Daniel Osàcar, ex tesorero de CDC, condenado a cuatro años y cinco meses de cárcel y a una multa de 3,8 millones de euros por el caso Palau. En la imagen se dirige al Palacio de Justicia para escuchar la sentencia. EFE

El paciente catalán

El proyecto nacionalista catalán ha adoptado una conducta errática que abunda en altos niveles de clientelismo y patrimonialismo

La reciente sentencia del Caso Palau tiene un alcance que va mucho más allá de la mera corrupción. Es, de hecho, la disección de una cultura política que explica las razones de fondo por las que Cataluña está en un punto muerto. Una parálisis que va a costar mucho revertir, porque el daño es profundo y extenso.

Cataluña, que en tiempos se promovía a sí misma como la fértil excepcionalidad europea en el erial ibérico, se ha convertido en una ucronía política en el contexto europeísta; un excepcionalismo en el que se dan las condiciones que nutren el caldo de cultivo de un movimiento político instalado en la exaltación permanente y cuya raison d'être es la restauración de un modelo socioeconómico anacrónico.

Desde que el catalanismo político murió de éxito tras rubricar su propio epitafio en el así llamado "café para todos", el proyecto nacionalista catalán ha adoptado una conducta errática que abunda en rasgos que es posible trazar en características propias del Ancien Régime: el elemento central es que se propicia una venalidad estructural que expresada en altos niveles de clientelismo y patrimonialismo; que hacen del trueque de cargos públicos y del traspaso de bienes públicos a círculos inmediatos privados de quienes ejercen el poder la principal herramienta nacionalista para construir una nación basada en ligar a los grupos afines al proyecto, mientras se descuida al resto de la sociedad.

Es decir, nos encontramos con que un atributo esencial de las élites nacionalistas catalanas es el haber fomentado la implementación de instituciones extractivas para favorecer sus fines partidistas, en detrimento del desarrollo de un modelo institucional basado en prácticas inclusivas, como corresponde a una sociedad europea contemporánea.

Cataluña ha entrado en un círculo vicioso del que debe salir cuanto antes

Como ha demostrado la instrucción del Caso Palau, y se vislumbra ya en los procesos judiciales en curso a los líderes del separatismo catalán, las instituciones catalanas han caído en una dinámica política que monopoliza prerrogativas de decisión y las utiliza como fuente de poder e influencia económica, para consolidar su permanencia en el poder. Esta apropiación privada de prerrogativas públicas ha conducido a la esperable difuminación de la distinción entre propiedad pública y propiedad privada, lo que lleva a asegurarles la gestión y usufructo de los bienes públicos como patrimonio privado.  

Así, Cataluña ha entrado, de la mano de las élites independentistas, en un círculo vicioso del que debe salir cuanto antes para evitar un rotundo fracaso como sociedad. De lo contrario, correrá la misma suerte que otras sociedades cuyas élites tuvieron como objetivo primordial consolidar su poder promoviendo un sistema económico extractivo y refractario a crear incentivos para que la sociedad en su conjunto progrese a través de la inclusión. La prosecución de estos fines extractivos lleva en primera instancia a un estancamiento, y a posteriori, a una involución social y económica. Algo cuyas primeras manifestaciones ya son apreciables a ver en Cataluña.

En el caso catalán se da además otro factor que exacerba estos problemas, consistente en la existencia de una amplia y resiliente red clientelar que facilita prácticas de patrocinio dentro y fuera de la administración pública regional, prácticas que refuerzan los objetivos de consolidación del poder del nacionalismo. El fenómeno más ostensible de esta anómala relación patrón/cliente dentro de la administración pública catalana lo hemos podido ver en el llamamiento oficial por parte de altos cargos públicos catalanes a los funcionarios catalanes para ausentarse de sus puestos de trabajo para apoyar manifestaciones partidistas. 

Lo que esto implica en la práctica es que al objeto de preservar su prevalencia, el nacionalismo ha usurpado tanto el aparato de la administración pública regional como amplios sectores económicos privados mediante la creación de intereses. La resultante inevitable de este status quo es la inercia que lleva a que los intereses de los partidos y las asociaciones cívicas converjan en un movimiento político unitario en el que las diferencias pasan a ser nominales, ya que su motivación deriva de una comunión de intereses, y se centra en preservar su naturaleza extractiva, que excluye del poder a quienes no participan, bien como patronos, bien como clientes, en sus redes clientelares.

El independentismo tiende a un totalismo liftoniano, propio de sociedades insanas

Las consecuencias morales de este estado de cosas son demoledoras para la sociedad civil: más allá de que al borrar la demarcación entre lo privado y lo público se siembra la corrupción, cuando una organización burocrática como la Generalitat de Cataluña tiene como objetivo prioritario e inmediatista la reelección, conservación y expansión del poder de un determinado grupo social, la resolución de los problemas sociales pasa a un segundo plano, y por ende se disipa todo debate público sobre conflictos y necesidades sociales.

Es decir, una maquinaria burocrática así viciada, se convierte en un fin en sí misma, porque opera disfuncional y arbitrariamente con el único fin de satisfacer su propio instinto de supervivencia. Y como tal, tiende a un totalismo liftoniano, propio de sociedades insanas.

Este artículo no refleja necesariamente la opinión del consejo editorial o de Economía Digital y sus accionistas.

Santiago Mondéjar

Analista, Economía Digital

Santiago Mondéjar cultiva una visión pragmática de la actualidad. Y la transmite con prosa directa, sin adornos. Es estratega empresarial, reconocido por mejorar los negocios en términos de operaciones, rentabilidad, gestión y crecimiento.

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