Turismo y fiscalidad

03 de julio de 2016 (10:00 CET)

Empieza el verano con perspectivas de nuevos récords turísticos. Y esta misma semana son noticia el nuevo acuerdo de amplio consenso sobre el espacio recreativo y de ocio de Vilaseca-Salou y el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Barcelona para clausurar en el transcurso de un año los pisos turísticos ilegales.

En ambos casos, sea el regulador la Generalitat o el Ayuntamiento, han tenido que asumir que no todo vale si queremos crecer sin matar a las gallinas de los huevos de oro. La creación de puestos de trabajo y su calidad, el impacto sobre el territorio, la convivencia con los ciudadanos autóctonos y la fiscalidad son algunos de los elementos que entran en juego cuando se valoran los efectos del turismo.

Es el caso del antiguo proyecto de Barcelona World que empezó siendo un sin sentido, contra programando al lado de Barcelona que tiene una marca internacional por su propia historia y patrimonio, una megalópolis de turismo sin identidad. Después de su desplazamiento hacia el lado de Port Aventura como mínimo se ganaba una cierta coherencia en la especialización territorial.

Junto al gran parque temático y de ocio se añadía un complemento. Finalmente ha sido este, pero sin tantos casinos ni tanta densidad de construcción que traería a demasiados turistas con precios más reventados y mano de obra menos cualificada. Ahora con menos plazas y más calidad del entorno se podrá rentabilizar por la parte alta las plazas creadas. Espero, no obstante, que en las cláusulas del concurso figure la prioridad de ocupación a los parados del Camp de Tarragona y del resto de Cataluña.

Si vamos a Barcelona, la sanción a los pisos ilegales es de cajón. Porque sólo faltaría que las externalidades negativas que generan estos pisos entre muchos vecinos encima no contribuyeran a la fiscalidad común. Ahora bien, considero que esto es un parche. Hace falta una regulación valiente de los apartamentos y pisos turísticos. Tendrían que considerarse como tales sólo todos aquellos que están situados en el mismo edificio y que comparten algún servicio común como el de vigilancia. En paralelo a esta restricción se tendría que legalizar de una vez los bed and breakfast existentes en toda Europa y que sólo tienen ventajas en relación a los apartamentos situados aleatoriamente.

Primero que al convivir con el arrendatario o amo de la casa el vandalismo habitual de los apartamentos se acaba. Segundo, una Barcelona con sensibilidad social tendría que facilitar que jubilados, viudas o matrimonios con escasos ingresos puedan habilitar alguna habitación, siempre con un mínimo de condiciones exigibles por normativa que significaría un complemento a sus ingresos insuficientes.

Tercero, la experiencia de inmersión del turista en una casa particular no tiene precio y forma parte de las nuevas tendencias del turismo experiencial que busca contactos humanos y vivencias irrepetibles. Todo a la inversa de las pandillas de hooligans emborrachándose sin control en un apartamento turístico situado en una escalera de vecinos donde el propietario, rendista, ha dado las llaves y se ha desentendido. Finalmente, otro toque sobre la tasa turística que fue un acierto en su creación. Continúan llegando sugerencias de que la parte destinada a los municipios no tendría que ir destinada a promoción, cuando hay tanto desgaste de infraestructuras provocadas por el turismo o aumento del coste de servicios; o incluso, la necesidad de invertir en una mejora del producto.

La pregunta es: ¿hace falta más promoción para hacer venir a más gente sin poder dar sin déficit los servicios adecuados? Y otro aviso. Alguien sugiere que se produce fraude en la declaración de la tasa. Es decir que se declara (no todo el mundo, siempre es así) un número de alojados por debajo del real. Trabajo para la emergente Agencia Tributaria catalana de Junqueras.
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