Un caballo de Troya a medida de las CUP

Carles Puigdemont y Ángel Simón, presidente de Agbar, en el 150 aniversario de la empresa.

Un caballo de Troya a medida de las CUP

Es fácil concluir que hay intereses políticos por parte de las formaciones de izquierda en su compromiso para revertir la gestión de aguas en Barcelona

Tras el fiasco de la investidura de Carles Puigdemont, las CUP, cual novia despechada, han filtrado a la prensa un memorandum de entendimiento con JpC y ERC en el que entre otras perlas aparece un compromiso para revertir la concesión a Acciona de la gestión de las aguas de Aguas del Ter-Llobregat –que suministra el agua que consumen cuatro millones y medio de clientes en la Barcelona metropolitana– a cambio de apoyar la presidencia de Puigdemont.

Dicha concesión fue adjudicada en 2012 por el Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya por un periodo de 50 años a cambio de mil millones de euros. La concesión fue tumbada por el Organismo Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña en primera instancia, y más tarde por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como consecuencia de un recurso presentado por Agbar.

La exigencia de la remunicipalización de Aguas del Ter-Llobregat sale a la luz cuando el Tribunal Supremo está próximo a resolver definitivamente la impugnación de Agbar y coincidiendo con las maniobras de Ada Colau para remunicipalizar la gestión del agua cercenando el contrato de colaboración público-privada suscrito con Agbar a través de una consulta popular.

Pero si la remunicipalización del agua es la respuesta, ¿Cuál es la pregunta?

Es difícil no sacar la conclusión de que hay intereses políticos de fondo en ambas formaciones de izquierda para expandir sus políticas extractivas a fin de financiar sus utopías populistas y realizar sus proyectos de ingeniería social revolucionaria. Ciertamente, en el caso de Barcelona, resulta peregrino aducir criterios de mejora en la gestión del agua cuando en los últimos años se ha reducido el consumo por habitante hasta lograr que éste sea menor que el de Madrid o Londres, lo que ha convertido a la Ciudad Condal en modelo de referencia internacional en la gestión del agua.

Alegar una mayor eficiencia económica tampoco tiene demasiado recorrido, cuando la Oficina Antifrau de Cataluña detectó irregularidades por valor de millones de euros en la gestión de Aguas del Ter-Llobregat y los previsibles costes de la invalidación de la concesión rondan los 380 millones de euros, además del agujero de 1.000 millones de euros correspondientes a las cuentas de la Generalitat en 2012 cuando haya sentencia firme. Por lo tanto, parece claro que esta pulsión remunicipalizadora encubre a razones ideológicas bajo una piel de cordero técnica y social.

La paradoja es que, a pesar de que la motivación primordial que llevó a las administraciones públicas a la privatización de la gestión del agua fue el saneamiento de sus arcas, revertir el proceso les llevaría a sufrir graves problemas presupuestarios, tanto por las indemnizaciones por lucro cesante que se derivarían del incumplimiento de los contratos de privatización, como por el sustancial aumento del gasto corriente, habida cuenta de la necesidad de contratar a personal experto en la gestión del servicio de suministro y tratamiento del agua, y crear las necesarios estructuras gestoras. Un problema que se vería magnificado por la pérdida de impuestos municipales generados por las empresas que perderían las concesiones, y por los despidos que este cese de actividad acarrearía.

Todo ello cuando nos hallamos inmersos en una situación excepcional en la que la desconfianza se ha generalizado entre los inversores, y el temor a la inseguridad jurídica en Cataluña ha provocado una diáspora masiva de empresas que ha costado a la propia Agbar 15 millones de euros. Un ataque frontal contra esta empresa, ahora parte de la multinacional Suez, tendría sin duda serias consecuencias en términos de inversión y empleo en Cataluña.

Naturalmente, ésta es la menor de las preocupaciones para los partidarios del "cuanto peor, mejor". Cuando los soviéticos invadieron Afganistán en 1978, no colectivizaron la agricultura, aunque sí colectivizaron la distribución del agua destinada a usos agrícolas. En cuestión de meses, consiguieron que no hubiese suministro de agua en absoluto, después de que los canales de distribución privados que habían sido usado durante siglos se colapsaran.

La propuesta de las CUP para "recuperar" Aguas del Ter-Llobregat no surge del vacío, sino que se basa en un patrón de actuación que ensayaron en el Ayuntamiento de Arenys de Munt en 2010, cuando decidieron no renovar el acuerdo de concesión con Sorea, una filial de Suez, y pasar el control a la empresa municipal Gestión Urbanística y Servicios Arenys de Munt SA, lo que sumió la gestión del agua en una situación caótica al carecer de expertos y profesionales en la gestión del agua.

De manera similar, en 2014, el gobierno local de Santa Maria de Palautordera –también gobernado por las CUP– decidió remunicipalizar los servicios de suministro de agua después de haber ignorado las peticiones de Comunitat d'Aigües SL, que a la sazón tenía la concesión de la gestión del agua, para que el ayuntamiento les compensara financieramente por el déficit causado por las tarifas de agua impuestas por el ayuntamiento. Esto llevó a la Comunitat d'Aigües a la incapacidad de mantener su infraestructura de suministro y facilitó al ayuntamiento la justificación para asumir el control directo de la gestión del agua, con resultados perfectamente descriptibles.

Las disfuncionalidades observadas en los pequeños municipios de Arenys de Munt y Santa Maria de Palautordera nos permiten hacer una proyección de las esperables consecuencias de las políticas remunicipalizadoras del servicio de suministro y tratamiento de agua si se llevan a cabo a una escala infinitamente mayor y más compleja, como es el caso del Área Metropolitana de Barcelona.

Dado que los problemas que van a afectar  a la gestión del agua en el futuro derivan del cambio climático y tienen múltiples facetas, la única manera sostenible de abordar estos retos es mediante economías de escala que compartan conocimientos, tecnología, recursos, infraestructuras y gastos. Creer que un consistorio –que además sería juez y parte en la supervisión y prestación del servicio– tiene capacidad para proporcionar localmente la innovación, modernización y calidad de servicio necesarias para gestionar las casuísticas climáticas globales es, en el mejor de los casos, una cuestión de fe.

Este artículo no refleja necesariamente la opinión del consejo editorial o de Economía Digital y sus accionistas.

Santiago Mondéjar

Analista, Economía Digital

Santiago Mondéjar cultiva una visión pragmática de la actualidad. Y la transmite con prosa directa, sin adornos. Es estratega empresarial, reconocido por mejorar los negocios en términos de operaciones, rentabilidad, gestión y crecimiento.

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