1-O: El operativo de la Policía Nacional en los alrededores del colegio Ramón Llull de Barcelona, la mañana del referéndum. Foto: EFE/AE

Sobre la actuación de los cuerpos de policía el 1-O

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La orden judicial de impedir el referéndum el 1-O no se podía cumplir, y eso lo sabían los cuerpos de seguridad y también el Gobierno

David Buil-Gil

1-O: El operativo de la Policía Nacional en los alrededores del colegio Ramón Llull de Barcelona, la mañana del referéndum. Foto: EFE/AE

Barcelona, 09 de octubre de 2017 (12:52 CET)

En el ámbito anglosajón se define el término “policing” como el estudio de las actividades llevadas a cabo por la policía para la preservación del orden y la ley. El hecho que la policía es un elemento fundamental para este fin es raramente cuestionado. Lo que sí que se cuestiona es qué estrategias y mecanismos policiales son los más eficaces y eficientes para lograr el mantenimiento del orden ciudadano y el cumplimiento de las normas. Existe mucha literatura, muchos debates académicos y muchas posiciones teóricas a este respecto. A continuación, voy a reflejar algunos pensamientos sobre la actuación de los diferentes cuerpos de policía durante el referéndum (o movilización sin carácter refrendario, aquí carece de importancia) del 1 de octubre de 2017 en Cataluña.

Nos despertábamos el día 1 de octubre con cientos de miles de ciudadanos catalanes en las calles, delante de las sedes electorales, dispuestos a pasar el día entero de pie con tal de que ninguna fuerza policial accediera y requisara las urnas y las papeletas. Y también nos despertábamos con, básicamente, tres cuerpos policiales -Mossos d’Esquadra, Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía- que habían recibido la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de precintar las sedes electorales y requisar el material vinculado al referéndum.

El objetivo: que dicha votación no llegara a tener lugar. Algunos datos importantes antes de empezar la discusión: primero, el cuerpo de Mossos d’Esquadra cuenta con alrededor de 16.800 agentes operativos en estos momentos; segundo, se estima que el número de guardias civiles y policías nacionales, incluyendo aquellos que ya estaban destinados en Cataluña y los movilizados, podía rondar los 9.000; y tercero, el Govern de la Generalitat había habilitado un total de 2.229 sedes electorales, las cuales estarían abiertas entre las 9:00 y las 20:00, un total de 11 horas.

Supongamos, primero, que la cooperación entre las tres fuerzas policiales fuera absoluta, que existiera una coordinación centralizada y que todas las instituciones compartieran inteligencia y se respetaran mutuamente. Eso es, evidentemente, irreal -y prácticamente imposible-, pero imaginémoslo.

La orden judicial de desalojar los colegios era imposible de cumplir y eso lo sabía el Gobierno

Supongamos, también, que todos esos policías están en disposición de trabajar el día 1 de octubre. Supuesto también imposible. Además, supongamos que el 100% de los policías disponibles tiene formación especializada en mantenimiento del orden público. En otras palabras, que está capacitado para ejercer de “antidisturbios”. Un tercer supuesto también irreal. Y, por si fuera poco, imaginemos también que la policía no necesita descansar un solo segundo durante las 8 horas laborales. Continuemos con los supuestos: de media, se tardan dos horas en desalojar una sede electoral, requisar todo el material, precintarla y trasladar a las unidades a la siguiente sede electoral.

Ese tiempo es absolutamente generoso, siendo necesario un tiempo mucho mayor. Con todos estos supuestos, se dispondrían de alrededor de 40 agentes para desalojar cada una de las sedes electorales; cifra que muchos expertos ya considerarían demasiado baja para poder desarrollar el operativo con garantías de éxito y seguridad, y haciéndose necesario un uso desmesurado de la fuerza para lograr precintar todas las sedes electorales. Si modificamos todos esos supuestos por hipótesis mucho más realistas, ese número raramente podrían superar las 20 unidades. En otras palabras, el día 1 de octubre, la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de precintar las sedes electorales y requisar el material vinculado al referéndum era prácticamente misión imposible, y los tres cuerpos policiales eran conscientes de ello. También lo era el Gobierno Español.

Ante una situación así, se pueden tomar muchas decisiones operativas destinadas a garantizar, en la medida de lo posible, el orden y el cumplimiento de la ley. Se puede destinar pocas unidades a cada una de las sedes electorales para asegurar que no existan incidentes de violencia que pongan en riesgo el bienestar personal de ningún individuo. Se puede desarrollar una campaña de concienciación ciudadana para tratar que la jornada transcurra con la mayor normalidad posible. Se puede contar con otros agentes, como lo pueden ser policías locales, protección civil y bomberos, para asegurar la seguridad en la zona. Incluso, si se prioriza el evitar la votación a mantener el orden público, se pueden cortar las señales WiFi en sedes electorales, cerrar los sistemas informáticos que permiten el recuento electrónico, interceptar las papeletas y las urnas, etc, de modo que se logre que la votación no goce de las garantías necesarias.

En el ámbito universitario ya se explica lo sucedido el 1-O como un ejemplo de 'poor policing'

Sin embargo, el pasado 1 de octubre de 2017 vimos algo diferente a todas y cada una de esas opciones. El pasado 1 de octubre el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil decidieron dedicar todos sus recursos operativos a menos de un 10% de las sedes electorales y hacer un uso de violencia objetivamente desproporcionado, dejando más de 750 heridos y consecuencias psicológicas difíciles de superar para muchas personas, como lo han denunciado prácticamente todos los observadores internacionales y periodistas de medios de comunicación internacionales. Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía obviaron todos los principios fundamentales del “policing”, y olvidaron que la función de la policía es y debe ser el mantenimiento del orden y el cumplimiento de la ley.

La actuación de ambos cuerpos no solo no garantizó que se cumpliera la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la norma, sino que alteró el orden público, la convivencia y la seguridad ciudadana por ella misma. Y, en el ámbito anglosajón, la intervención de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía ya se explica en las universidades como un ejemplo de “poor policing”, o un servicio policial pésimo.

 

David Buil-Gil es criminólogo

 

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