Cámaras de Comercio sin clientes, sin ingresos y sin credibilidad

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CUADRANTE DE REFLEXIÓN

10 de abril de 2015 (03:29 CET)

El "minifundismo" Cameral que se producía en Galicia era insostenible. El hecho de que hubiese muchas empresas, muy pequeñas y dispersas por toda la comunidad, razón por la cual se crearon nueve Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, no era razón suficiente para garantizar su sostenibilidad.

En épocas de bonanza económica Galicia contó con un número de Cámaras excesivo que obviaron (durante años y con la aquiescencia de la Administración) los cambios drásticos que se tenían que producir en el proceso de homogeneización con Europa de los mecanismos de representatividad empresarial.

El Real Decreto-Ley 13/2010 de 3 de diciembre ya estableció un sistema Cameral de pertenencia voluntaria, con adscripción universal sin que de ello se derivase obligación económica alguna. Hecho refrendado en la Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, en cuyo capítulo IV, artículo 19, se fija su régimen económico. Las Cámaras podrán obtener ingresos por los servicios que presten a las empresas, por las rentas de su patrimonio, por las aportaciones voluntarias de empresas o entidades comerciales, por donativos que pudieran recibir o a través de convenios que permita el ordenamiento jurídico. Punto final al pago obligatorio de las cuotas.

Nada nuevo, por lo demás, dado que ésta era una condición sabida por todos los operadores desde hace años. Hubo tiempo, mucho tiempo, para que los organismos camerales se planteasen su propia razón de coexistencia, su propia viabilidad. El escenario, en Galicia, era difícil de entender, por decirlo de forma discreta. La provincia de Pontevedra contaba (cuenta todavía) con cuatro Cámaras: Pontevedra, Vigo, Vilagarcia de Arousa y Tui. La provincia de A Coruña, con tres: A Coruña, Ferrol y Santiago. Y una cada una en las provincias de Lugo y Ourense. Total nueve entidades camerales que tuvieron siempre unos ingresos garantizados para desarrollar, principalmente, funciones de carácter público-administrativo. El tejido empresarial de cada demarcación solo tenía una obligación: pagar las cuotas, quisiese o no.

Para adaptarse a la nueva situación, la nueva Ley indica que las Cámaras podrán llevar a cabo otras actividades, que tendrán carácter privado y se prestarán en régimen de libre competencia...tales como servicios de información y asesoramiento empresarial, impartir formación en relación con la organización y gestión de las empresas, prestar servicios de certificación, gestionar y administrar bolsas de franquicia, o lonjas de contratación. La pregunta es obligada: ¿cuántas Cámaras han hecho sus planes de negocio en estos años? ¿Cuántas han declinado su plan comercial y lo ejecutaron? ¿Cambiaron su modus operandi para dejar de ser entidades "pasivas", casi de ventanilla, para convertirse en prestadores de servicios que tienen que competir en un mercado en el que ya actuaban otros agentes?

En este año que ha transcurrido con la nueva Ley las informaciones procedentes de sus juntas directivas pintan un panorama dramático, aunque predecible. La Cámara de Ferrol está quebrada y ya en fase de disolución. Las de Vigo, Pontevedra y Vilagarcía han anunciado su fusión, aunque manteniendo las estructuras de las tres (algo que se antoja complicado). La Cámara de Ourense presentará un plan de viabilidad porque en este momento ya no cuenta con ninguna empresa de su demarcación que le aporte ingresos; vive de sus ahorros, dando pérdidas anuales. La Cámara de Lugo presenta serias dificultades económicas.

Un escenario desolador agravado por la información publicada por el Consello de Contas acerca de las prácticas irregulares observadas en la mayoría de ellas. La lista es larga: falta de control, excesivos gastos sin justificar, doble contrato del Director General de la de Lugo -cobraba por el ejercicio de su cargo y en calidad de asesor-, cargos en tarjetas no explicados, irregularidades contables, indicios de cohecho, malversación de fondos públicos en la organización de certámenes feriales, fraude de subvenciones, sueldos opacos, trabajadores y servicios contratados sin publicidad y transparencia, etcétera.

Los fiscales y jueces tienen mucha tarea por delante. El Consello de Contas también. Las Cámaras de Comercio gallegas tienen, en su mayoría, una credibilidad nula y unos ingresos que tienden a cero. ¿Cuántas podrán sobrevivir? ¿Cuántas se necesitan? Aquellas que puedan ofertar servicios de calidad a precios competitivos, demuestren calidad y transparencia en su gestión, se acomoden a los preceptos legales y sean financiadas porque los empresarios de su demarcación así lo decidan. Las que continúen mirando hacia otro lado desaparecerán. Así funciona el mercado. Algo de lo que, paradójicamente, algunos directivos de estas entidades históricas, no han oído hablar.

José Picado Carballeira es consultor y profesor en la Escuela de Finanzas

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