La Lotería de Navidad y las tragaperras

Alberto Garzon, ministro de Consumo./ Efe

La Lotería de Navidad y las tragaperras

Mientras el Estado crea un marco regulador óptimo para sus loterías ahoga con normas y tributos al sector privado del juego criminalizándolo

Ya se ha presentado la campaña de publicidad de la Lotería de Navidad de este año. Jesús Huerta, secretario de SELAE, el organismo público gestor de Loterías del Estado que incluye la bonoloto, el euromillón, la quiniela, etc., afirmo: "Los valores de la sociedad española son los de la Lotería de Navidad. Uno de ellos, la solidaridad, cobra especial relevancia este año por la situación que estamos viviendo. La Lotería forma parte de nuestra Navidad. Nos conecta con la memoria colectiva, es una tradición que nos aporta ilusión en los momentos de dificultad".

Unos días antes, el ministro Alberto Garzón había calificado al juego “como un problema de país”. A esta hora se espera el cese del directivo del ente gestor de las loterías públicas y el anuncio del proceso de cierre de dicho organismo dado que para un miembro del Consejo de Ministros una empresa pública “es un problema de país”.

Ciento setenta millones de décimos a la venta por un valor de 3400 millones de euros. Una facturación anual cercana a los 10.000 millones de con un margen del 25%. Las loterías públicas, a diferencia de los juegos privados, tienen permitidas campañas de publicidad, patrocinio deportivo, etc. Son líderes de mercado con un 35% de cuota, seguidos de la ONCE con un 15%, el conjunto del sector privado que agrupa bingos, casinos, salones, maquinas recreativas son el 50% restante.

El Estado ahoga al sector privado del juego y lo criminaliza

Mientras el Estado apoya a la ONCE con un régimen fiscal favorable y se crea a si mismo un marco regulador óptimo para sus loterías en un contexto pseudoprevaricante, ahoga con normas y tributos al sector privado del juego criminalizándolo.

A Garzón lo imitan casi todas las comunidad autónomas dado que la mayoría están presentado legislaciones que impiden la apertura de salones, llevan al cierre a muchos de ellos, prohíben a los bares de nueva apertura que tengan máquinas recreativas, etc. Por ejemplo, en los planes de desescalada de Cataluña los salones de juego siguen cerrados aunque estén ubicados en centros comerciales que reabren sus puertas. No es un olvido, es un acto de hostilidad evidente hacía un sector que hasta hoy solo pago impuestos y callo.

Un bar que abra sus puertas hoy, en muchos lugares de España, puede vender Lotería Nacional, puede vender el cupón, un rasca de la ONCE, pero no tener una máquina recreativa

Un bar que abra sus puertas hoy, en muchos lugares de España, puede vender Lotería Nacional, puede vender el cupón, un rasca de la ONCE, pero no tener una máquina recreativa. En nuestro país cerca de un colegio puede haber un club canábico, se puede vender alcohol o tener un Peep show, pero no un salón de juego. Los tres primeros no tienen registro ni control del entrado, el salón de juego sí.

Es cínico prohibir el juego privado y declarar que los valores del juego público son “los de la sociedad española”. Es absurdo afirmar que el juego es malo y luego promocionar una campaña publicitaria promoviendo el juego.   

En la Transición la despenalización del juego fue uno de los síntomas del camino de España hacia la libertad. El juego privado es uno de los grandes contribuyentes fiscales de las comunidades autónomas dado que además de los impuestos que paga toda empresa, sea del sector que sea, el juego privado hace frente a tasas y gravámenes específicos así como a controles y regulaciones que hace más costoso el proceso de comercialización.

El juego privado sostiene a la hostelería

El juego privado no es un ente aislado, es una piedra angular en el sostenimiento de los 300.000 bares que hay en España y estos a su vez son un signo de identidad de nuestro país. El juego privado no es un ente aislado o un mero contribuyente, es un actor clave de sectores como la distribución de bebidas, el sector inmobiliario, el turismo por no hablar de la innovación e investigación.

Las comunidades autónomas tienen transferidas las competencias reguladoras y fiscales sobre el juego privado y su actuación sobre el mismo durante décadas fuera meramente de depredador fiscal. Ahora, la mayoría de gobiernos autonómicos, tras esquilmar a las empresas durante años, han decidido pegarse un tiro en el pie y renunciar a los ingresos procedentes de las compañías de juego privado para prohibirlas. Con ello no solo renuncian a unos ingresos, que en las actuales circunstancias son más necesarios que nunca, además mandan al paro a decenas de miles de trabajadores de empresas de juego y del sector de la hostelería.

Creer que la gente dejara de jugar es iluso. Quizás Garzón y el Gobierno en pleno ha decidido que, al igual que con la Ley Celaá, los niños deben dejar de estudiar en la escuela concertada o privada para acudir solo a la pública para ser debidamente adoctrinados. Los españoles podemos seguir apostando sobre quien ganará el próximo partido de Liga del Español o el Betis pero no en una casa de apuestas privada sino en la Quiniela, que es pública.

Este artículo no refleja necesariamente la opinión del consejo editorial o de Economía Digital y sus accionistas.

Joan López Alegre

Analista, Economía Digital

Joan López Alegre, al margen de su carrera política -fue diputado en el parlamento catalán-, es profesor de comunicación política en la UAO-CEU y licenciado en Historia (UB).

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