Señor Mas, no es caza mayor, es una investigación

21 de octubre de 2015 (21:21 CET)

A pocas semanas de las elecciones generales, los partidos se esmeran en presentar propuestas. Una de las ideas que se repiten una y otra vez es que se debería acometer una reforma profunda en la administración de Justicia, para desterrar lo que se considera una politización en toda regla. Y es cierto. Se puede y se debe hacer mejor. ¿Quién y cómo se elige el Consejo General del Poder Judicial?, por ejemplo.

Veremos esta vez si esas promesas se concretan, para que Montesquieu pueda resucitar. Otra cuestión determinante es la financiación de los partidos políticos, verdadero cáncer de la democracia española. Una de las soluciones es constituir un registro público, con total transparencia, de los donantes de los partidos. Es una salida liberal, que España debería ya adaptar, como ocurre en las democracias anglosajonas.

De hecho, es la que el presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, defiende con mayor pasión. Está bien que aporte ideas al debate. Se agradece su talante liberal, lo que ocurre es que contrasta con sus declaraciones públicas sobre la investigación judicial que se centra en Convergència Democràtica.

Sin tener asegurada su investidura, con una negociación que se antoja especialmente dura con la CUP –sin ninguna garantía de éxito, por cierto-- Mas aseguró este miércoles que existe "una caza mayor" sobre su persona y su partido, y que "el Estado seguirá actuando" para evidenciar una supuesta operación, que persigue, únicamente, el fin de su carrera política por haber iniciado un proceso soberanista en Cataluña.

Pero, aunque es evidente que las investigaciones judiciales tienen consecuencias políticas y siempre hay ganadores y perdedores, las cosas son más prosaicas.

Porque resulta que fue una ex concejal de Esquerra Republicana, Montse Gasull, quien denunció, en el Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona) las complicidades excesivas entre el consistorio y la constructora Teyco, vinculada a la familia Sumarroca, fundadora de CDC.

Denunció, entre otras cosas, la construcción de un aparcamiento municipal –más prosaico todavía-- por 2,5 millones de euros, que tuvo un presupuesto final un 40% superior al proyectado. El caso afectó al alcalde de la localidad, Daniel Masagué, de CDC. La Fiscalía Anticorrupción acreditó el pago de Teyco a dos empresas del alcalde convergente por 1,4 millones de euros, a cambio de trabajos no acreditados.

Ha sido, por tanto, el juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona) el que ha ido desmenuzando una madeja en la que aparecen diversas empresas constructoras, obras en localidades gobernadas por alcaldes de CDC, y fundaciones del partido.

¿Que las operaciones de la Guardia Civil pueden parecer excesivas, con los registros efectuados? Podría ser. ¿Qué la fecha no es la más adecudada? --¿cuándo decidimos que lo son?-- también se podría discutir. Pero, en todo caso, señor Mas no es una cuestión de caza mayor o menor, es una investigación que merece seguirla con atención, y que, seguramente, se debería haber iniciado hace muchos años antes cuando el ex President Pasqual Maragall lo advirtió en 2005.

Tal vez lo que está pasando es que al señor Mas se le acaba su tiempo, pero su tiempo político. Y no sabe cómo admitirlo. Pero esa es otra cuestión.

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