De Guindos, ¡usted no!

13 de julio de 2016 (01:00 CET)

Mariano Rajoy aseguraba en la campaña electoral que el PP se podía entender con el PSOE. Que existe un punto de encuentro, y que, después, puede haber diferencias en algunos porcentajes, como subir "un poco o bajar un poco" los impuestos, ofrecer recursos en un determinado capítulo social o en otro. Venía a decir que entre un partido de centro-derecha y uno de centro-izquierda existen posibilidades de entendimiento. Además, por parte de los dirigentes del PP, siempre se sostiene que la ideología que se postula no es muy fuerte, que no es, en realidad, un motivo para la discrepancia. Es decir, el PP quiere gobernar, es una máquina preparada para el gobierno, y no tiene muchas líneas rojas. En ningún campo, ni en el terreno económico ni en el social.

Por eso, Rajoy no ha tenido ningún problema en plantear una reforma fiscal, que compensara el incumplimiento de su programa electoral –no podía aplicarlo-- que se adelantó el pasado verano para recoger los frutos en las elecciones del 20 de diciembre. Una segunda fase de esa reforma se ejecutó en la primera parte de este año, para que los ciudadanos pudieran valorar, en su nómina del mes de enero, que el Gobierno del PP había cumplido su compromiso.

Pero ha llegado el mes de julio. El gobierno todavía no se ha constituido, y el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha anunciado una subida del impuesto de Sociedades para este mismo año por importe de 6.000 millones de euros. La sombra de la multa por parte de la Comisión Europea, por incumplimiento de los objetivos de déficit, ha provocado el cambio en el Ejecutivo de Mariano Rajoy, que tiene, además, un incentivo: esa subida de impuestos la debe acometer el próximo Gobierno, a través de un proyecto de ley. Con ello, lo que está reclamando Rajoy es que le dejen gobernar de una vez, y que Ciudadanos y PSOE sean conscientes de la gravedad del momento.

La imagen del ministro De Guindos, al margen de toda la gestión del PP, ha sido buena. Y se consideraba que De Guindos no iba a protagonizar otro golpe de timón. Se quería ir, una vez finalizó la legislatura, pero Rajoy quiere contar con él si logra la investidura. El hecho es que el titular de Economía, al que se le de forma periódica bromear y sonreir con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker –y eso siempre es bueno, porque denota empatía-- se ha visto forzado a protagonizar esa pirueta.

Aunque asegura que está convencido de que la Unión Europea no multará a España –al margen de todo, Bruselas cometería un error enorme, porque nunca multó a Alemania ni cuando se excedía en el déficit, ni ahora cuando se excede en el superávit por cuenta corriente, cosa también punible en el club de la zona euro-- De Guindos se ha adelantado. El PP rebajó los pagos fraccionados de las grandes empresas, y ahora rectifica y da marcha atrás. ¿Es creíble un gobierno así?

En descargo del Gobierno, es cierto que lo anunciado por De Guindos ya se había incorporado en el Programa de Estabilidad que presentó en Bruselas el 29 de abril. En ese momento, se mantenían las negociaciones para la fallida investidura de Mariano Rajoy. Lo que decía como posibilidad, se aplicará ahora: "Al tener la reforma del pago fraccionado un efecto puramente financiero, que se reparte entre los pagos en 2016 y la liquidación del impuesto en julio de 2017, el nuevo Gobierno podría activar cambios normativos que, sin incrementar la fiscalidad de las personas jurídicas, garantizasen un impacto limitado en la recaudación de este impuesto". Pues eso es.

Se trata de una medida contable, pero el problema es que si se mantiene, lo que se pensó para unos años concretos, supondrá, realmente, una subida de impuestos, que va en contra de todo lo que defiende el Gobierno del PP. De Guindos asegura, además, para evitar esa supuesta multa, que podría ser mínima o de una cuantía de 2.100 millones de euros, que tomará otras medidas para asegurar el 3% de déficit en 2017, como adelantar la orden de cierre contable de los ministerios en julio, en lugar de noviembre, para que el gasto no imprescindible no se pueda ejecutar; el ahorro en el pago de intereses de la deuda, de unos 1.500 millones de euros, y 1.000 millones más que llegarían por una lucha más eficaz contra el fraude fiscal.

Nada que objetar. O tal vez sí: ¿no se podía realizar todo ésto sin necesidad de la presión de Bruselas, sólo por una cuestión de responsabilidad, sin buscar la ganancia electoral, sabiendo que se debía hacer? De Guindos, ¡usted, no!
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