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Turull asegura que habrá referéndum sí o sí, sin pensar en ninguna otra alternativa, pero se trata de un auto de fe del soberanismo

Manel Manchón

Jordi Turull, el consejero de Presidencia, asegura que el referéndum se realizará con las garantías "de siempre", brindando a un auto de fe. EFE/Toni Albir

Barcelona, 25 de julio de 2017 (07:55 CET)

Jordi Turull es ahora la cara visible del gobierno catalán que preside Carles Puigdemont. Esta en todas partes, delante de todos los micros. Turull quiere aportar seriedad. Su rostro le llevaría a ello, si la materia estuviera fundamentada. Pero esa prudencia, el tono grave, la buena entonación en lengua catalana –en castellano ya le cuesta más-- choca, precisamente, con lo que esgrime: y es que la organización del referéndum, un referéndum de verdad, no se ve por ninguna parte, ni se puede tocar. No hay nada tangible. Pero, pese a ello, Turull insiste en que el 1 de octubre habrá un referéndum, “con las garantías de siempre, aunque se pueda votar en un colegio o emplazamiento distinto al habitual”.

Lo que propone Turull es, en realidad, un auto de fe. Si se analiza desde la perspectiva de una parte importante de la sociedad catalana, que desea ese referéndum y que es independentista, cuesta creer que se vea como seguro ese referéndum. Pero se sigue jugando a que todo será “como siempre”, con urnas, papeletas, censo y colegios electorales.

Turull insiste en que todo se realizará "como siempre", pero no hay nada tangible respecto al 1-O

Ocurrió este sábado en Rac1, en el programa Via Lliure, que dirige Xavi Bundó, donde este cronista participó en la entrevista al consejero de Presidencia, Jordi Turull. El problema en estos casos, es que la conversación ya deriva hacia la 'normalidad' que defiende Turull. Y el resto de participantes no tiene duda de que lo lógico, lo que de verdad es democrático, es la organización del referéndum. Lo apuntaron otros participantes, como Sara González, Jordi Graupera y, con algunos matices, Josep Martí Blanch.

Lo que ha propuesto el Gobierno catalán, y con Turull, realmente, Puigdemont puede estar tranquilo porque es una elección magnífica para sus propósitos, es darle la vuelta a la realidad. De nada sirve en estos momentos mencionar o hacer ver que el referéndum es ilegal, que no forma parte del ordenamiento jurídico español y catalán. La salida del soberanismo es plantear la “legitimidad” de la propuesta del referéndum, porque una mayoría parlamentaria la sostiene. Frente a la legalidad de la Constitución, se opone la fuerza de la democracia.

Sin embargo, la fecha del 1 de octubre se irá acercando de forma inexorable, y el Gobierno central marcará de cerca a la Generalitat. Turull afirmó que no hay ningún plan B, y que si no se celebra el referéndum –cosa descatable, a su juicio-- no habrá otra cosa. Es decir, se renuncia, --y se reitera de forma pública-- que no se repetirá una especie de nuevo 9N.

La incógnita es conocer qué hará el independentista cuando vea que no hay referéndum

Así las cosas, el ciudadano catalán debe someterse a un auto de fe, a pensar que su gobierno –legíticamente, guste más o menos, es el de todos los catalanes-- lo tiene todo previsto, todo analizado y garantizará la celebración de un referéndum, con el compromiso de aplicar el resultado que arroje.

Pero, ¿qué ocurrirá si sólo se desea excitar al Gobierno central, buscar la bronca, provocar el error del Ejecutivo de Mariano Rajoy para lanzar una movilización intensa sin un objetivo claro? ¿Cómo reaccionará ese catalán convencido de que el soberanismo es el camino cuando compruebe que el Gobierno de Puigdemont sólo improvisa, sabedor de que no tiene margen de maniobra?

Esa es la responsabilidad de hombres como Turull, que hablan poco, pero pronuncian palabras contundentes, que sonríen poco, pero dicen ser poseedores de la verdad. Y también es la responsabilidad de todos aquellos que jalean esos propósitos, y que saben, también, que el independentismo ha llevado a Cataluña a un callejón sin salida.

Por eso estaría bien que se dijera, con mayor claridad, una evidencia: el referéndum de autodeterminación en España no está contemplado. Es ilegal. Y el Estado, --el que ofrece derechos y pide obligaciones a todos los ciudadanos-- tiene la obligación de defender esa legalidad.

 

 

 

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