Parar el mundo no es gratis, estimada Colau

05 de julio de 2015 (00:00 CET)

El pasado 2 de julio, la nueva alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, acabó anunciando la medida que muchos nos temíamos: una moratoria total sobre los establecimientos hoteleros, la imposibilidad de abrir en la ciudad ningún nuevo hotel, hostal, pensión, etc., hasta al menos el primer trimestre de 2016. Una decisión, a mi juicio, inoportuna, innecesaria y, tal vez, en algunos casos, ilegal.

No negaré que la líder de Barcelona en Comú, la coalición de izquierdas que se ha hecho con el gobierno de la ciudad, ha sido valiente y decidida al adoptar una resolución tan drástica, unas cualidades que con frecuencia he echado de menos en otros muchos dirigentes políticos. También que seguramente se trata de una actuación coherente con sus denuncias cuando militaba en la oposición. Lo que ya dudo es que sea adecuada para su papel actual como máxima responsable de Barcelona.

Podría estar de acuerdo en que el modelo turístico actual de la capital catalana es muy insatisfactorio para muchos de sus ciudadanos. Y, que, seguramente, es un modelo insostenible. Que quizás, como algunos han empezado a recordar, de seguir así, acabaríamos siguiendo la estela de la bella Venecia, o Siena, donde los vecinos son expulsados de sus barrios, al quedar convertidos éstos en meros objeto de consumo para los turistas que los ocupan.

Pero no suele ser muy útil matar moscas a cañonazos. Si bien el diagnóstico puede ser acertado y hay que evitar que Barcelona muera de éxito en esta industria tan sensible, no lo es la agresiva cirugía recomendada. No todo el turismo genera esos efectos indeseados y que se haya de limitar la apertura de tiendas de souvenirs en algunas zonas no significa que otra oferta comercial pueda perfectamente compaginar los intereses de los residentes con los de los visitantes.

Contra la moratoria existen además otras razones más urgentes. Como explicaba a propósito de la nueva norma, ya hay en unos cuantos despachos de abogados encargos para estudiar posibles reclamaciones ante el Ayuntamiento barcelonés. El dinero que ahorradores e inversores han entregado a proyectos que contaban con la oportuna licencia de uso hotelero, y que ahora quedan paralizados, va a exigir lógicas compensaciones por el daño causado, debido al retraso o, por qué no, la anulación del proyecto. Si estas reclamaciones se sustancian y ganan en los tribunales, el perjuicio económico recaerá sobre todos lo barceloneses, y eso también sería un golpe al bien común.

Ada Colau y sus socios en el gobierno municipal tienen, en definitiva, todo el derecho, y hasta el deber ante sus votantes, de desarrollar un nuevo modelo turístico para la ciudad, de frenar aquellas iniciativas que no encajen en sus propuestas, pero también tienen la obligación de asumir la herencia recibida y gestionarla, de dar continuidad a la vida institucional. Entre otras cosas porque parar el mundo mientras nos pensamos qué hacemos suele ser muy caro y, además, injusto.

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