Demandamos como galegos

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19 de abril de 2016 (12:33 CET)

No somos los gallegos muy dados a acudir a los tribunales para resolver nuestras controversias, o tal vez es que somos, en general, menos conflictivos que el resto de comunidades autónomas. Lo cierto es que en los datos de actividad de 2015 hechos públicos por el Consejo General del Poder Judicial en las últimas semanas se refleja que la tasa de litigiosidad (número de pleitos en relación al número de habitantes)en Galicia se sitúa, un año más, por debajo de la media nacional.

Nuestra escasa carencia a las togas y los estrados es predicable a la mayor parte de los órdenes jurisdiccionales, especialmente en el ámbito penal, donde estamos entre las comunidades con menos procedimientos.

La excepción a esta regla, que siempre la hay, la encontramos en los juzgados y tribunales del orden social. Es en la discusión de los temas relacionados con las relaciones laborales, Seguridad Social y prestaciones, entre otros, en los que los gallegos superamos con creces la media nacional de litigiosidad, ni más ni menos que en un 37%, situándonos como la segunda comunidad autónoma con mayor porcentaje de procedimientos sociales.

Esta tendencia, que no es nueva y que se mantiene a lo largo de los años como una tónica habitual, no encuentra su explicación, desgraciadamente, en una actividad empresarial y laboral muy superior en nuestra comunidad autónoma respecto del resto de España.

Al margen de otras consideraciones que pueden tener su incidencia, nos ayudará a encontrar una explicación a esta peculiaridad el comprobar cuáles son las comunidades autónomas que nos acompañan en tan peculiar ranking y encontrar que por delante de Galicia únicamente se encuentra Asturias. Curiosamente, ambas comunidades son también las que presentan una mayor tasa de dependencia, relación existente entre la población dependiente y la población activa.

Y es que, además de despidos, reclamaciones de salarios, conflictos colectivos y demás asuntos derivados de relaciones laborales, los órganos judiciales sociales se ocupan de los procedimientos relacionados con el sistema de Seguridad Social, pensiones, incapacidades y desempleo, y mucho me temo que es en este ámbito en el que encontramos justificación a que nuestra comunidad, lejos del vigor de la de actividad económica de otras, encabece la proporción de "judicialidad" en el orden social.

No cabe duda; también cuando se trata de acudir a los juzgados somos un poco diferentes. Demandamos como galegos.

Ricardo Pérez Seoane es abogado, especialista en Derecho Laboral y Societario. Miembro de Estudio Jurídico EJASO, oficina de A Coruña.
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