09 de abril de 2016 (21:00 CET)

Son 13.000 el número de plazas de funcionarios que el Estado central sacará este año a concurso, en una muestra clara qué es lo que entienden Montoro y Rajoy por contención del déficit y reducción de la deuda. Trece mil, que no serán ni médicos, ni enfermeras, ni maestras, ni profesores, ni asistentes sociales, ni cuidadores de abuelos. Porque la salud, la enseñanza, la geriatría y la asistencia social son competencias de las Comunidades Autónomas. Y a estas, el gobierno inhumano y fanático de jacobinismo del PP, les obliga a reducir el gasto.

Por lo tanto, los 13.000 funcionarios que permitirán crecer los aparatos centrales del Estado y aumentar la base ideológica de la derecha postfranquista de la Gran Castilla, capital Madrid, son funcionarios que, no sólo no se añadirán a la mejora de la salud, la educación o la vejez de todos los ciudadanos españoles, sino que, si se obedece la arbitrariedad de Rajoy, pueden acabar perdiéndose -13.000- médicos, enfermeras, maestras o asistentes sociales en toda España.

Junqueras ya ha dicho que no piensa cumplir con una orden injusta. Y por detrás creo que ya están saliendo valencianos y baleares con voluntad de incumplimiento. Y seguirán otras Comunidades Autónomas, porque incluso, siendo profundamente español, hay cosas que no se pueden aguantar. Y esta es una. Estoy esperando ver cómo los informes rigurosos procedentes de las Comunidades Autónomas llegan al conjunto de instituciones europeas que mandan en Economía, y a las cancillerías y ministerios de economía de la UE.

Para que se den cuenta del inmenso fraude propiciado por el Gobierno español, que impone un techo de déficit asimétrico a las Comunidades Autónomas, que son las que abordan las políticas más costosas de igualdad social. Mientras el Estado se autoamnistía del límite del déficit y se permite malgastar con 13.000 funcionarios más por aumentar sus aparatos más burocráticos; y busca continuar con las obras faraónicas como las autovías sin tránsito y los AVE sin pasajeros.

Estas decisiones reiteradas de desmantelamiento del Estado social, en beneficio del Estado sátrapa y represivo, no se pueden esconder ni con el recurso de denostar a Cataluña y su independentismo como excusa. Un Gobierno en funciones que se niega a dar cuentas en el Parlamento que no está en funciones. Son un Gobierno y unas instituciones como el Tribunal Constitucional, sin entrañas y que han perdido cualquier legitimidad, cuando por causa de la razón de Estado se están bloqueando, vía TC, todas las medidas de progreso y de equidad sociales del gobierno de Cataluña: pobreza energética, reparto del 0,7%, impuesto a la banca, hipotecas...

En estas circunstancias, el intento loable de Sánchez es inútil. No puede pretender aliarse con la marca blanca del PP, Ciudadanos, que presenta algunos trazos liberales, pero que con su jacobinismo rancio mata cualquier posibilidad reformista. Mientras que la alternativa de izquierdas, que aritméticamente sería posible con la abstención de ERC y Convergència, es desestimada por el PSOE, también por razones jacobinas. Una vez más es el Estado por encima de las personas. Y todavía alguien reclama porque hay quienes se quieren ir de este Estado.

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