TV3, el agua y la izquierda que viene

18 de enero de 2017 (06:00 CET)

El futuro político en Cataluña comienza a dejar señales evidentes. La pugna entre los diferentes actores se refleja en los medios de comunicación públicos, sin que sus responsables sepan cómo ofrecer una información estrictamente marcada por criterios profesionales. En TV3 es una evidencia. Se vio cuando Artur Mas necesitaba mimar a la CUP para lograr su investidura. Se emitieron reportajes y el documental Ciutat morta, finalmente a través del Canal 33, después de que hubiera desestimado su emisión. A pesar de ello, Mas no fue investido. Fue humillado y tuvo que retirarse. Pero quedó en la televisión autonómica la marca de la CUP, que, con diez diputados en el Parlament, y como fuerza decisiva, ha hecho valer su voz.

Lo que llega, sin que tenga a nadie delante –se entiende que en todo sistema político debe haber alternativas-- es un gobierno de izquierdas, que, ya fuerte en las principales ciudades catalanas, quiere marcar su agenda. Nada que objetar, siempre que, efectivamente, exista la suficiente oferta política para poder elegir.

El pasado domingo esa fuerza de la izquierda se manifestó a través de TV3, de un 30 minuts dedicado a la gestión del agua. El enfoque fue claro: la gestión por parte de empresas privadas, vinculadas a Agbar, puede ser mejorable si son los municipios los que, directamente, se hacen cargo. Las experiencias de municipios como Collbató, o Figaró-Montmany, desde los servicios comunes que ha proporcionado el Congiac, el Consorci de Gestión Integral de Aguas de Catalunya, sirven para difundir que, ¡sin ninguna duda!, el futuro pasa por la gestión pública, según Lluís Tejedor, alcalde de El Prat de Llobregat y vicepresidente del Congiac.

Terrassa es otro modelo, porque ha decidido municipalizar el servicio, una vez que se ha acabado la concesión de Mina Pública d'Aigües de Terrassa, de Agbar. Su alcalde, Jordi Ballart, asegura que ha recibido amenazas, y que la oferta de Agbar de constituir una empresa mixta es una especie de timo. En el reportaje se da voz a los responsables de las empresas de Agbar, como Sorea en Collbató. Pero todos los consultados, al margen de los responsables políticos o de los gestores empresariales, son activistas que apuestan por la gestión pública del agua, con la idea de que el recibo será hasta un 10% más barato.

El vínculo más delicado, y que deja en el aire la conveniencia de los responsables empresariales de participar en estos reportajes que ya vienen previamente decantados, llegan cuando se contrapone la gestión de esas grandes empresas en Grenoble o París. Agbar forma parte, precisamente, del grupo francés Suez, y su presidente ejecutivo es Angel Simón. En el caso de Grenoble, se asegura, a través de los nuevos gestores de la empresa pública, que Aguas de Grenoble, del grupo Suez, incurrió en una "mancha de corrupción", pagando al alcalde viajes y campañas electorales, a cambio de la concesión por 25 años. Y que era evidente que se debía transformar el modelo. ¿Comparaciones? ¿Mensajes encriptados?

Por el reportaje aparecen los nuevos protagonistas de la izquierda, como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, o el concejal de su grupo municipal, Eloi Badia. También aparece la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que organizó unas jornadas para la municipalización del servicio del agua. También activistas como Miriam Planas, de Aigua és vida. Y se constata que, tras explicar sucintamente el proceso de judicialización de la empresa mixta que gestiona el agua en el área metropolitana de Barcelona, propiedad en un 85% de Agbar, y en un 15% del ente público metropolitano, que su vicepresidente y alcalde de Cornellà, Antoni Balmón, no ha querido participar.

El mensaje final es que la municipalización del agua será imparable. Y que, más claro el agua, llega la izquierda, para gobernar y cambiar modelos. TV3 se entrega a la causa, sin una dirección que sepa cómo navegar en tiempos convulsos.

¿Y delante?, sencillamente no hay nadie para defender modelos de gestión público-privados, para defender eficacia o la defensa de las empresas. Y esa es siempre una cuestión problemática en una democracia que se respete a sí misma, porque se supone que debe haber alternativas.
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