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Moncloa mantiene la vía judicial, alardea de que ha hecho los deberes y lo confía todo, por ahora, a los tribunales

Carlos Carnicero

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y Soraya Sáenz de Santamaría han puesto en marcha a los tribunales. FE-CM

Madrid, 12 de septiembre de 2017 (20:25 CET)

La manifestación de la Diada fue observada con interés y preocupación por el Gobierno desde la consciencia de que era un termómetro del clima en la sociedad catalana, justo después de la aprobación por el Parlament de las leyes del referéndum y de desconexión.

La ausencia de incidentes y los datos de participación han tranquilizado al ejecutivo. Desde cualquier parámetro que se analice, todas las cifras dispares sobre el número de participantes demuestran que el soberanismo ha fracasado en su intento de una Diada histórica. Mucha gente, pero sustancialmente menos que en las anteriores ediciones. No se ha batido récord de asistencia y eso ya es mucho, dado el clima de tensión del 1-O. Habría que contar los que este año se han quedado en casa y considerar que se han desenganchado de una iniciativa fuera de toda legalidad. En todo caso, son muchos los que no parece importarles que el gobierno catalán se salte las leyes.

En el entorno de Carles Puigdemont se lamentan mucho de que miembros de Arran, la organización juvenil de la CUP, prendiera fuego a las banderas de Francia, España y la Unión Europea. Las fotos difundidas por la prensa internacional han tenido eco en Francia, empezando por el Cónsul en Barcelona, Raphaël Chambát, que se apresuró a mostrar su protesta y a exigir la acción de la Justicia, recordando que en Francia constituye un delito. No es el mejor momento para ultrajar, desde una organización que en definitiva es socia de la Generalitat en el gobierno y en este proceso, a un país tan cercano como Francia y a todos los socios de la Unión Europea con la quema de su bandera.

El TC suspende la ley de transitoriedad y el Ejecutivo piensa ahora en la ley de seguridad, pero sólo "cuando toque"

El Tribunal Constitucional ha demostrado que, si hubo un compás de espera en las instituciones para no generar tensión añadida en la Diada, el cronómetro ha vuelto a funcionar. Ayer, a última hora de la mañana, el pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, dio a conocer la admisión a trámite del recurso presentado por el Gobierno contra la ley de transitoriedad que pretende ser la constitución provisional de un estado que ni siquiera ha celebrado el referéndum. Los términos son tajantes. El Tribunal Constitucional ha accedido a la petición del Gobierno de notificar de forma personal al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y al resto de miembros del Gobierno, de la prohibición de dictar acuerdos que desarrollen ninguno de sus 89 artículos. También serán avisados los miembros de la Sindicatura Electoral, los cinco juristas escogidos como sustitutos de la Junta Electoral.

Hay hermetismo en Moncloa sobre la hoja de ruta y los límites de la respuesta del gobierno al desafío independentista. La respuesta es la misma siempre: “no se descarta ningún mecanismo legal para impedir el referéndum”.

El Gobierno está muy satisfecho del apoyo explícito y reiterado del PSOE y de Ciudadanos para frenar el 1-O y tratará en todo momento que las medidas que vaya adoptando sean conocidas y aceptadas por los dos partidos que le dan en la cámara un apoyo de 254 diputados. El PNV, que manifestó su desagrado por las formas que se emplearon en el Parlament, está pendiente de la intensidad de las medidas del Gobierno para impedir en referéndum, aspecto que tendrá que tomar en cuenta el Gobierno para no molestar a su socio parlamentario.

El Gobierno alardea de que ha hecho los deberes, pero se comprobará cuando Puigdemont intensifique la campaña del 1-O

Pero el día posterior a la Diada ha tenido más reacciones del ejecutivo. La Fiscalía de Cataluña, reunida con los responsables de los Mossos, Guardia Civil y Policía Nacional en la comunidad autónoma, ha dado orden por escrito a estos mandos para que “eviten la comisión de delitos y requisen urnas y todo material para preparar y celebrar el referéndum”. Un paso cualitativo con una orden directa al jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, para que se involucre en condición de policía judicial en impedir el referéndum.

El President de la Generalitat ha mostrado su disposición a negociar con el Gobierno siempre y cuando esté encima de la mesa el calendario y el compromiso para celebrar un referéndum de autodeterminación. No es una novedad y tampoco una ventana de luz en el conflicto, pero en parte demuestra que empieza a haber preocupación con el escenario que pueda existir el primero de octubre.

A pesar del hermetismo, se puede asegurar que en Moncloa existe un esquema exacto de respuestas con un cronómetro para cada situación que se pueda crear en los diecinueve días que quedan para la presunta celebración del referéndum. De todas las respuestas extremas posibles, Mariano Rajoy se decanta por la utilización de La Ley de Seguridad Nacional que permite que una resolución del Consejo de Ministros nombre de urgencia una “autoridad funcional” que tome el mando de las instituciones imprescindibles para garantizar la seguridad nacional. El caso más previsible es la intervención de las autoridades responsables del orden público y el cumplimiento de la ley que pudieran hacer dejación de sus funciones.

El cronograma está preparado y los dos partidos que apoyan al gobierno están informados puntalmente de las medidas del Gobierno.

El Gobierno ha trazado un cronograma con cada actuación posible en función de los pasos del Govern

El gobierno ha dado instrucciones muy detalladas en todos los niveles de la administración y del PP para evitar cualquier exceso. Y muy especialmente en lo relacionado al orden público desde la consciencia de que una equivocación en ese terreno podría ser muy grave.

En el plano diplomático la actividad también es intensa. Desde la posición de ventaja de que la Generalitat no tiene ningún apoyo internacional en sus intentos de celebrar un referéndum ilegal, algunas fuentes aseguran que la canciller Ángela Merkel tiene preparada una declaración de apoyo al Gobierno de España desde el respeto a un asunto interno pero que compromete la legalidad de un socio de la UE. Y otras fuentes aseguran que el Gobierno trabaja con otras iniciativas con otros Estados miembros para completar las advertencias hechas desde las instituciones europeas a los secesionistas, en especial en relación a su salida automática de la Unión en el hipotético caso de secesión.

Desde el alivio que existe en Moncloa por el análisis de la Diada, el programa de trabajo del equipo encabezado por Soraya Sáez de Santamaría presume de tener los deberes bien hechos. En los próximos días se demostrará si sus planes funcionan.

 

 

 

 

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