Banca Pública en el siglo XXI?

03 de octubre de 2013 (11:28 CET)

He de confesar mi opinión hasta ahora contraria a la existencia de banca pública. Y eso a pesar de conservar un buen recuerdo de aquellas entidades que prestaron un inequívoco servicio a la economía española hasta los años 90. Se recordarán las llamadas Entidades Oficiales de Crédito: el Banco de Crédito Industrial se dedicaba a financiar las actividades productivas de la pequeña y mediana industria; la agricultura contaba con el Banco de Crédito Agrícola, los ayuntamientos con el Banco de Crédito Local, las empresas exportadoras con el Banco Exterior y las familias podían financiar la compra de su vivienda a través del Banco de Crédito Hipotecario.

Basaba mi (inocua) oposición en varios factores: primero, el principio de asignación eficiente de recursos, especialmente exigible cuando hablamos de la administración pública. Estando la actividad cubierta por las entidades privadas y los mercados financieros, entendía que los fondos del Estado deberían dirigirse a fines donde fueran más imprescindibles. Complementario del punto anterior, valoraba yo cómo excesivo el volumen de recursos que serían necesarios para articular nuevamente una oferta de banca pública.

Por otra parte, argumentaba la inconveniencia de que las decisiones de orden financiera fueran adoptadas con criterios antes políticos que técnicos o de viabilidad económica. Y por último, citaría la tentación a implantar sistemas ineficientes de gestión interna que penalizasen el necesario rigor en el manejo de las cuentas de gastos, sospecha habitual cuando uno se refiere al sector público en España.

Todo esto me rondaba por la cabeza cuando el sistema financiero español entra en una profunda crisis de números y de identidad que deja unos graves efectos colaterales en Galicia: venta (o rendición) del Banco Pastor al Popular y subasta abierta de Novagalicia Banco tras una peripecia sembrada de episodios no siempre afortunados. No volveremos a tratar las opciones aún sobre la mesa respecto de esta última entidad. En cambio, formularemos en esta ocasión una cuestión única: sería posible (y conveniente) mantener Novagalicia Banco como entidad pública? Contestemos a partir de los cuatro factores mencionados anteriormente.

Sobre los fondos ingentes necesarios, basta con señalar que éstos ya fueron asignados por el FROB e invertidos y que incluso se consideran irrecuperables. Así pues, los dos primeros argumentos esgrimidos no impiden contestar afirmativamente la pregunta anterior. Cabe incidir además en que la cobertura de los servicios financieros que se daba por supuesta resulta claramente deficitaria en estos momentos pues los bancos privados a penas cumplen con su cometido de financiar la actividad económica.

Respecto del tercer argumento, las posibles injerencias políticas en las decisiones financieras, poco disuasorio será una vez consideremos la generosa y muchas veces irresponsable financiación otorgada por las entidades españolas al sector inmobiliario durante la gran burbuja mientras se mostraban cicateras con otras actividades generadoras de un muy superior valor añadido. Y para finalizar, ¿qué se puede decir sobre la calidad de la gestión interna? Ni hará falta recordar siquiera las injustificables condiciones laborales de los principales ejecutivos en muchas entidades o las necesidades actuales de ajuste derivadas de estructuras infladas y redes desproporcionadas.

Así pues, con los argumentos sobre la mesa, tal vez debamos convenir que una solución defendible para Novagalicia Banco sería mantenerla como entidad pública. Cuando menos, hasta que no se decidan a vender también Bankia.
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