Suicidios en la empresa

11 de julio de 2016 (01:00 CET)

En la empresa France Telecom (hoy Orange) entre 2007 y 2010 se suicidaron 60 empleados. La Fiscalía de París ha instado a que se procese a siete ex-directivos, entre ellos al Presidente, por presunto acoso moral.

La Fiscalía cree que la empresa implantó un sistema para desestabilizar a los empleados. La obsesión por los resultados económicos llevó a los responsables de la empresa a una reestructuración, que conllevó el despido de 22.000 empleados. (El País, 8 de julio).

En 2003 France Telecom se fusionó con su competidor Orange, con lo que tuvo que emprender un proceso -se ha visto que muy duro- de reducción de personal, bajar costos, y -elemento nuevo- "erradicar el espíritu de empresa pública".

El juez decidirá, pero con la información de que se dispone, algunas reflexiones son necesarias.

La primera, a pesar de que todos o casi todos los días asistimos a reconversiones empresariales, más o menos salvajes, no se conocen casos de un número tan alto de suicidios por la desestabilización sufrida por los empleados.

Los sindicatos, por su lado, si bien es cierto que en 2009 presentaron una denuncia contra la dirección de la empresa, no se les ocurrió, por este motivo, llevar a cabo una huelga contra el empresario. Este si parecería un motivo suficiente. Es por otra parte lamentable que un hecho que ha afectado a la vida de muchas personas, el "sistema" (tan estructurado) ha sido incapaz de emitir ninguna providencia seria hasta pasar siete años.

La segunda reflexión tiene que ver en la consideración de France Telecom-Orange de "empresa pública", es decir propiedad o controlada por el Estado Francés.

Es sabido que este tipo de compañías acostumbran a tener unos sindicatos fuertes, que someten a los ciudadanos franceses (y también a los europeos) a frecuentes huelgas para, parece, mantener sus derechos históricos, como se decía antes. Este tipo de actitudes casa mal con la competencia global ya que van desapareciendo las rentas de situación de los anteriores monopolios y tienen que habituarse a las reglas del juego capitalista, que se dan de bruces con el mantenimiento de, digamos, regímenes protegidos.

Sin embargo, el caso de France Telecom, como empresa pública, no debe llevarnos a creer que el conflicto se debe al régimen de propiedad, sino a una gestión fuera de lo razonable, al menos a la vista de sus consecuencias.

Y esta es la otra reflexión; cómo ha sido posible que los órganos reguladores, la autoridad laboral, el Ministerio correspondiente, las organizaciones empresariales, incluso al policía, que pudiera haber investigado un número tan alto de suicidios (una empleada se tiró por la ventana del centro de trabajo) asistieron a esta reconversión sin tomar ninguna posición relevante y efectiva.

Porque si es así, debería llevar a pensar a mucha gente que un sistema como el que tenemos no es el que la gente desea.

Que es seguro que es necesario adelgazar las estructuras empresariales, producto de otro tiempo, pero que el proceso debe hacerse garantizando que los derechos laborales y civiles tienen que respetarse.

Porque no puedo imaginarme a ningún ciudadano (del mundo) que le parezca normal o inexorable lo sucedido en France Telecom.

Si el sistema capitalista quiere subsistir - y debería - no tendría que amparar los hechos descritos. Sería necesario que se dotará de mecanismos que eviten estas situaciones, porque la lectura que hacen los ciudadanos no es precisamente favorable.

Y si el sistema no mantiene una cierta cohesión social, en todas las circunstancias, incluso en las crisis, no podrá mantenerse.

Francia se halla en un profundo proceso de agitación y transformación social, siendo uno de los países más ricos y en el que mejor se respetan los derechos. Pero sucesos con el descrito de France Telecom/Orange nos indican que no todo es válido y más cuando afecta a la vida de los trabajadores.

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