30 de abril de 2016 (20:28 CET)

Todo se precipita. Las conversaciones de Rajoy y Puigdemont, y de Saenz de Santamaría con Junqueras se produjeron desde la máxima cordialidad. Creo que a ambas partes les interesaba la foto. A pesar de la intoxicación prebélica de la prensa españolista -que un general serbio tildaba de mucho más agresiva que la propia poco antes del conflicto yugoslavo-, las sociedades española y catalana no son partidarias de la crispación. Cuando menos, sus centros sociológicos que son quienes dan la mayoría, allá al PP, y aquí a Junts pel Sí. Por lo tanto, lucir firmeza ideológica y estratégica tiene que ser compatible desde la cordialidad, que evite la imagen de riesgo de conflicto descontrolado.

Dicho esto, la firmeza de los dos bandos está más en pie que nunca. El Gobierno catalán y su mayoría parlamentaria han acelerado su tarea legislativa con políticas sociales, educativas, energéticas, medioambientales situadas claramente en el centro-izquierda, que es el mainstream de la sociedad catalana. Y el gobierno de Madrid continúa implacablemente aplicando todos los mecanismos del Estado: ministerios, Hacienda, TC contra todas las leyes progresistas de Cataluña, situándose en el mainstream derechista y conservador de la Gran Castilla.

En una semana, cuatro recursos al TC. Y nuevas amenazas de Montoro a las CC.AA., a pesar de la desautorización de sus políticas de déficit asimétrico por parte de organismos propios del Estado y de Europa. Y con el riesgo, de buena fuente, de que Europa aplique una sanción a España por el incumplimiento de los objetivos del déficit, lo que tiene aterrorizadas a las altas esferas del Estado.

En este contexto, me siento especialmente satisfecho, de haber presentado este viernes el estudio de los expertos Sergio Ugarte y Monique Voogt, encargado por la Fundación Irla: "Un nuevo mercado energético para un nuevo país". ¿Qué dice en síntesis el estudio? Que Cataluña es demasiado dependiente de la energía fósil y nuclear. Que tenemos poca conexión energética con Europa. Que somos una isla energética más del archipiélago ibérico, alejado del continente. Que Girona es el peor territorio energético: ni está conectada, ni produce.

Que la media de precios es similar a la europea, pero mal repartida. Los precios en Cataluña y España castigan a los usuarios domésticos, a las pymes y a las industrias grandes consumidoras de gas. Que los precios de estos sectores han crecido últimamente entre un 40% y un 100%. Y que la Generalitat no tiene ninguna competencia para poder definir un modelo propio de energía eficiente y justo. Ergo, una vez más, un desastre sectorial nos aboca a la necesidad de un Estado propio.

Porque en el Estado impropio al qué estamos alienados sólo cinco grupos empresariales (oligopolio) conectados al BOE controlan el mercado energético. Y actúan como lobbies disfrazados, como denunciaba la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. Porque el déficit tarifario es brutal y fruto de una mala gestión energética (deuda de 30.000 €). Porque vivimos en España una auténtica regresión legislativa contraria a las directrices europeas, el último episodio de la cual es el impuesto al sol.

¿Qué proponen los expertos Ugarte y Voogt, para la transición energética catalana? Antes que nada, actuar bajo los principios de la Unión Europea, a diferencia de España: 1. Libre circulación de la energía por Europa. 2. Participación de los ciudadanos en el control de las políticas energéticas como bien común. 3. Fomento de la autoproducción. 4. Innovación y competitividad antioligopólica en el sector.

Bajo estos principios europeos, los catalanes tienen que definir: 1. Seguridad en el suministro, con combinación de capacidad de producción propia y suministro internacional, que tiene que ser suficiente y fiable para todas las necesidades del país, incluidos casos de emergencia. 2. Accesibilidad y competitividad. Los precios de la energía tienen que ser competitivos y no tienen que afectar a la industria catalana. El acceso a una energía asequible tiene que estar garantizado a todo el mundo, especialmente a los sectores más vulnerables. 3. Sostenibilidad, avanzando hacia un sector energético descarbonizado y sostenible. 4. Libertad de elección de los consumidores, que tienen que poder elegir el proveedor incluida la opción de la autoproducción, que tiene que ser fomentada. 5. Prevención de los abusos oligopólicos, garantizando una verdadera igualdad de condiciones a cualquier operador.

Estos principios marcan el camino a los ocho objetivos energéticos para una república catalana: 1. Aumentar las interconexiones internacionales del gas y electricidad. 2 Diversificación de los suministros externos de gas y petróleo; y desarrollo de capacidad de almacenamiento adicional. 3. Descarbonización y reducción de la intensidad energética de la economía. 4. Autoproducción de energía (renovable) e integración de sistemas descentralizados al mercado. 5. Marco normativo moderno y flexible para el sector eléctrico. 6. Reducción cuidadosa y consciente del número de centrales nucleares. 7. Protección de los consumidores vulnerables. 8. Implementación de una rigurosa legislación antioligopolio.

No me dirán que este no es un programa avanzado, homologable a los nórdicos. Y que en España no verán nunca si tienen que esperar que gane Podemos. Un programa solvente, redactado por expertos, uno catalán de origen peruano, la otra holandesa, que han asesorado a varios gobiernos del mundo. 

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