Entre el cinismo y Lampedusa

12 de julio de 2014 (18:47 CET)

El diagnóstico es casi unánime: nuestras instituciones se degradan y hacen falta reformas urgentes. Entre las causas de ese deterioro, la crisis de la representación política y, por supuesto, del funcionamiento de los partidos. También, la ruptura de uno de los pilares básicos de la democracia, la separación de poderes. Hasta el partido conservador por excelencia, el PP, lo ha asumido y lo plantea como un tema central de sus debates este verano. Otra cosa, es que acierten con las medidas. Pongamos un par de ejemplos, los recientes informes del Tribunal de Cuentas y la propuesta de alterar el método de elección de los alcaldes.

En un memorándum remitido la última semana al Congreso de los Diputados, el órgano encargado de fiscalizar, entre otras instituciones, a los partidos políticos denuncia una serie de situaciones que deberían hacer caer la cara de vergüenza a una buena parte de los dirigentes de este país. Especialmente a los de Unió Democràtica e Izquierda Unida. El análisis de las cuentas es del año 2012 y en él se contempla que media docena de partidos llevan cuatro años seguidos con patrimonio neto negativo, es decir, en causa de disolución.

Por primera vez, eso sí, se pasa del dicho al hecho y el Tribunal ha decidido expedientar a IU por violar la ley de financiación, como también lo ha hecho contra el Partido Aragonés Regionalista, generalmente por donaciones no identificadas. La formación que preside Cayo Lara tenía un patrimonio neto negativo de más de 13 millones de euros. La contabilidad de Unió presenta una situación que sería dramática para cualquier empresa o familia que estuviera en ese estado: ingresa 3,1 millones entre subvenciones públicas y financiación privada y adeuda casi 17 millones, unas seis veces su “facturación”.

Pero ningún escándalo se ha producido. Los vocales progresistas se han opuesto al expediente sancionador contra IU alegando que los hechos estaban prescritos. ¿Les suena? En el caso de Unió hay además un hecho especialmente grave. Se ha sabido que el partido de Josep Antoni Duran i Lleida consiguió que Kutxabank le condonara 9,6 millones de euros, fundamentalmente de intereses de demora de una deuda contraída con la antigua BBK.

Si el hecho en sí ya resulta insultante, esperen a oír la justificación que al parecer ha dado su nuevo tesorero: se trataba de intereses que rozaban la usura. Si hubiera tenido un mínimo de coherencia debería haber propuesto rápidamente una fusión con el movimiento que lidera Ada Colau y exigido una inmediata amnistía para todos los que no pueden pagar sus hipotecas que, a buen seguro, deben considerar los intereses que pagan también abusivos.

El demoledor informe del Tribunal de Cuentas es más lacerante si cabe por cuanto sus miembros son nombrados por los propios partidos políticos. No son representantes escondidos de Podemos críticos con “la casta” o de algún movimiento antipolítico, sino que están designados por las mismas formaciones que componen las Cámaras legislativas, las que hacen las leyes por las que deben regirse y en algunos cosas los responsables de asegurar que se cumplen. Demasiado cínico. Hagan lo que yo diga, pero no lo que yo haga.

Unos partidos que muestran en sus balances tal dependencia de los bancos, ¿qué capacidad tiene de embridar a los poderes financieros del país? ¿qué credibilidad ante los ciudadanos de hacer leyes sobre morosidad o cualquier otro aspecto que tenga que ver con las relaciones comerciales?

Resulta descarado, o simplemente patético, como prefieran, que al grito de hay que hacer reformas del sistema político se empiece por el sistema electoral por el que se eligen los consistorios municipales, justo por aquello que debe ser sometido a votación antes de un año. La manera en que se ha enunciado esa reforma, de cuya precipitación da fe que lo que único que se sabe es lo que quieren conseguir, no cómo, da la sensación que se trata más bien de mantener el actual status quo no vaya a ser que se nos cuelen ya en las ciudades listas no deseadas por el establishment como ha sucedido en el Parlamento europeo.

Desconozco a estas alturas si finalmente lo llevarán adelante, pero estoy convencido de que no frenarán así su propio desprestigio. Si la única idea que tienen sobre los cambios que necesita el sistema político de este país es ésta, apañados vamos. Para reformar la democracia, pues… menos democracia. Giuseppe Tomasi, el príncipe de Lampedusa, fue mucho más inteligente en El Gatopardo cuando empezó a cambiar el orden establecido para que nada cambiara. Y encima ahora la gente tiene Internet.
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