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El soberanismo considera presos políticos a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, y ha hecho bandera de ello con el propósito de potenciar el activismo callejero

Miquel Porta Perales

Las defensas de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, a su llegada a la Audiencia Nacional antes de entrar en prisión. / EFE

Barcelona, 19 de octubre de 2017 (13:22 CET)

Después de cinco años de “proceso”, el secesionismo catalán ya tiene lo que buscaba: los dos primeros activistas encarcelados –preventivamente- que probarían que España es un Estado represor que niega los derechos fundamentales del pueblo de Cataluña y de los ciudadanos de Cataluña.

¿Activistas encarcelados? Que no –dice el secesionismo-, que son presos políticos. Como en la Dictadura. Por eso, la fiel infantería “procesista” sale a la calle exigiendo “libertad” y “libertad os queremos en casa”. Por eso, la fiel infantería “procesista” se manifiesta “para reclamar la libertad de los presos políticos”. Y, claro está, el lloriqueo impostado y mentirosos del ya célebre “help Catalonia”. Así, en inglés, para que se entere el mundo que nos mira.

Todo ello escenificado a la manera de las procesiones rogativas medievales –no en balde “proceso” y “procesión” pertenecen a la misma familia latina: processus y processionis- con velas incluidas. Con esa cera molesta, pegajosa y peligrosa. Y difícil de limpiar. Cosa que pudo comprobarse en la Diagonal de Barcelona.

Jordi Sánchez y Jordi Cuixart no son presos políticos. En una democracia –España es una democracia- no hay, por definición, presos políticos.

Al respecto, el secesionismo catalán –marca de la casa- hace trampa al entender que el preso político es alguien encarcelado, sin más, por sus ideas y actividades políticas. No es eso. Hay que puntualizar. Hay que decirlo todo y no esconder nada.

El preso político, en un sistema democrático, está en la cárcel, no por sus ideas y actividades políticas, sino por haber cometido un delito tipificado que suponga o conlleve un desafío o amenaza para el sistema político legalmente establecido.

Por definición, en una democracia no hay presos políticos

Tal es el caso de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart: están en régimen de prisión preventiva por haber cometido, presuntamente, un delito de sedición.

Se da el caso que la Justicia entiende que Jordi Sánchez y Jordi Cuixart podrían estar afectados por el artículo 544 del Código Penal según el cual “son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”. Un artículo que hay leer con mucha atención para entenderé el alcance del mismo.

De la legalidad a la política, el encarcelamiento preventivo de los líderes de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural es –eso es lo que buscaban- el detonante del victimismo secesionista y la consiguiente movilización –a ser posible, permanente- de la fiel infantería “procesista”.

El victimismo o esa necesidad de inventarse un enemigo –no un adversario, sino un enemigo nacional- al cual se le atribuye el deseo de aniquilación u homogeneización. Objetivo: obtener legitimación política y social vía demonización absoluta de una supuesta y peligrosa amenaza exterior que, al ser denunciada, provoca la cohesión de la sociedad alrededor de quien la defiende del Mal. En el caso del nacionalismo catalán –inocente por definición-, el mal es la pérfida España.

Vuelve la astucia, vuelve la trampa del diálogo de quien no acepta la legalidad democrática

La movilización permanente –me remito a los comunicados de Òmnium Cultural vía la llamada Crida per la Democràcia- de quienes usan la prisión preventiva de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart para hablar de la “acción directa” y afirmar que llegó “la hora de hacernos escuchar de una manera activa”, la “hora de la fuerza de la gente” y las “acciones pacíficas para hacer sentir el poder del pueblo”. Y “por eso aumentaremos el nivel de movilización con el objetivo de obligar al Estado español a reaccionar frente al grito de libertad del pueblo catalán.

Un victimismo y una movilización permanente que encajan con el “si persiste la represión y la falta de diálogo, el Parlament podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de independencia que no votó el 10 de octubre”, que puede leerse en la carta que Carles Puigdemont dirige al “Apreciado Presidente Rajoy”.

En definitiva, vuelve la astucia, vuelve la trampa del diálogo de quien no acepta la legalidad democrática y solo pretende ganar tiempo antes de llegar al precipicio o a unas nuevas elecciones autonómicas.

Y, mientras tanto, grado omega de la irresponsabilidad, todos a la calle.

Y, mientras tanto, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart están preocupados, porque algunos reclusos de Soto del Real les gritan ¡Viva España! Vaya, vaya.

 

 

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