Corrupción: ¿quién tiene razón, el Gobierno o el CIS?

07 de diciembre de 2014 (00:00 CET)

La corrupción. ¿Sólo unas pocas manzanas podridas en un cesto con un producto de excelente calidad? ¿O un cáncer que amenaza seriamente el tejido democrático español? Los grandes partidos españoles parecer estar convencidos de que estamos en el primer caso. La mayoría de españoles, de la teoría de la metástasis.

Rajoy cree firmemente en que la corrupción es algo excepcional, una pequeña mancha en el impoluto traje administrativista con el que ve a España. No hay que exagerar viene a decir. Se han hecho cosas y están funcionando, por eso hay los corruptos en la cárcel que hay. Y, en fin, masculla con cierta indolencia, para aquellos que lo ven todo negro ahí van unas cuantas medidas más, afirmó en su última intervención en el Congreso sobre esta cuestión. Un conjunto de propuestas difuso, timorato y tardío.

Desde luego la corrupción en España es algo excepcional, aunque quizás en un significado distinto a cómo lo ve el presidente del Gobierno. Sin ánimo de hacer un balance exhaustivo, tenemos a un vicepresidente de Economía y ex presidente del FMI, Rodrigo Rato, que podría entrar en la cárcel; a dos partidos, como PP y CiU, éste con su sede embargada, acusados formalmente de beneficiarse de la corrupción; la Junta de Andalucía y los sindicatos bajo los focos por un escándalo generalizado en temas de ERE'S y formación; miles de imputados y más de 800 ayuntamientos incursos en procedimientos judiciales…

La magnitud del drama parece, en cambio, percibida de una manera más nítida por la ciudadanía. Según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la corrupción es el primer problema que existe en nuestro país para el 64% de los encuestados. Sólo suscita una mayor preocupación el paro, algo lógico.

También resulta la corrupción un problema de considerables dimensiones para la magistratura española a juzgar por las conclusiones hechas públicas esta semana por los decanos de 45 juzgados españoles. Para estos jueces, "la democracia española se encuentra hoy en una situación muy delicada… hay un indiscutible contexto de desconfianza, de alarma sobre el funcionamiento de las instituciones…".

En fin, también participa de una opinión similar la prestigiosa ONG Transparencia Internacional, que en su Índice de Percepción de la Corrupción sitúa a España en la posición 37 de 175 países analizados. Según esta institución, España está por debajo de Polonia, Taiwán, Portugal, Chipre, Puerto Rico… Sólo hay un dato positivo en el examen de este ONG: califica a la corrupción española como no sistémica, vinculada exclusivamente a la complicidad de ciertas empresas con las administraciones públicas.

Si este gobierno entiende realmente la gravedad de esta situación, como algunos portavoces parecen afirmar puntualmente, ¿por qué España no ha avanzado, al contrario, ni una sola posición en este Índice en los tres últimos años, por ejemplo?

No. Ni el Gobierno, ni especialmente su presidente creen en serio que la corrupción sea uno de los peores problemas a los que se enfrenta este país.

Rajoy no concede la importancia a la corrupción que le dan el CIS, es decir, la ciudadanía, ONGs independientes e internacionales, magistrados, etc., etc. Ni Rajoy, ni Sánchez, ni Mas, ni Monago… lo ven con la preocupación que lo ven sus gobernados porque ellos, directa o indirectamente, son generadores de este problema muy ligado en España a la financiación de los partidos políticos y a la política clientelar que han impulsado.

Por eso han tardado años en aprobar una ley sobre financiación de partidos políticos, por citar un caso. Por eso mantienen un férreo control sobre el Tribunal de Cuentas, que es el órgano que les ha de auditar, en una pirueta circense digna de encomio, en vez de adjudicar esta función a expertos independientes.

Por eso soy profundamente escéptico sobre las últimas medidas anunciadas por Rajoy para combatir la corrupción, porque hay un problema anterior al de la perfección o imperfección de estas normas, la de la voluntad política de llevarlas a cabo para erradicar aquello que teóricamente se quiere combatir. Y esa voluntad política no la veo. Lo siento.

 

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