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Los gobiernos centrales se aprovecharon de los votos de los nacionalistas, sin pensar que ellos cometerían alta traición al querer romper el estado

Manel Manchón

Puigdemont desafía a la fiscalía con su propia junta policial. El presidente de la Generalitat , Carles Puigdemont, su vicepresidente, Oriol Junqueras, y el conseller de Presidencia, Jordi Turull, durante la reunión semanal del gobierno catalán, este mart

Barcelona, 28 de septiembre de 2017 (00:15 CET)

El Govern de la Generalitat, con su presidente a la cabeza, Carles Puigdemont, ha consumado lo que, efecticamente, iba anunciando en los últimos meses. Tras la aprobación de dos leyes en el Parlament, los días 6 y 7 de septiembre de 2017, la ley del referéndum de autodeterminación y la ley de transitoriedad, los dos grupos que dan apoyo a Puigdemont, Junts pel Sí y la CUP, culminaron un objetivo: ligarse a una legalidad distinta de la española, a sabiendas de que no hay una doble legalidad, sino que lo que aprueba el Parlament se debe al Estatut y a la Constitución española.

El bloque soberanista asume que pudo “tensionar” el reglamento del Parlament, pero olvida que ese es el mal menor. Lo que ocurrió es que se aprobaron leyes para las que el Parlament no tiene competencias, después de recibir advertencias claras de ello.

La sentencia del TC de 2010 es importante, pero lo fundamental es el relato anterior del nacionalismo

Con otras palabras, el Govern ha iniciado y culminará este domingo, un proceso de insurgencia en contra del Estatut y de la Constitución.

El independentismo considera que ese Estatut ya lo rompió el Tribunal Constitucional con su sentencia de 2010. Es cierto que se trató de un inmenso error, porque truncó el pacto constitucional, basado en el principio de que Cataluña refrenda, tras un acuerdo con la soberanía nacional, representada en el Congreso, los cambios que considere en su Estatut. Fueron los catalanes los que votaron ese referéndum sobre el Estatut, y no debía tocarse ni una coma. Pero el Constitucional lo hizo, y, aunque fue un error, fue un acto legal.

La responsabilidad hay que buscarla en los dos grandes partidos de ámbito estatal, el PP y el PSOE, porque nadie reparó en que el recurso previo de constitucionalidad se había modificado en los años ochenta. Se cometió un error en 2010, pero no fue una ilegalidad.

Eso fue importante, pero no es lo fundamental. Lo que ocurre ahora en Cataluña se puede tildar de un acto de alta traición. Así lo entienden los dirigentes del PP y del PSOE, los más veteranos, pero se trata de un relato que se ha ido escribiendo a lo largo de las últimas dos décadas.

El presidente de la Generalitat es el representante ordinario del Estado en Cataluña, pero el relato nacionalista catalán lo ha vestido como el presidente de un país distinto. Las competencias autonómicas asumidas permitieron a la Generalitat disponer de una policía autonómica, de carácter integral, que sustituía a la policía nacional, presente en el resto del país (España). También dispuso de ella el País Vasco. Y nadie más. La Generalitat, por expreso deseo de Jordi Pujol, asumió también la política penitenciaria, cosa que no tiene Euskadi.

El PP y el PSOE se aprovecharon de los votos de CiU, pero confiaron en que los nacionalistas no romperian el estado

La educación también se transfirió. No podía ser de otra manera. Se implantó la normalización lingüística, con un acuerdo amplio en el Parlament, con una segunda ley, de política lingüística, en 1998 que causó un gran debate, con un acuerdo del catalanismo representado entonces por CiU, el PSC, e ICV, y con los votos en contra del PP y de ERC.

Los gobiernos centrales dejaron esa materia en manos de la Generalitat. Ofrecieron confianza a un gobierno que, en manos de CiU, ofrecía apoyos en el Congreso a los dos partidos de ámbito estatal cuando tenían problemas de gobernabilidad. Se trataba de un virreinato, siguiendo el título del libro El virrey, sobre Jordi Pujol, firmado por José Antich, ahora director de El nacional.

No era la mejor opción para mantener la coherencia interna de un estado, pero se consideró necesario, y, en todo caso, un mal menor. Se confiaba en los gobiernos nacionalistas. Se había creado, o se pedía, en todo caso, un clima de lealtad mutua.

El nacionalismo ha entendido que esa lealtad la quebró el gobierno central, fuera del PSOE o del PP. Pero quien ha cometido el acto de traición, el de que buscar la secesión cuando se goza de todos los instrumentos de una administración con poder, recursos, funcionarios, medios de comunicación controlados, intelectuales afines y bien pagados, ha sido el gobierno de la Generalitat.

El nacionalismo entiende que la lealtad la rompieron los gobiernos centrales, pero la traición la comete la Generalitat

¿Un penúltimo dato? El nacionalismo catalán acelera hacia la secesión cuando España sufre la peor crisis económica de las últimas décadas, en 2012, en una situación agónica para financiarse en el exterior.

Y el último. Cuando el nacionalismo, con buen criterio y con buena intención, reclamaba que todos los catalanes supieran y utilizaran el catalán, como un instrumento comunitario de integración, se iba distanciado, a su vez, del castellano como lengua habitual de comunicación. Y la paradoja es que cuando los catalanes con orígenes en otras zonas de España han hecho suya la lengua catalana, se encuentran con consejeros de la Generalitat con verdaderos problemas para hablar con fluidez el castellano.

Un caso de alta traición, que, pase lo que pase el 1 de octubre, supone un enorme problema que exigirá dosis ingentes de diálogo, paciencia y buena voluntad.

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