La encrucijada monárquica

12 de enero de 2014 (00:00 CET)

Vuelvo a la rutina de una cita semanal con ustedes, queridos lectores, unos días después de la patética comparecencia del Rey con motivo de la Pascual militar y algunos días menos después de que el juez comunicara a la Infanta Cristina su imputación por presuntos delitos fiscales y de blanqueo de capitales en el caso Aizoon. Entenderán que nuestro reencuentro se lo dedique a la Casa Real. La otra alternativa era el proceso soberanista, pero de ello ya tienen en la hemeroteca de ED una producción abundante, por lo que tiempo habrá de analizar el nuevo curso que vayan tomando los acontecimientos.

Aunque el Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS, no pregunta sobre la Monarquía desde mayo del año pasado, cuando suspendió con un 3,8, es probable que su valoración haya ido bajando entre los ciudadanos españoles en la medida en que su actuación ha continuado dando muestras de torpeza cuando no de una clara irresponsabilidad y falta de sentido de Estado especialmente en todo lo que refiere a las andanzas de Iñaki Urdangarín y su esposa, la infanta Cristina, séptima en la escala de sucesión.

Las 227 páginas de expediente elaboradas por el juez Castro sobre la conducta supuestamente delictiva de la hija del Rey constituyen un potente alegato. Que hace unos meses, don Juan Carlos decidiera alejar a la pareja de la Zarzuela por “conducta no ejemplar” constituyó una decisión necesaria, pero no suficiente, cuando lo único que se le pide a la monarquía española es, precisamente, que sea ejemplar, como quizás olvidaba el propio Rey en ese mismo acto de la Pascua al hablar de “una sociedad castigada por la crisis y desencantada por los casos de falta de ejemplaridad en dirigentes e instituciones”.

 
A la monarquía española sólo se le pide que sea ejemplar, cosa que tal vez el Rey ha olvidado

La pobre valoración que ese último examen sociológico del CIS dio a la Monarquía muestra la falta de credibilidad que el aparente arrepentimiento de Juan Carlos I merece entre la población. De hecho, hace poco un sondeo de Sigma 2 para el diario El Mundo aseguraba que un 62% de los ciudadanos quería la abdicación.

El que oficialmente un portavoz de la Casa Real dijera que no podía ni confirmar ni desmentir si la infanta Cristina había dormido en la Zarzuela en su vuelta a Madrid para preparar su declaración ante el juez Castro alimenta las sospechas sobre la falta de sinceridad de los discursos de su Majestad, o de coherencia. Que todo lo que se les ocurra a los estrategas para mejorar la imagen del máximo representante del Estado español sea un reportaje en Hola y una portada retocada con Photoshop hasta el aburrimiento no ayuda desde luego.

En esta tesitura es fácil entender el cansancio de los ciudadanos españoles y una buena parte de sus élites hacia una institución cuya virtualidad, como la del resto de similares, sea la británica o cualquier otra, en el mundo globalizado actual es más que discutible.

Los cada vez menos defensores que le quedan a la monarquía argumentan que su alternativa necesaria, una jefatura del Estado con capacidad y autoridad para el arbitraje político, sería igualmente costosa, olvidan que el presupuesto que se le destina siendo algo a tener en cuenta no es no de lejos la más importante. No.

La principal objeción que se le puede hacer a la monarquía es su obsolescencia, apenas apoyada ya en una dudosa legitimidad histórica. El carácter hereditario de la transmisión del título es todo lo contrario al valor de la meritocracia que se acepta hoy universalmente como motor de modernidad. Su inelegibilidad es una restricción democrática difícilmente justificable. La España del futuro, tan difícil de construir, necesita otras instituciones.

En este punto, sorprende otra vez la falta de explicaciones, propuestas o exigencias por los partidos mayoritarios, que prefieren mirar hacia otro lado y poner cara de estar pensando en las musarañas ante todo lo que afecta al jefe del Estado español, como si éste gozara de un poder autónomo difícilmente justificable. Parece que esa actitud fuera una nueva muestra de su falta de política de Estado, un déficit del que se derivan la mayoría de nuestros problemas actuales.

PP y PSOE deberían ponerse frente al problema y no de lado. Quizás sería ahora un buen momento para que ambos partidos, con consultas más o menos regulares con el resto de formaciones políticas, constituyeran un grupo que trabajara con la mayor discreción posible en una adaptación de la Constitución española al futuro, con tiempo, sin parches, pero con la misión de dotar a este país de los nuevos instrumentos democráticos que va a necesitar.
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