El coste de las decisiones: del Brexit a Cataluña

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Sea el Brexit o Cataluña, cuando no hay mayoría social, con un 4% hacia un lado o hacia otro de diferencia, no se debe correr, aunque sea una promesa electoral

María Blanco

La primera ministra británica, Theresa May, ejemplifica el coste de las decisiones, del Brexit a Cataluña. EFE/Facundo Arrizabalaga
La primera ministra británica, Theresa May, ejemplifica el coste de las decisiones, del Brexit a Cataluña. EFE/Facundo Arrizabalaga

Madrid, 03 de noviembre de 2017 (21:38 CET)

Por una diferencia de 3,8 puntos solamente, se decidía hace algo más de un año, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El 30% de ciudadanos británicos que se abstuvieron y ese casi 4% deben estar meditando seriamente si su decisión, la de no participar o la de haber votado a favor de la salida, mereció la pena. Porque desde el día siguiente, el cálculo de los costes económicos de tal situación empezó a engrosar y los beneficios potenciales de la separación comenzaron a diferirse en el tiempo, a difuminarse, ante los ojos de la ciudadanía.

El malestar ante su propia decisión fue una de las principales causas del resultado tan mediocre de Theresa May en las elecciones que ella había anticipado convencida de su tirón entre la ciudadanía. Pero los británicos estaban ya en el valle de las lamentaciones, entonando el “así no” o “no era esto”.

Y allí siguen cuando comprueban mes a mes que la Unión Europea no pasa por el aro, y que los costes en libras van a ser grandes a corto plazo. Es posible, y reconozco que confío en ello, que, a medio o largo plazo, la economía británica se estabilice y vuelva a resurgir. Pero también es posible que no sea así. El tablero del poder económico mundial no es el mismo. Y frente a la petición de “unos dos años” de transición a partir de marzo del 2019 solicitado por May, la Unión Europea ofrece no más de veinte meses, afilando plazos y mostrando su actitud de no hacer concesiones.

Los británicos comprueban mes a mes que la Unión Europea no quiere pasar por el aro

Casi cada semana aparecen nuevos datos de las pérdidas previstas en diferentes sectores. Esto es así porque el gobierno conservador ha mantenido ocultos a los ojos del público una carpeta de documentos con los 58 estudios de impacto oficiales encargados hace un año, donde aparecen las pérdidas que el gobierno ha calculado.

Esta semana se ha sabido que, si no hubiera acuerdo comercial, el impacto laboral podría llegar a ser de hasta 75.000 pérdidas de empleos en banca y seguros, tal y como ha declarado Sam Woods, el principal regulador bancario de Gran Bretaña. En el mejor de los escenarios esa cifra bajaría a 35.000 empleos, cifra que podría aumentar por el impacto en cadena en el sector de servicios financieros solamente.

El paquete de informes que el Parlamento británico ha demandado al gobierno conservador abarca mucho más, por ejemplo, información sensible que servirá en la próxima ronda de negociaciones con la UE, en la que se establecerá la cantidad de euros que Gran Bretaña habrá de pagar para mantener el acceso al mercado europeo. Por esa razón, es poco probable que salga a la luz ese informe. Algunas auditorías privadas como KPMG y Oliver Wyman han hecho sus propias previsiones acerca de los sectores más sensibles al cambio: el sector alimenticio y el automovilístico.

Desde el 23 de junio del 2016, cuando se efectuó el referendum, o mejor aún, desde el 27 de marzo del 2017 cuando entró en vigor el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, el horizonte se ha ido oscureciendo para los “brexiteers”, y para aquellos que pensábamos que no sería tan malo.

En el caso catalán, sólo con lo que ha pasado ahora, la pérdida para 2018 será del 0,7% del PIB

Una de las lecciones que los españoles deberíamos extraer del ejemplo británico es que, cuando no hay una mayoría social, por más que la balanza se decante por un 4% hacia un lado o hacia otro, no se puede correr, incluso si se trata de cumplir una promesa electoral.

Es necesario calcular los costes de las acciones que se van a emprender, no ya jurídicas, como en el caso del referendum ilegal de Cataluña, sino también económicos, el impacto que puede tener el portazo frente al camino más lento, pero menos dañino, de una solución pacífica, con una mayoría cualificada, y ciertas garantías para los que no salgan victoriosos en la votación.

Ya se han publicado algunos datos acerca de la actual crisis independentista: un coste del 0,7% del PIB catalán, es decir, unos seis mil millones de euros, en el año 2018; menos empresas; más desempleo… Y esto no ha hecho más que empezar.

Me pregunto si hay estudios de impacto de la potencial salida catalana de la Unión Europea, previsiones de posibles escenarios del acuerdo de salida de España. Viendo la precipitación de las actuaciones del ex-presidente Puigdemont y los ex-consejeros, es bastante dudoso. Y el mal de fondo es que esa es la prueba de que han puesto a sus ideas por delante de su pueblo. La marca del visionario.

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