El caso VW: puestos de trabajo frente a derechos y ley

11 de octubre de 2015 (00:00 CET)

Mientras el Congreso, norteamericano claro --espero que no se hayan imaginado otra cosa-- interroga al presidente de la filial automovilística y la fiscalía alemana entra a saco en la sede de Wolfsburgo, la compañía de Das Auto sigue sin poder (o querer) responder a la pregunta esencial de lo que ya es uno de los mayores escándalos industriales de la historia.

¿Quién y cómo se dio y transmitió la orden de implantar un software tramposo en unos 10 millones de vehículos, de varias marcas del grupo y montados y distribuidos por todo el mundo? ¿Cómo organizó el gigantesco engaño una de las mayores multinacionales que existen hoy en el mundo, con una rígida y muy jerarquizada estructura de mando?

Nada o casi nada se ha avanzado aún en responder esa pregunta aparentemente fácil pero de graves consecuencias. Lo que sí parece que empezamos a vislumbrar es cómo se va a jugar la batalla de la opinión pública. Y la estrategia parece diabólicamente ingeniosa: se trata de enfrentar el miedo a perder numerosos puestos de trabajo, directamente y a través del frenazo en inversiones comprometidas, con la legislación actual y los derechos que ésta protege.

Los sindicatos, y hasta un ministro tan descolocado y tardío en definir su posición como José Miguel Soria, han puesto el acento en salvar las inversiones que el grupo había anunciado con anterioridad a la crisis y los puestos de trabajo que se derivarían de su ejecución. La compañía se deja querer y lo mismo su nuevo presidente advierte que se revisará hasta el último céntimo hasta saber el montante de las reclamaciones a las que se enfrentan como mantiene reuniones en las que enseña una carpeta con el nombre del maná de las inversiones.

Volkswagen se enfrenta a posibles acusaciones en múltiples frentes. Aunque no soy abogado, supuestamente ha cometido un delito contra la seguridad industrial al trucar el software que indica las emisiones reales de sus vehículos; lo ha hecho contra la salud y el medio ambiente; puede haber fraude fiscal si los coches trucados se han beneficiado de bonificaciones, como puede haber cometido un fraude a la Hacienda pública si ha recibido subvenciones específicas en ese capítulo; evidentemente habría engañado a clientes y a sus propios accionistas que poseen o han adquirido acciones de una empresa que dice poseer unos activos (en tema de control de emisiones) de los que carece; habría podido atentar contra la competencia y los Toyota, Ford, Honda… demandarle por haberles cogido una cuota de mercado que no habría tenido si hubiese declarado sin mentiras las características medioambientales de sus productos… En fin, una lista demasiado larga.

Anteponer el riesgo de pérdida de puestos de trabajo a la reparación de tantos y tantos afectados no deja de ser un dilema cínico. El derecho al trabajo nunca puede justificar el respeto a las leyes y los que se atreven a plantear una dicotomía semejante son igual de tramposos porque si se admite ese argumento estaríamos dando carta de naturaleza a que el fin justifica los medios, cualquier medio, y esa línea de pensamiento no cabe en nuestra sociedad de garantías.

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