De la 'reformita' a la proclamación

08 de julio de 2013 (11:24 CET)

Los españoles siguen observando que el paro y la corrupción son los problemas básicos de una sociedad, que busca respuestas del Estado, del mercado y del individuo, que ofrece alternativas específicas y genéricas, que sabe leer, tanto la cultura –la diferencia-, como la civilización –la igualdad-, que entiende de ideologías como de fines últimos y propósitos, como planteaba Heidegger… Todo será como tenga que ser.

La reforma de la Administración es urgente, pero hay que hacerla con verdad, sin trampas, sin discursos rigoristas y banales de los buenísimos, que saben de todo y no entienden de nada, pero que pontifican anunciando técnicamente la nada y el todo, sino con realismo y honestidad, siendo el gran problema las ideologías, que sirven de soporte a políticos, a comunicadores, a columnistas, a tertulianos, a analistas y a todólogos, que son verdaderos mercaderes de ideologías y de declaraciones simbólicas, anulando al periodismo, que es víctima de este nuevo mercadeo y que hunde la profesión.

Es cierto que la ideología ha sido puesta en escena en nuestra modernidad por Desttut de Trancy, siendo analizada por K. Marx en La ideología alemana y, desde ahí, se multiplicaron todo tipo de explicaciones e indicaciones. Pero, en realidad, tiene dos acepciones, una positiva, donde se da fuerza a las ideas, al predominio de una racionalidad basada en lo abstracto, en la razón y en el mundo ideático; pero, también tiene una acepción negativa, donde no cuenta la integridad ni de los individuos ni del funcionamiento de las instituciones. La oligarquía ideológica es la fábrica de los nuevos eslóganes, de los nuevos enfoques (también de los viejos), una teología inamovible que da respuesta para todo.

La oligarquía ideológica abarca todo, a la oligarquía económica que parece que quiere contar con otros números y, sobre todo a la oligarquía política, donde la “ley de hierro de la oligarquías” de R.Michels, se consolida con las listas “cerradas y bloqueadas” de los partidos, que gracias a la ley D´Hont, seleccionan a los fieles, a los leales y a los vinculados, estando el poder concentrado, afectando a los nombramientos y consiguiente control del Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Banco de España, Fiscalía General del Estado, Consejo General del Poder Judicial…, pero a ellos hay que sumar los cerca de 22.000 (en concreto 21.400 nombramientos en Empresas públicas), aparte de las selecciones de los procesos determinativos de personal, que aparte de la valía, integridad y profesión, diferencia permanentemente.

La reformita anunciada no puede ser una tomadura de pelo, donde vemos a falsos jubilados con personajes que no sabemos democráticamente a que se juega: por qué se acude a estas personas para cargos orgánicos y funcionales como Consejo de Estado, Consellos de Contas y tantos y tantos nombramientos en los más variados pesebres. Una Administración que ha engordado permanente, continua y seguidamente, donde hay una nueva realidad: el espacio público. El problema de España es, como señalaba Baroja: la impunidad.

Ese espacio público se autojustifica y entra en juego la competencia, la atribución y la facultad, lo cual amplía el derecho administrativo, donde la legitimación y la legalidad conforman esa realidad nueva.

Pero en esas llegó la reformita del gobierno y la propuesta de reforma constitucional presentada por el PSOE este fin de semana, articulada en catorce puntos esenciales, donde nos tendrán que aclarar teórica, aplicada, especial y generalmente qué se entiende por federalismo, ya que los que lo estudiamos, conocemos, sabemos y entendemos encontramos verdaderos océanos que debemos descubrir.

Vicente González Radío es catedrático de universidad en la UDC
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