El juez imputa también al dircom del Gobierno catalán por el 1-O. Carles Puigdemont junto a su gabinete durante el anuncio de la fecha del referéndum del 1-O. EFE/Toni Albir

Preguntando al 1 de octubre

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El 4 de julio el presidente de la Generalitat convocará a los medios de comunicación para informar sobre el referéndum. Deberá despejar muchas dudas

Fèlix Riera

El juez imputa también al dircom del Gobierno catalán por el 1-O. Carles Puigdemont junto a su gabinete durante el anuncio de la fecha del referéndum del 1-O. EFE/Toni Albir

Barcelona, 29 de junio de 2017 (07:55 CET)

La democracia se nutre consolidando garantías institucionales que aporten legitimidad e imagen de seriedad al conjunto de la sociedad. El 4 de julio el presidente de la Generalitat convocará a los medios de comunicación para informar con detalle sobre el desarrollo previsto para consolidar la anunciada celebración del referéndum convocado el día 1 de octubre. Dependerá del grado de concreción de las garantías formuladas para el desarrollo del referéndum que el Gobierno de la Generalitat pueda salir reforzado en su empeño o quede definitivamente cuestionada la ligereza a la hora de convocar a todos los catalanes a votar. Dicho de otra forma, lo que está en juego hoy es la seriedad para abordar tan alto reto político y hasta qué punto el independentismo va a sustituir definitivamente al procesismo del cálculo político.

Hace unos días, un amigo comprometido con el independentismo, al ser preguntado sobre cómo ve el futuro próximo de la realidad política a partir del 2 de octubre, respondió que todo dependerá de las garantías que tengan los catalanes para votar. Me indicó que la negativa del estado a apoyar la iniciativa del gobierno catalán exige aún más al Gobierno de la Generalitat ganar la batalla de la credibilidad y garantizar seriedad institucional hacia la comunidad internacional.

Todas las garantías deberían centrarse en la necesaria legalidad del referéndum

En su opinión, el futuro del independentismo, a corto plazo, se juega en los siguientes aspectos: ¿Cómo se garantizará la participación de todos los catalanes?, ¿Tendremos un censo que permita, un par de meses antes de las votaciones, poder reclamar algún tipo de incidencia? ¿Dónde se habilitarán los colegios electorales, cuál será la composición de la mesa y el criterio de selección? ¿Se habilitará un presupuesto para que se pueda hacer campaña por el NO y por el SÍ? ¿Habrán garantías de neutralidad en las emisiones de los medios de comunicación públicos? ¿Existirá un control internacional que verifique las votaciones? ¿Habrá neutralidad en las instituciones catalanas? ¿Cómo se garantizará el recuento de votos? ¿Cómo se gestionará el voto de los que viven fuera de Cataluña? ¿Cuándo se publicarán todos los aspectos centrales para velar por las garantías del referéndum en el Diario Oficial del Gobierno de la Generalitat de Cataluña?

Una batería de cuestiones que inciden directamente en reforzar el máximo de garantías para que el referéndum del 1 de octubre no sea considerado un simulacro político a favor de seguir prolongando el reinado del procesismo. Aunque, en mi modesta opinión, todas las garantías que se den deberían centrarse en un sólo propósito, que no es más que la necesaria legalidad del referéndum. Si no es así, todas las garantías que se den, con la mejor intención del mundo, sólo serán un intento para contrarrestar la falta de legalidad del mismo y su debilidad internacional. ¿Habrá urnas? A lo que responde mí amigo: seguro.

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