¿Quién teme a los grupos de interés en España?

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Joaquim Molins analiza, junto con otros expertos, la interacción entre entidades y organismos con la administración con la idea de que a todos les beneficia la ''falta de transparencia''

Manel Manchón

De izquierda a derecha, Ignacio Fernández Toxo (izquierda), Antonio Garamendi (Cepyme), Cándido Méndez (UGT), Mariano Rajoy, Juan Rosell (CEOE) y la ministra Fátima Báñez en una imagen de archivo
De izquierda a derecha, Ignacio Fernández Toxo (izquierda), Antonio Garamendi (Cepyme), Cándido Méndez (UGT), Mariano Rajoy, Juan Rosell (CEOE) y la ministra Fátima Báñez en una imagen de archivo

Barcelona, 02/08/2016 - 11:23h

Nada. Casi nada. Los grupos de interés en España siguen sin regularse, a pesar de algunos tímidos intentos. La corrupción se ha intensificado en los últimos años, y ello ha dado pie a la exigencia por parte de la ciudadanía de una mayor transparencia, pero los principales partidos políticos, que se hayan ahora negociando para constituir un gobierno, no han querido o no han podido regular los lobbies o grupos de interés. "Se mantienen las relaciones privilegiadas" con las administraciones, asegura Joaquim Molins, catedrático Emérito de Ciencia Política de la UAB, coordinador del mayúsculo estudio Los grupos de interés en España, la influencia de los lobbies en la política española (Tecnos, 2016).

Molins, junto a Luz Muñoz e Iván Medina, dirige un estudio en el que se repasan las organizaciones empresariales, las sindicales, la influencia de la Unión Europea; la relación de los grupos de interés con el mundo local; y determinados sectores como la farmaindustria; el sector asegurador; el sector eléctrico; las oenegés; o las instituciones religiosas. Un compendio que arroja luz sobre unas relaciones que en otros países, como en Estados Unidos, se identifican en un registro público para conocer todas sus acciones, y las ayudas económicas que realizan.  


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Joaquim Molins parte del estudio de Juan Linz, en un trabajo inicial de 1988. A pesar del avance de la sociedad española, y de la dinámica del sistema político democrático en España, Molins argumenta que buena parte de aquellas conclusiones de Linz se mantienen y que el sistema de representación de intereses en el inicio de la transición política era ''relativamente débil, pluralista, muy fragmentado y politizado''. Esas características "limitaron la aparición de un sistema de grupos de interés capaz de asumir el papel que se espera de ellos en un sistema político democrático estable".


Grupos de ''fácil captura''

Por tanto, según Molins, las reglas, al pasar del tardofranquismo a la democracia, no cambiaron en exceso. "Las Administraciones Públicas prefieren relaciones privilegiadas con ciertos grupos, a los que otorgan una serie de privilegios, y algunas organizaciones, que se reclaman privadas e independientes, demandan ayuda de la Administración para conseguir afiliados o mantenerse económicamente", algo que afecta directamente a los sindicatos, CCOO y UGT, y a las organizaciones empresariales, como la CEOE.

Lo que reclama Molins es que se necesitan "grupos de interés más transparentes y que el proceso político en su conjunto también lo sea".

Uno de los problemas, por la falta de entidad de esos grupos, es que son "de fácil captura", según Molins. Y se explica: "Aunque los grupos se reclaman siempre como independientes y no partidistas, su apenas perceptible autonomía financiera y funcional los hacen ''de fácil captura'' por parte de los partidos que gobiernan las diversas Administraciones Públicas; mediante su reconocimiento institucional e invitación a participar en los diversos organismos de consulta existente, con cierta facilidad, en términos comparados, acaban actuando en bastantes ocasiones al dictado de aquellos".


El fracaso de la experiencia catalana

Lo curioso, en el análisis de la transformación de España del estado franquista al sistema democrático, es que se ha animado a que los grupos de presión cobraran protagonismo, para dar solidez al modelo, pero con toda una suerte de trabas para que dependieran de los actores políticos e institucionales.

Sólo en 1992 se intentó crear un registro público de grupos de interés. Lo hizo el CDS, pero la legislatura decayó y ya no se recuperó la iniciativa parlamentaria. Sólo en Cataluña se ha tratado de recoger una medida similar aunque sin mucho éxito.

Molins señala que el registro es necesario, pero no garantiza el buen funcionamiento del sistema, ni que éste sea más transparente. Depende de muchos otros factores, y considera que uno de ellos es la "resistencia cultural e institucional".

Pero el mundo académico ha logrado, con este libro, un buen punto de partida. Porque sin saber lo que ha ocurrido y cómo funcionan los lobbies, poco se puede edificar después.