El espejismo de la tasa Google

23 de febrero de 2014 (00:00 CET)

El lobby de la industria tradicional de medios es un poderoso lobby. ¿El cuarto poder? Tal vez, aunque esta vieja definición habría que matizarla mucho hoy en día. Para ser honestos y si queremos poner las cosas en su sitio deberemos reconocer que más de medios en sentido puro habría que hablar ya de una mezcolanza de poder de los medios y poder financiero, porque como es bien sabido una buena parte de las grandes cabeceras tienen ya como principales accionistas, o como prestamistas destacados, a las mayores entidades financieras del país o incluso de fuera.

Sea como sea, el caso es que esa amalgama de viejos medios de comunicación y entidades financieras sigue siendo realmente muy poderosa. En la sociedad actual, el “papel”, la prensa escrita, sigue teniendo una increíble atracción entre las élites políticas y económicas del país, una influencia que no se corresponde a menudo con su peso real en lectores, pero que las continua manteniendo subyugadas.

Ese poderoso lobby ha estado batallando sin éxito durante muchos años por una rebaja del IVA, aunque disfrutan de uno de los más bajos en el campo de las industrias culturales. Pero no lo han conseguido y es que corren malos tiempos para rebajas de impuestos. Confiaban en ello como en una especie de bálsamo de Fierabrás que aliviara sus deprimentes cuentas de resultados. El fracaso les ha llevado a duras disensiones internas en el seno de su patronal, la AEDE, que han acelerado el fin de algún mandato.

Personalmente, dudo mucho que esa hipotética rebaja del IVA les hubiera servido de algo dado el tamaño del agujero en sus balances. Tampoco creo que les vaya a servir de nada lo que ya se conoce como la tasa Google y que, aprobada hace poco, en consejo de ministros en el marco de una reforma de la ley de propiedad intelectual camina hacia sus trámites parlamentarios, aunque hay quien apuesta que el texto presenta tantas vaguedades y deficiencias que existen serias dudas acerca de su viabilidad.

Como náufragos que bracean a la desesperada, los editores de la industria tradicional de medios se agarran ahora a este proyecto de ley como se hubieran agarrado a cualquier cosa que les insuflara algo de aire a sus caducos y endeudados modelos de negocio. Se equivocan una vez más. Un gobierno tan cortoplacista y tan acosado por muy diferentes frentes como el que lidera Mariano Rajoy, sin embargo, no ha tenido problemas en conceder esta pieza, aparentemente sin ningún coste político, a cambio de favores que todos nos imaginamos. Desgraciadamente en este caso no está claro que ese paso no sea en sentido contrario al de la historia.

El error básico es seguir creyendo que el sistema de propiedad intelectual de la sociedad industrial sigue siendo válido sin apenas matices en la actual sociedad digital. Como no puede ser igual la educación, y ni siquiera las relaciones familiares. Nuestros queridos y viejos editores de la AEDE y nuestro Gobierno deberían, al menos, haber aprendido algo de lo que está ocurriendo en la industria musical o cinematográfica.

En este tema, como en muchos otros, nuestro Gobierno es poco original. La tasa Google ya se implantó en Alemania, donde se puso con carácter voluntario –los periódicos podían impedir la indexación de sus contenidos- y ha fracasado; aquí, por lo que se sabe o se intuye, ningún medio podrá ceder libremente al agregador sus contenidos. En Francia, Google paga 60 millones de euros que en principio iban a ir directamente a los editores pero que finalmente se acordó que fuesen a una fundación para facilitar la transición digital de la prensa. Curioso, ya no se trata tanto de proteger la propiedad intelectual como de ayudar directamente a los medios impresos. En Estados Unidos, donde la crisis de la prensa se ha estudiado hasta en una comisión del Senado, esa tasa no ha aparecido nunca en ningún argumento.

Las vaguedades del texto y su incoherencia a menudo entre lo que pretendidamente dice querer defender y lo que supuestamente está escrito genera un sinfín de interrogantes a los que ningún miembro del Gobierno hasta ahora ha entrado al trapo de responder: ¿Quién cobrará esa tasa? Hombre, si es la SGAE quizás intentan arreglar dos problemas (el de la prensa y el de la sociedad de autores) de un solo tiro, ¿cómo se repartirá?; ¿estarán Facebook y Twitter e… incluidos también como damnificados? ¿en caso contrario, por qué? ¿si se les incluye, cómo se les va a hacer pagar, y si se niegan?; si Economía Digital quiere ceder gratuitamente a Google sus contenidos sin compensación, ¿por qué no podemos hacerlo?; ¿pagarán también los programas de radio o de televisión que cogen diferentes cortes de programas de otros operadores?...

En fin, más que un proyecto de ley innovador que busque realmente adecuar el derecho a la propiedad intelectual a la nueva sociedad de la información, parece que nos encontramos ante dos caminantes sedientos, uno (los medios) de ingresos y otro (el Gobierno) de cariño, que en medio del páramo han visto un espejismo, el de la tasa Google. Pura ofuscación. Como hemos dicho otras veces, el mundo de la información tiene por delante más dudas que certezas, pero ese camino se va a recorrer mejor con Google que en su contra.
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