Mariano Rajoy en la celebración del 50 aniversario del aeropuerto de Alicante-Elche, el 2 de febrero. Foto: EFE

La kryptonita de Rajoy y el coste de ‘tribunalizar’ la política

La ilusión independentista se ha convertido en un puro enconamiento, sin consideración por el coste o por las consecuencias

Un buen amigo independentista, que alguno tengo, me aseguraba hace poco que la única manera de lograr el dichoso encaje de Cataluña “es que España ofrezca algo que ilusione”. ¡Ya estamos con las emociones!, dije para mis adentros. Pero luego pensé que su sentimiento no es muy diferente del mío cuando, desilusionado con la España actual, declaro que emigraría si hoy tuviera 30 años... como han tenido que hacer mis hijos.

Una ilusión, algo que motive. Al final, el independentismo parece haber reducido todo a “montarle un pollo de cojones a España”, como se congratulaba hace unas semanas Carles Puigdemont. Desde el miércoles, sin embargo, el bando contrario celebra que admitiera el “triunfo del Plan de la Moncloa y que no esté a puertas de la independencia sino a pasos de “un ridículo histórico”. Cataluña vs España o viceversa. La pasión también es un sentimiento. Y en eso se ha convertido el procés: en puro enconamiento, sin consideración al coste o las consecuencias.

La retórica esconde a menudo motivos banales: orgullo, obcecación, vanidad. Los mensajes que hemos leído en el teléfono del incauto Toni Comín son engañosos. Es improbable que el único plan del expresident sea liarla parda e igualmente dudoso que el Gobierno siga a un plan cuidadosamente trazado.

Puigdemont ambiciona aglutinar a todo el soberanismo en una suerte de remedo catalán del Scottish National Party con el que, llegado el caso, superar la barrera del 50% del electorado. Mientras, Mariano Rajoy echa mano de lo único que ha construido de forma metódica desde que llegó a La Moncloa: un fortín judicial.

Rajoy es el ejemplar más evolucionado del conservadurismo antropológico

Si el proyecto –la ilusión— independentista es lo que se refleja en el los documentos del arquitecto jurídico de la independencia, el ex magistrado Carles Viver Pi-Sunyer (un ejército de 22.000 efectivos para defender la independencia y un status como el turcochipriota para mantener la ciudadanía europea) está claro que Cataluña necesita lo mismo que resto de España: un proyecto que las saque a ambas de la mediocridad y la atrofia política y social.

El marasmo en que estamos atrapados viene de atrás y tiene múltiples culpables. Empezando por Jordi Pujol con su meticulosa construcción de un pequeño país. Y siguiendo por sus herederos, Maragall, Montilla y Más, que añadieron complejidad y nuevas capas de clientelismo. Puigdemont, en virtud de su lectura de la voluntad popular, quiere cambiar el modelo y, para ello, se erige en caudillo. No basta ser elegido; necesita que le sigan. A donde quiera que decida.

Pero hay un responsable que destaca sobre todos. Es el que en 2006 contribuyó a prender las llamas al recurrir el Estatut ante el Tribunal Constitucional. Y el que, ya en el Gobierno, no ha querido, primero, y no ha sabido, después, atajar el incendio antes de que nos devorase:  Mariano Rajoy Brey y el partido del que es presidente.

Rajoy es el ejemplar más evolucionado del conservadurismo antropológico. El concepto rebasa la ideología y se basa en “lo sensato”, “lo prudente” y en “el sentido común”. No es doctrinario: puede ser neoliberal un día y socialdemócrata el siguiente. Su razón de ser no es “hacer cosas” –eso que, según Rajoy, caracteriza a los catalanes– sino evitarlas: la “ruptura” de España, el “ridículo” de las instituciones. Su seña principal de identidad no es la acción; es la resistencia.

Ni las elecciones ni el 155 han frenado el independentismo

El marianismo sublima toda esa doctrina en un sistema político de andar por casa. Sus rasgos esenciales son el relativismo ético que, por ejemplo, resta importancia a la corrupción (“es cosa del pasado”) tras años de tolerarla; la incompetencia, derivada de primar el clientelismo interno en lugar de la capacidad, como evidencia el nombramiento, primero, y el mantenimiento, después, del nefasto ministro Zoido; y los valores de la derecha sociológica: ¿brecha salarial entre hombres y mujeres? “No nos metamos en eso”.

Rajoy lleva más de 30 años en Madrid. Ha sido cinco veces ministro, vicepresidente del Gobierno y dos veces presidente. Su inmunidad es asombrosa, como atestigua una abultada cuenta de cadáveres políticos, enemigos y ex amigos por igual. Ahora, sin embargo, sus poderes flaquean, como Superman en presencia de la kryptonita. La kryptonita de Rajoy es Cataluña y Puigdemont es su Lex Luthor.

El inmovilismo es consustancial al marianismo. Por eso, la primera reacción de Rajoy cuando Artur Mas transformó el nacionalismo en movimiento de liberación nacional fue no hacer nada y fiar la solución al aburrimiento y a la mejora de la economía. Solo la aparición desde una galaxia desconocida de Puigdemont –junto con la CUP, la radicalización de ERC, el ascenso de Ciudadanos y la pérdida de la mayoría absoluta, por mencionar algunos otros contratiempos— le alertaron de que ese nuevo compuesto podía acabar con él.

¿”El Plan de La Moncloa”? El patrón más consistente del PP desde que recuperó el poder hace seis años ha sido tribunalizar los problemas de difícil gestión política. Primero, asegurando la judicialización mediante el nombramiento de jueces, magistrados y fiscales afines. Fue el caso del desaparecido José Manuel Maza y, en los últimos días, de los nuevos magistrados del Supremo, dos de los cuales han sido alto cargos del PP. Y luego, modificando las atribuciones del Tribunal Constitucional dándole capacidad para ejecutar de inmediato sus resoluciones.   

Pero algo no ha funcionado. Ni la calma –relativa— del 155 ni las elecciones de diciembre han frenado el independentismo que, en todo caso, se autodestruirá en su propia lucha fratricida y cuando se desvele que tras “el pollo” no hay nada. Por ello, Rajoy y la vicepresidenta Sáenz de Santamaría han redoblado su presión sobre las soldaduras del estado de derecho para intentar que el Tribunal Constitucional actúe en modo “pre-crimen” (Minority Report, Steven Spielberg, 2002) contra futuros actos sediciosos.

El problema de Cataluña es el de España en más maneras que el riesgo de que se rompa

Que el Consejo de Estado y el propio Constitucional, órganos poco sospechosos de tibieza ante los atentados contra el orden legal, hayan limitado las pretensiones del Gobierno es indicativo de hasta dónde le permite llegar el relativismo ético a Mariano Rajoy y al PP cuando queda poco mas de un año para las próximas elecciones.

El descalabro popular el 21-D y el descubrimiento de que Ciudadanos tiene pinta de ser otro soufflé de esos que no bajan han llevado una inquietud olvidada a la calle Génova. Rajoy ha comprendido que Cataluña tiene que dejar de ser un pasivo electoral acuciante y una sangría de votos por la que se arriesga a ceder a Albert Rivera el papel de garante de la unidad de España.

Mi amigo José María Irujo informaba el pasado miércoles en el El País que el Tribunal Supremo prevé inhabilitar preventivamente a los encausados catalanes por rebelión. La hipótesis la confirmó posteriormente el propio ministro de justicia Rafael Catalá. Así, de un plumazo, Puigdemont, Junqueras y todos los encausados por el juez Pablo Llarena se convertirían en inelegibles para ocupar un cargo público.

Sería una respuesta típicamente mariana al problema: que los tribunales, en este caso el Supremo, adopten las decisiones y dejar pasar el tiempo. Si el asunto se deteriora hasta ser intratable, mala suerte. Rajoy, como con la corrupción, siempre podrá decir que “es cosa del pasado”.

El problema de Cataluña es el de España en muchas más maneras que el riesgo de que se rompa. Una es torcer los límites de la separación de poderes más allá de sus márgenes de tolerancia. Otra, no abordar lo que verdaderamente determinará el futuro: la educación, por encima de todo; la ciencia, tecnología e innovación, clave de la competitividad; un sistema de salud sostenible y eficaz; las pensiones; la reducción de la desigualdad y de la discriminación; el medioambiente…

Asuntos, todos, que no tienen bandera y con los que se puede construir un proyecto. Pero, difícilmente, en un país tribunalizado.

Este artículo no refleja necesariamente la opinión del consejo editorial o de Economía Digital y sus accionistas.

Carlos Lareau

Analista, Economía Digital

Carlos Lareau está especializado en comunicación corporativa y relaciones institucionales. Es socio director general de Conduit Market Engineers. Dedicó 12 años al periodismo de trinchera en El Diario Vasco, El Correo Español, PRISA y EFE.

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