Miren al País Vasco y Valencia, no a Cataluña

22 de julio de 2015 (00:00 CET)

Querría titular este Sociedad Abierta –ya saben, Popper, siempre Popper-- con una defensa de Extremadura, porque es un territorio que siempre acaba recibiendo ácidas críticas, principalmente desde Cataluña.

Se les acusa a los extremeños de recibir en exceso por parte del conjunto de los españoles, --aunque los catalanes creen que son sólo ellos los que aportan-- pero creo que pocos catalanes aceptarían un canje por un extremeño, porque es una tierra complicada, con una actividad económica muy por debajo de la catalana, con expectativas de futuro difíciles. Entre Barcelona y Cáceres, Plasencia o Badajoz, creo, honestamente, que no puede haber comparación. Pero la deriva soberanista ha llevado a muchos a decir barbaridades.

El hecho es que el Gobierno central ha ofrecido una nueva tanda de datos, esta vez de 2012, para reflejar las balanzas fiscales. Y se ha demostrado que el problema no es Extremadura, ni Cataluña. Deben ustedes mirar hacia otras latitudes, lo que no quita una verdad como un templo: el modelo de financiación autonómico es un caos, es arbitrario, es injusto, y precisa de un sistema que tenga en cuenta las necesidades de cada autonomía, es decir, que mire por el conjunto de los españoles, al margen del lugar en el que vivan.

Con el cálculo que ha elaborado un equipo de economistas, dirigido por Ángel de la Fuente, junto a Ramón Barberán y Ezequiel Uriel, se da la siguiente circunstancia: La Comunidad Valenciana recibe 1.848 euros por habitante, frente a los 3.862 euros que reciben los vascos, o los 4.326 euros que reciben los Gobiernos de Ceuta y Melila por cada uno de sus habitantes.

Valencia, aunque tiene una renta per cápita inferior a la media española, presenta un déficit fiscal del 1,48% del PIB, es decir que aporta más que recibe. Eso supone 1.453 millones de euros de déficit, que son 500 millones más que en 2011. En el trato fiscal, va a peor.

El País Vasco, en cambio, y Navarra, tienen superávits fiscales, a pesar de ser las comunidades con más renta per cápita, gracias a sus sistemas de concierto económico. El problema no es que posean el concierto, sino que no se calcula bien –porque políticamente no conviene-- el cupo que deben pagar al Gobierno central por los servicios que presta en esas comunidades.

En Cataluña lo que ha ocurrido es que la intervención del Gobierno central, --recuerden que en 2012 se vivía con intensidad la crisis económica-- ha paliado la menor actividad económica, con el pago de prestaciones por desempleo y pensiones. Y se ha reducido el déficit fiscal entre 2011 y 2012 en 1.000 millones de euros, y se ha fijado en el 3,75%. ¿Es mucho? ¿Se podría reducir?

Madrid tiene un déficit fiscal mayor, del 9,57% de su PIB, pero es cierto que se deben tener en cuenta diversos factores: efecto sede de los principales organismos del Estado, más funcionarios e impuestos más bajos, que es una decisión del gobierno autonómico.

Los autores del nuevo cálculo sostienen que el 70% de los saldos fiscales territoriales tienen su razón en que se pagan más impuestos en los territorios con más renta per cápita que en los más pobres. Pero es verdad que existe una cierta discrecionalidad en el 30% restante, respecto a las políticas de gasto de la administración central.

Teniendo en cuenta todo eso, y los casos flagrantes como el de Valencia –se entiende poco que sus autoridades no lo expliquen con mayor vigor-- lo que se debe hacer es coger el toro por los cuernos y arreglarlo. ¿O no hay ningún gobierno que sea capaz?

Dicho eso quedan dos cosas: que no hay un país homologable a España en el que se debata sobre ésto – ¿se imaginan a Ille de France, enojada por su déficit fiscal respecto al resto de departamentos franceses?-- con esa pasión política, y que todo ello difícilmente puede invitar a una secesión.

 

 

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