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El Gobierno de Rajoy debe hacer respetar el estado de derecho, pero no solo con la ley se podrá solucionar el conflicto catalán

Jordi García-Soler

El Gobierno de Rajoy quiere hacer respetar el estado de derecho, pero no solo con la ley encontrará una solución al problema catalán. EFE/Fernando Alvarado

Barcelona, 19 de septiembre de 2017 (00:00 CET)

Nunca, ni tan siquiera cuando el fallido golpe de estado del 23-F, nuestro Estado democrático de derecho se ha enfrentado a un desafío político tan importante como ahora. En los cerca ya de cuarenta años de convivencia libre, democrática, ordenada y pacífica que llevamos vividos desde la entrada en vigor de la Constitución de 1978, jamás se había producido una situación de tanta gravedad institucional, política y social como la planteada por el secesionismo catalán con el ilegal referéndum de autodeterminación convocado para el próximo día 1 de octubre.

En una situación como esta, es evidente que el Estado democrático de derecho puede y debe utilizar todo el peso de la ley en legítima defensa propia. Entre otras razones, porque únicamente un Estado democrático de derecho puede defender de forma eficaz los intereses legítimos de todos y cada uno de los ciudadanos, por consiguiente tanto los intereses de la mayoría como los de las diversas minorías, y de forma muy especial los intereses legítimos de los más débiles frente a los de los más poderosos. Sin un Estado democrático de derecho solo prevalece la ley de la selva, la tiranía de los más poderosos contra los más débiles.

El Gobierno de Rajoy tiene la obligación y la legitmidad para hacer respetar el estado de derecho

No obstante, como se ha dicho y repetido hasta la saciedad desde las posiciones de la Tercera Vía, no basta con la pura y simple aplicación de la ley. “No contra la ley, pero no solo con la ley”, en feliz expresión de la plataforma ciudadana “Portes Obertes del Catalanisme”, resume y sintetiza a la perfección cuál debería ser ahora la pauta a seguir en la situación actual por parte del Gobierno de España presidido por Mariano Rajoy.

Es innegable que le asiste la legalidad democrática y constitucional, así como el pleno respaldo del derecho internacional. Pero está claro que no basta con ello.

El inmovilismo del Gobierno de Mariano Rajoy ante una cuestión de tanta gravedad, su incapacidad absoluta para dar algún tipo de respuesta política al reto secesionista, su incomprensible y tan larga indolencia frente a un desafío tan previsible como irracional, es de una irresponsabilidad histórica sin precedentes.

La indolencia de Rajoy ha acabado siendo cómplice del proyecto irracional del independentismo

Quienes se pasaron tanto tiempo atacando de forma inmisericorde al entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero por tierra, mar y aire, con aquel grito de “España se rompe”, han sido y siguen siendo auténticos bomberos pirómanos, es decir cómplices necesarios del secesionismo catalán, que está empeñado ahora en hacer realidad no solo la ruptura de nuestro Estado democrático de derecho sino la pura y simple desaparición del propio Estado.

“No contra la ley, pero no solo con la ley”, conviene recordarlo y, más aún, exigirlo. En primer lugar, sin duda alguna, al Gobierno de la Generalitat presidido por Carles Puigdemont y a todos sus muy variados compañeros en este viaje irresponsable a ninguna parte. Pero también es preciso recordárselo y exigírselo de forma muy especial por su mucha mayor autoridad y poder real, al Gobierno de España presidido por Mariano Rajoy.

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