Claves para entender la devolución del 'tax lease' y sus consecuencias

19 de julio de 2013 (22:15 CET)

El Gobierno será capaz de lograr la suspensión de la devolución del tax lease. Al menos, los precedentes jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ayudan a ser optimistas. Pero conviene tener en cuenta los pasos a seguir para no repetir errores.

Una vez que se publique el texto completo de la Decisión de la Comisión, el más especializado equipo de profesionales debe de afanarse en analizar con celoso cuidado los pros y los contras de recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Y también es necesaria una concienzuda labor informativa sobre las múltiples acciones comunitarias en vigor --las cuales pasan con frecuencia desapercibidas-- que ayudarían al sector: acciones de ayuda a la innovación, al sector naval, ayudas regionales, créditos a la exportación, etc. etc.

¿Trato discriminatorio a España?


Tanto al tax lease español como el francés han sido declarados parcialmente contrarios al ordenamiento comunitario, de modo que el tratamiento ha sido semejante.

La diferencia estriba, como es sabido, en que en Francia no se obligó a la devolución de las ayudas, mientras que sí se pretende hacer a los inversores españoles, lo cual evidencia una diferencia de trato.

Por otra parte, el principio de confianza legítima en el cual apoyó la Comisión Europea su decisión de no exigir la devolución a los inversores franceses ha concurrido igualmente en España. En este sentido, pudiéramos pensar que el trato no ha sido el mismo. No olvidemos, sin embargo, que el tax lease francés y el español no han sido idénticos.

Unos años sí, otros no

El argumento esgrimido por el Comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, para fechar en el año 2007 el comienzo de las devoluciones fue que en dicho año adquirió firmeza la declaración de ilegalidad del tax lease francés.

Da a entender el Comisario, por tanto, que en España debimos de haber tomado nota. Ahora bien, no sabemos por qué la semana anterior defendía que la fecha de corte sería el año 2005. El cambio de una fecha a otra (del 2005 al 2007) en una semana pone en evidencia la volatilidad y falta de solidez del criterio del Colegio de Comisarios.

¿Pagarán los astilleros por los inversores?


Mi respuesta es negativa. El ordenamiento jurídico pone a disposición de los astilleros herramientas suficientemente sólidas como para que no sean ellos quienes paguen este error del Estado.

La “condena” al sector naval, una exageración

No cabe duda de que la Decisión de la Comisión Europea no le favorece al sector naval. No le favorece en su imagen ni tampoco económicamente, pero he de decir que se han hecho mal las cuentas. La cifra de devoluciones nada tiene que ver con la circula a través de los medios de comunicación.

Piense en lo siguiente: las ventajas que en forma de ahorro fiscal obtuvieron los inversores tenían tres componentes: a) la deducción fiscal de los intereses pagados por los leasing sobre los barcos; b) la deducción fiscal de la amortización acelerada de éstos; y c) la no tributación de las plusvalías derivadas de la venta a las navieras de un buque ya prácticamente amortizado (circunstancia que permitía abaratar su precio).

Pues bien, lo que se desprende de las palabras de Almunia es que solo vulnera el ordenamiento comunitario el punto b) o sea, la deducción fiscal de la amortización acelerada de los buques. Y ni siquiera todo el importe, sino solo el exceso sobre la cifra que representaría la amortización ordinaria.

La correcta cuantificación del alcance de la decisión de la Comisión debe de ser muy tenida en cuenta por los responsables españoles para no equivocarse (una vez más) en la decisión jurídica a tomar.

El Estado, responsable último

La bendición expresa que tanto la Dirección General de Tributos como el propio legislador nacional le han dado al tax lease apunta a pensar que quienes eventualmente se vean obligados a devolver los beneficios fiscales disfrutados iniciarán las correspondientes acciones de reparación patrimonial contra el Estado.



Miguel Caamaño es catedrático de Derecho Financiero y Tributario y socio del bufete Camaño, Concheiro & Seoane
Suscribir a boletines

Al suscribirte confirmas nuestra política de privacidad