El presidente Mariano Rajoy tiene la convicción de que el déficit tiene un límite y que se debe corregir cuanto antes. /EFE

La soledad de Rajoy y la rebelión del aparato judicial

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Las actuaciones judiciales que sacuden al Partido Popular vuelven a poner a su líder en la diana

Carlos Carnicero

El presidente Mariano Rajoy tiene la convicción de que el déficit tiene un límite y que se debe corregir cuanto antes. /EFE

Barcelona, 20 de mayo de 2017 (09:55 CET)

La corrupción en el PP es una epidemia para la que todavía no existe vacuna. Solo cuidados paliativos. En los últimos años, la sucesión de casos de corrupción en el Partido Popular ha puesto en cuestión la doctrina oficial de que se trataba de casos aislados. Ahora se está demostrando que la corrupción es sistémica. Verdaderas tramas organizadas en los aparatos del partido. El caso de Madrid es paradigmático.

El aluvión de denuncias y pruebas ya no ofrece dudas sobre una verdadera financiación ilegal en los últimos diez años, que en muchos casos ha ido acompañada de enriquecimiento personal de políticos del PP, conducirá sin duda al punto de inflexión de la declaración como testigo del presidente de Gobierno.

Los últimos acontecimientos, en especial el caso Lezo y el intento del gobierno de controlar a jueces y fiscales, ha demostrado que la salida elegida por Mariano Rajoy es una huida hacia delante, utilizado el control de las instituciones de Justicia para tratar de parar la sangría de procedimientos judiciales contra dirigentes y el propio partido.

Lezo y el intento del gobierno de controlar a jueces y fiscales, ha demostrado que la salida elegida por Mariano Rajoy es una huida hacia delante

La reprobación del Ministro de Justicia, del Fiscal General del Estado y del jefe de la Fiscalía Anticorrupción, a pesar de no surtir efecto para el cese de los repudiados, demuestra la soledad del Gobierno que no pudo conseguir más votos que los del Grupo Popular para tratar de impedirla. Ni un solo voto en todo el arco parlamentario.

El vacío constitucional en la regulación de la moción de reprobación no impide considerar la falta de legitimidad democrática en la que han quedado inmersos los repudiados. Un parlamento que en votación parlamentaria consigue ganar una petición de dimisión de la cúpula del Ministro de Justicia, del Fiscal General y del Fiscal encargado de la lucha contra la corrupción sitúa al Gobierno bajo sospecha de connivencia con la corrupción.

Los últimos acontecimientos desvelan un cáncer que se va a seguir extendiendo. A la crudeza de los hechos que se van desvelando hay que añadir una rebelión que todavía es soterrada en el seno del ministerio fiscal, de muchos jueces y magistrados y de las fuerzas de seguridad del Estado que forman la policía judicial.

El levantamiento del secreto del sumario del caso Lezo ha permitido conocer informes de la Guardia Civil sobre la financiación ilegal, las tramas del tren a Navalcarnero, los campos de golf de Chamartín, del Canal de Isabel II y los vasos comunicantes entre el dinero del grupo parlamentario y el partido, además de nuevos datos que obligan a separar el sumario y a llamar a declarar hasta 52 investigados. Con esa situación, la noticia del ascenso del titular que instruye ese marasmo judicial no es precisamente tranquilizadora para la separación de poderes.

Los últimos acontecimientos desvelan que la corrupción en el PP es un cáncer que se va a seguir extendiendo

La llegada del nuevo Fiscal General del Estado, José Manuel Maza y la elección de Manuel Moix como Fiscal Anticorrupción han estado acompañadas de filtraciones que ponían en aviso a Ignacio González, principal implicado en la trama Lezo. A esto se suma el intento de ceses de los fiscales anticorrupción que investigaban el asunto y las nuevas normas aplicadas por Antonio Moix para intentar controlar y centralizar las investigaciones por encima de la información que tradicionalmente han recibido de forma directa los fiscales que investigaban cada caso.

El juez Velasco, después del intento de que aceptará un puesto en un organismo internacional que no satisfacía sus deseos económicos y profesionales, ha terminado por aceptar el traslado a la sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. Sin duda una salida legal y legítima, pero que hay que insertarla en los intentos de control del Gobierno del funcionamiento de la Justicia, que ha conseguido apartar al juez Velasco de la instrucción de los sumarios más comprometedores para el PP y para el Gobierno.

El traslado del juez Velasco, en plena instrucción de asuntos tan relevantes como la operación Púnica y Lezo, plantean la incógnita sobre su sucesor que tendrá que ponerse al día de decenas de miles de folios prolijos que por lo menos retrasará, el mejor de los casos, la apertura de juicio oral de estos sumarios.

El Partido Popular se encuentra en una complicada situación parlamentaria.

El resto de la iniciativa parlamentaria del Gobierno está en mínimos, con la creación de comisiones de investigación complicadas para el PP.  Cuenta con el apoyo de Ciudadanos, que está erosionado por fuertes discrepancias que se han evidenciado con las informaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre presuntos delitos de cohecho y prevaricación de Cristina Cifuentes.

La puesta en cuestión de importantes dirigentes del PP y de la propia Cristina Cifuentes de estos informes de la UCO desvelan tensiones con los cuerpos de seguridad que han investigado los principales casos de corrupción del PSOE y del PP con extraordinaria solvencia. En el entorno del PP se ha hecho alusión a la existencia de “fuego amigo” que dirige las sospechas a acciones de venganza contra Cifuentes que tal vez esté pagando factura por pretender que la lideresa de la lucha por la regeneración democrática y la corrupción.

Es cierto que la UCO ha cometido el error de hacer interpretaciones no solo judiciales sino también políticas.

¿Exceso de celo, llamada de atención o cansancio con la corrupción? Hasta ahora el informe que acusaba de prevaricación y cohecho a la presidenta de la Comunidad de Madrid, por sus actividades en las mesas de contratación de servicios, solo establece un hecho objetivo: las donaciones del empresario Arturo Fernández a Funescam, en la misma época en que Cifuentes era vocal de esta fundación. A su vez, la Guardia Civil ha señalado que la concesión de contratos al empresario era una contrapartida de sus donaciones. El juez Velasco no ha tomado ninguna medida en este aspecto. Pero la continuidad con la que Arturo Fernández aparece en sumarios de corrupción del PP es suficiente para sembrar la sospecha.

Todavía no hay encuestas fiables sobre el impacto que haya podido tener todos estos acontecimientos en la intención de voto para el Partido Popular

En espera de la sustitución del juez Eloy Velasco del Juzgado Central número 8 de la Audiencia Nacional, que dirigía desde el 2008, y de la velocidad que el nuevo juez instructor pueda darle a los casos de ese juzgado, el calendario judicial irrumpe en un clima muy complicado para el Gobierno.

Todavía no hay encuestas fiables sobre el impacto que hayan podido tener todos estos acontecimientos en la intención de voto para el Partido Popular. Pero los indicios son de que tendrá repercusiones que habrían alcanzado a Cristina Cifuentes, aunque cabe esperar que se clarifiquen los hechos por los que ha sido señalada. Precisamente, la presidenta de la Comunidad de Madrid hasta ahora era el estandarte más importante de la regeneración del Partido Popular.

Demasiados frentes abiertos para que Mariano Rajoy pueda estar tranquilo en un parlamento en que prácticamente no está sometiendo a consideración más leyes que las imprescindibles. Nadie cree que el asunto se haya encauzado con el desprecio con que el PP ha acogido la reprobación de la cúpula de Justicia. Esto no ha hecho más que empezar.

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