Criminalidad económica

21 de enero de 2015 (01:11 CET)

El sentimiento de hartazgo, indignación y repugnancia hacia la corrupción, la criminalidad económica y los delitos de cuello blanco, se ha instalado en la mayoría de la sociedad española. Comenzamos el 2015 con la misma sensación de impunidad que nos acompaña desde hace ya demasiado tiempo. Existe también la creencia de que es necesario modificar el marco legal, el código de delitos tipificados con sus correspondientes penas para que puedan disuadir a los posibles defraudadores, amigos de lo ajeno (especialmente de lo público), a cometer sus fechorías. Delincuentes de cuello blanco que prefieren pagar con unos años de cárcel a devolver las sumas millonarias conseguidas ilícitamente; o aquellos otros que defraudan hasta un límite un tanto inferior al que Hacienda marca para ponerlo en el punto de mira; o partidos políticos que se financian irregularmente sencillamente porque eso no está penado. Ese marco legal definido por Carlos Lesmes, presidente del CGPJ como el "pensado para el robagallinas y no para el gran defraudador". La frase, demoledora, lo dice todo.

La desconfianza, ahora, no es un riesgo o una amenaza para nuestra sociedad. Ya forma parte del sentir de la mayoría de los ciudadanos. Lo manifiestan no solo en la abstención en las elecciones, sino en sus respuestas ante las encuestas, en la valoración que hacen de las instituciones, en la exigencia de transparencia y en la demanda de una mayor participación en la gestión y el destino de los dineros de todos. No se confía en los políticos, en los gestores, en el sistema financiero, ni en los medios de comunicación. El hartazgo ha llevado a la ciudadanía a confiar, más que en otras instituciones públicas, en los mecanismos de lucha contra la criminalidad económica: la UDEF, la Brigada de Delitos contra la Administración de la Guardia Civil, la Fiscalía especial Anticorrupción y los Jueces.

La misma valoración la hizo recientemente el organismo Transparencia Internacional en la presentación de su Índice de Percepción de la Corrupción, en el que nuestro país se situó en el puesto 37 de un total de 175 en el año 2014. En el informe se menciona que "en España la corrupción está impregnada en las instituciones; es muy estructural, afecta a los partidos políticos, empresarios, entidades financieras, ayuntamientos...".

Este es el escenario al que todavía hay que añadirle algún agravante más: depositamos la confianza en los jueces y policías pero no depositamos los medios necesarios para que puedan hacer su labor con la máxima rapidez y eficacia. Las reivindicaciones, propuestas de mejora y solicitud de más medios para la Administración de Justicia son constantes. Vemos imágenes en los telediarios de cuál es el estado -calamitoso- de los juzgados; conocemos datos como que en España solo contamos con 11 jueces por cada 100.000 habitantes, cuando la media europea es casi del doble: 21; las asociaciones de jueces demandan al CGPJ y al Ministerio de Justicia por carecer de los pertinentes planes de riesgos que establezcan cual debe ser la carga máxima de trabajo y no se permita celebrar en un día 20 juicios con una jornada de 14 horas; los jueces decanos han presentado un documento de trabajo en el que se recogen 57 reflexiones, propuestas y sugerencias para dotar de mayor eficacia al trabajo judicial, en especial en la lucha contra la corrupción; y también se demandan los cambios y propuestas de actualización de la legislación vigente, especialmente de ese Código Penal calificado de "duro con el débil y débil con el poderoso".

En este año electoral que comenzamos (y que se nos va a hacer eterno) asistiremos a miles de entrevistas, tertulias y noticias empaquetadas llenas de chascarrillos, de promesas, de ataques y descalificaciones al adversario político. También, en algún momento, escucharemos alguna propuesta razonable y razonada, y la fijación de posición en muchos de los temas críticos para la ciudadanía: sanidad, educación, políticas sociales, empleo, fiscalidad. Yo estaré atento para ver qué partidos políticos son capaces de plasmar en su programa electoral el incremento en los Presupuestos Generales del Estado de la partida dedicada a la Administración de Justicia, hasta llevarla a un porcentaje similar al de la media europea. Claro que luego lo tendrían que cumplir. Y eso, en España, visto lo visto...

José Picado Carballeira es consultor y profesor en la Escuela de Finanzas
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