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El Constitucional da la razón al Pdecat para que tenga grupo en el Senado, en una muestra de que el soberanismo yerra cuando descalifica las instituciones

Manel Manchón

Carles Puigdemont y Marta Pascal, coordinadora general del Pdecat. EFE-AE

Barcelona, 23 de junio de 2017 (01:08 CET)

Sentencia repetida por el diputado republicano Gabriel Rufián: “la democracia es imparable”. Con ello se refiere al movimiento independentista en Cataluña, frente a un “Estado español” que no funciona, que tiene una “baja calidad democrática”, como lo ha definido el presidente Carles Puigdemont. Como también lo señaló el exdiputado Francesc Homs y como lo defiende en cada una de sus intervenciones públicas el expresidente Artur Mas.

Esas son también las expresiones que se utilizan en el seno del Diplocat, en las reuniones que se mantienen con diputados y representantes extranjeros. España, se asegura, es una democracia coja, con problemas muy graves en su sistema judicial, que no deja votar a los catalanes.

La intención del movimiento independentista en los últimos años ha sido la de desacreditar a España, para, en contraste, presentar el nacimiento de un país nuevo, Cataluña, que tendría características totalmente diferentes: un estado independentiente que sería realmente “un modelo de democracia”.

El soberanismo sigue anclado en la sentencia del TC del Estatut de 2010

Una de las instituciones que más palos ha recibido es el Tribunal Constitucional. Los expertos señalan que el más alto tribunal tuvo un primer problema de credibilidad cuando avaló la expropiación de Rumasa, bajo el primer gobierno de Felipe González, en 1986. Presiones políticas las ha tenido a lo largo de todos estos años. Y, con la sentencia del Estatut en 2010, tuvo problemas de legitimidad, con magistrados recusados, y con mandatos caducados. Pero no estamos ya en 2010.

Para el soberanismo nada ha cambiado. El Constitucional se deslegitima, no debe tener ningún papel. Lo manipula el PP, según ese criterio, y, por tanto, no se puede esperar ya nada de esa institución, como de ninguna otra que venga del “Estado español”. Uno de sus más feroces críticos es Artur Mas, que, sin embargo, no ha rechazado presentar un recurso ante el TC tras su inhabilitación. Asegura que agotará todas las instancias tras el fallo del TSJC por la causa del 9N.

Y es que resulta que el Tribunal Constitucional funciona. Que las instituciones de España, aunque presentan carencias, hacen su trabajo. Y los acusados por corrupción son juzgados y pagan sus penas. En el caso del Constitucional, además, ahora bajo la presidencia de Juan José González Rivas, y la vicepresidencia de Encarna Roca, toma todas sus decisiones por unanimidad, tras llegar a un procedimiento de deliberación que dota a la institución de una gran fuerza y legitimidad.

En España, pese a las dificultades, las instituciones siguen funcionando

Con tres ejemplos, recientes, el soberanismo se ha quedado con la cara muy larga, aunque sabe que debe aplaudir la última decisión. El Tribunal Constitucional, por unanimidad, acaba de dar la razón al Pdecat, la ex Convergència, sobre su derecho para tener grupo propio en el Senado, pese al rechazo que obtuvo por parte de la Mesa de la cámara alta. El Pdecat, después de decirle de todo menos guapo al Tribunal Constitucional, abrazó este jueves su decisión.

El Constitucional sentenció la pasada semana, también por unanimidad, contra la amnistía fiscal del Gobierno de Mariano Rajoy. Se trata de un contratiempo muy serio para el Gobierno del PP, aunque no tenga ahora efectos prácticos, y se defienda con la idea de que el TC lo único que dijo es que un real decreto no era el vehículo apropiado para una decisión de tal magnitud.

El TC se ha cargado la amnistía fiscal del Gobierno y le ha dado la razón al Pdecat en el Senado

Y también por unanimidad el Constitucional ha ido invalidando toda la hoja de ruta del independentismo, desde la sentencia de 2014 sobre la declaración soberanista de 2013, hasta la resolución sobre la votación en el Parlament de celebrar el referéndum de independencia en 2017, que abrió la puerta a que la Fiscalía abriera una causa penal contra la presidenta de la cámara catalana, Carme Forcadell.

La magistrada de derecho civil, Encarna Roca, que fue elegida miembro del TC a propuesta de CiU con el apoyo del PSOE, es una de las más activas y goza de un gran prestigio en todo el mundo judicial. Ella misma, tras la sentencia de 2014, que anuló la declaración aprobada en el Parlament, según la cual Cataluña se definía como un “sujeto jurídico y político soberano”, ofrecía una salida al soberanismo: “Este es un problema político, y son los políticos, de acuerdo con el principio de diálogo, los que deben acordar de qué manera se puede llevar adelante este proceso”, abriendo la posibilidad de una reforma constitucional.

Por todo ello, el Constitucional se ha ganado su legitimidad, con decisiones en distintas direcciones, y siempre por unanimidad.

No estamos en 2010. Pero el independentismo parece anclado en ese año. Y sigue demonizando al Constitucional, salvo cuando le da razón. Curioso.

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