿A ver si Estrasburgo nos ayuda?

¿Está el Poder Judicial contra la corrupción? Hay una pregunta que dimensiona la democracia y el respeto al Estado de derecho: ¿hay que responder a la corrupción o se permite el pillaje y el “me lo llevo” (listos, pillos, demagogos mecanicistas o situados en las órbitas del poder con ingenierías financieras…)?

Las irregularidades, las desviaciones y los delitos son comportamientos que son percibidos y valorados por el grupo social, que rechaza, repele y repudia. Cuando se ven conductas con un enriquecimiento desmedido o con una movilidad ascendente desde la nada, como habituales, normales o comunes o, incluso, testimoniales, solo denotan decadencia y crisis del sistema que ampara y protege esas acciones, que nada tienen que ver con el liderazgo, justicia y orden social o la democracia y Estado de Derecho.


Vicente González Radío es catedrático de universidad.
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