Las temblorosas piernas de Forcadell

30 de diciembre de 2016 (06:00 CET)

Llega la hora. Aunque tal vez ninguna de las partes quisiera llegar tan lejos, la lógica interna del sistema judicial acelera sus pasos. Y antes del verano, como apuntan fuentes judiciales, el caso que atenaza a la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, podría estar listo con una inhabilitación de cargo público. Algunos de los dirigentes de Junts pel Sí han dado por hecho que esa sentencia llegaría a finales de 2017, o para 2018. Pero la magistrada del TSJC, Maria Eugènia Alegret, va a toda velocidad, sin que se puedan vislumbrar elementos que puedan actuar como atenuantes, o que alarguen la causa por intereses políticos. Llega el choque. El de verdad.

Porque lo importante ahora para el bloque soberanista ya no es la causa del 9N, con el juicio previsto para febrero con Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega en el banquillo. Aunque Mas pueda albergar esperanzas para presentarse de nuevo en unas elecciones, lo que interesa y preocupa es la situación de Forcadell, porque es la segunda autoridad en Cataluña y un símbolo del movimiento soberanista. Y aquí las dudas son enormes.

¿Está en disposición el Parlament de aprobar una resolución para mantener a Forcadell en el cargo, aunque sea inhabilitada? A Forcadell le tiemblan las piernas, más allá de sus declaraciones oficiales. No es ninguna broma. El independentismo ha ido jugando en los últimos años, en una especie de ensoñación infantil, pero llega un momento en el que pasan cosas. De verdad.

Si el independentismo quiere resistir tendrá una oportunidad de oro, que puede tener graves consecuencias, y que puede pasar por una suspensión de la autonomía. ¿Es lo que quiere? Al margen del shock inicial para la sociedad catalana –para los soberanistas en particular-- las decisiones judiciales se acabarán entendiendo, máxime cuando Cataluña, en su conjunto, no se caracteriza por ser una sociedad aventurera. No lo es. Hay muchos intereses en juego, y económicamente es un territorio acomodado, digan lo que digan los portavoces de las entidades soberanistas.

El juego se acaba. El problema para el Gobierno central es que la necesaria vía judicial no puede ser la única para resolver los problemas de orden político. Y ahora que se presta a desfacer el entuerto, con el liderazgo de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, llegan las sentencias judiciales.

La cuestión de fondo es que no deben ser incompatibles. El Gobierno central es consciente de que tiene un problema político de envergadura en Cataluña. Y que los propios retos de la economía española pasan por resolver los nudos en ese territorio, como las inversiones en Cercanías o en el Corredor Mediterráneo. Y lo que resuelva la Justicia se deberá respetar.

Lo que no queda tan claro es saber hasta dónde quiere llegar la Catalunya institucional, la dominada por los dirigentes independentistas. Tal vez ha llegado el momento de asumir la realidad, justo cuando la última encuesta del CEO señala que Junts pel Sí no alcanzaría la mayoría absoluta en unas elecciones, ni con el apoyo de la CUP.

Ahora sí, tiemblan las piernas de Forcadell. ¿Miramos de frente las cosas o seguimos en la nube?
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